Parece que A estos muchachos no hay ninguna que les quepa: ni un fallo de la Corte, ni una ley del Congreso, ni el derecho de la presidenta de la república de proponer un proyecto de ley, y el de todos los partidos políticos elegidos por el voto popular, de discutirlo y aprobarlo o no.
Si no les preguntan a ellos cuando, cómo y dónde se discuten o se aprueban las cosas, no se puede.
El fallo de la Corte ni siquiera despenaliza el aborto: no hace más que decir que los jueces y los organismos del Estado tienen que cumplir con lo que está establecido en el Código Penal desde 1921.
El anteproyecto de Código Civil y Comercial debe ser analizado por el Ejecutivo, enviado al Congreso y discutido allí; para que se convierta en ley, para todos los argentinos: católicos, ateos, protestantes, agnósticos, o sin idea alguna sobre religión.
Pero a ellos parece que les molesta el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el Estado de derecho: siguen con esa idea medieval de que hay que consultarlos para todo, como cuando tenían el poder de consagrar a los reyes o emperadores.
Parece que no se enteraron que -por decir algo- desde 1994 ya ni siquiera se exige ser católico para poder ser presidente.
Eso sí: desde la dictadura de Onganía (en 1966) que, concordato mediante, se ocuparon de que el Estado no se meta con ellos a la hora de designar los obispos, hacer circular documentos del Vaticano, organizar iglesias, parroquias; etc.
Pero sí que les siguiera pagando los sueldos de los obispos (algo que elevaron a rango de ley con la dictadura de Videla) con el argumento del "sostenimiento del culto" (que está en la Constitución tanto como estaba el patronato, que soslayaron con el concordato); y ni locos se negarían a recibir los cuantiosos subsidios del Estado a sus colegios privados.
Y eso que el Anteproyecto de Código Civil y Comercial mantiene la rémora de considerar a la Iglesia Católica como una persona jurídica de derecho pública (no al Vaticano, que es un Estado extranjero).
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