300

Leemos en El Ciudadano los magros resultados del llamamiento del gobierno nacional a renunciar voluntariamente a los subsidios a las tarifas de los servicios públicos; en Santa Fe son apenas 300 los que renunciaron, sumando los que corresponden a las tarifas de electricidad y de gas.

La política de subsidios a las tarifas de los servicios públicos fue una herramienta clave instrumentada desde el 2003 para salir de la crisis, y alentar el consumo como uno de los motores de la reactivación económica, pero eso no deja de lado que encerraba (y encierra) deficiencias y asimetrías que terminan consagrando injusticias, porque se sostienen con recursos públicos el consumo de sectores sociales que tienen capacidad de solventarlo por sí mismos.

Esto fue advertido por el gobierno cuando comenzó a hablar de "sintonía fina" (y aun hubo intentos en el primer mandato de Cristina, como el cargo específico para financiar importaciones y obras de gas creado por el Decreto 2067/08), y los medios del dispositivo mediático opositor (desde los que hasta el día anterior se denunciaba la distorsión del sistema de subsidios) alertaban sobre la traición del kirchnerismo a sus banderas, y el lanzamiento de un "salvaje ajuste griego", o cosa por el estilo.

En ese contexto el gobierno lanzó la campaña para renunciar voluntariamente a los subsidios, que fue conceptualmente un error y numéricamente un fracaso, como lo demuestran las cifras que expone la nota de "El Ciudadano": en todo el país, fueron 30.923 personas las que renunciaron a los subsidios en servicios domiciliarios de energía. En total, suman 59.121 cuentas que no reciben subsidio nacional. Siempre del total, 21.002 corresponden a cuentas de gas, otras 14.884 de agua y 23.235 de electricidad.

Error conceptual porque, si la política de subsidios encerraba falencias, distorsiones o inequidades, su corrección ameritaba arbitrar otras políticas públicas diferentes; como lo fueron las quitas a los subsidios en determinadas zonas o barrios en los que vive gente de alto poder adquisitivo (y que por ende pueden afrontar con sus ingresos mayores niveles de tarifas); en lugar de dejarlo librado a la buena o mala voluntad de los usuarios: si se hiciera lo mismo con los impuestos, ¿el Estado recaudaría alguno?    

Justamente la legitimidad política de origen de un gobierno democrático lo coloca en la posición jurídica de reclamar coercitivamente a sus ciudadanos ciertas conductas, como pagar sus impuestos y razonablemente (de acuerdo a su capacidad contributiva) sus consumos de servicios públicos.

Y aunque la asociación pueda parecer arbitraria, el asunto está directamente vinculado a los cacerolazos porteños de los últimos días, y al confuso mensaje político que de ellos emana: los caceroleros conceptúan al gobierno como una verdadera dictadura que restringe sus libertades (una caracterización que no resiste el mínimo cotejo con la realidad, dada por el simple hecho de que pueden manifestarse libremente en el espacio público para decirlo), y un régimen intrínsecamente corrupto, una especie de asociación ilícita montada desde el aparato del Estado, con el exclusivo objeto de hacer negocios.

Ese discurso cualunquista no es nuevo en la praxis política de nuestras clases medias urbanas, y se desliza fácilmente hacia la moralina pequeño burguesa que centra la regla de validez de las conductas sociales en cierta ejemplaridad de la conducta de los funcionarios públicos; que si estos cumplen, los dispensarían de llevar adelantes gestiones desde otro punto de vista completamente catastróficas, o ruinosas para los intereses de las mayorías nacionales.

A esa lógica seudo moralistas de cierta clase media tributa también la decisión anunciada por Cristina hace unos días de pesificar sus ahorros en dólares, respondiendo a la convocatoria de Víctor Hugo Morales.

No se trata de quitarle validez al gesto sino de ponerle contexto: si el gobierno juzga importante (y lo es) para la economía del país tomar crecientemente al peso como unidad de medida en todas las transacciones jurídicas y comerciales para quitarle presión al dólar y capacidad de influir al lobby devaluacionista, lo va a lograr con políticas imperativas, con todo el sustento jurídico que le provee al Estado el ordenamiento constitucional, como por ejemplo la propuesta de reforma del artículo 617 del Código Civil contenida en el proyecto recientemente ingresado al Congreso para pesificar los contratos, o las medidas tomadas para contener la fuga de capitales de las que da cuenta Tiempo Argentino:   

Pero volvamos a la renuncia a los subsidios a las tarifas, las clases medias caceroleras y sus postulados éticos: el insignificante número de renunciantes (en el contexto general de los usuarios de servicios públicos en todo el país) nos da ya una pista sobre la consistencia de ciertos principios éticos de ésta gente, si uno le diese al asunto la importancia teórica que ellos mismos le dan, claro que de la boca para afuera.

Desde una mirada más política cabe preguntarse cuántos caceroleros reclaman que los dejen comprar dólares libremente con la parte de sus ingresos que disponen como ahorro porque no tienen que pagar por los servicios públicos lo que realmente valen, y porque, convocados por el gobierno a la responsabilidad cívica de renunciar a los subsidios, se hicieron bien los boludos.

O a la inversa, cuantos protestan porque viven en los barrios a los que el gobierno les sacó los subsidios a las tarifas, y si quieren de ahora en más mantener su nivel de consumo, lo tienen que pagar de su propio bolsillo.

Lo que demuestra además la necesidad de profundizar la política de reordenamiento de subsidios (que hasta acá no ha afectado a los sectores populares, pese a los pronósticos agoreros de los medios y la izquierda en contrario), en un sentido redistributivo y para sumar otro elemento que le quite presión al dólar; aunque no desconozcamos que el gobierno pudo pensar que no era oportuno detraer plata al consumo justo cuando la economía da síntomas de desaceleración.

Lo expuesto revela además la endeblez del discurso cacerolero en cuanto afirma lanzarse a protestar "contra la vagancias, los planes y los subsidios"; porque cuando esos mismos subsidios (porque en esencia son lo mismo: transferencias de dinero público en forma indirecta al bolsillo de parte de la gente) los favorecen, no les parecerían tan repugnantes, a juzgar por el bajísimo número de renunciantes.

Y para terminar con el análisis de la credibilidad de la moralina clase mediera, una mirada al listado de quienes renunciaron o no a los subsidios, dentro de la dirigencia política santafesina:          

¿Significa eso que los 300 que sí renunciaron a los subsidios nacionales a las tarifas son una especie de hérores civiles, comparables a los legendarios guerreros de Leónidas que resistieron en las Termópilas el avance persa?

No, simplemente significa que (dado que en su mayoría son dirigentes kirchneristas) obraron en consonancia con una directiva política de un dispositivo de la misma naturaleza del que forman parte, mientras otros (por caso, Binner, Barletta o Del Sel) prefieren dejar la ejemplaridad ética en el plano del discurso.

Aunque esta conclusión perfectamente podría rebatirse, pero eso significaría avanzar en un análisis más profundo de ciertas zonceras instaladas desde hace tiempo (que hacen pasar por estas cuestiones lo trascendente en política), hoy repicadas con la sonoridad de las cacerolas.