Cuando hace unos días Cristina anunció que el Banco Central
dictaría normas para obligar a los bancos privados a prestar a tasas razonables
a las empresas para inversión productiva o compra de bienes de capital,
mencionó que la medida alcanzaba a los 20 mayores bancos privados, y a otros 11
bancos que actúan como agentes financieros de los gobiernos provinciales.
Ese es el caso del Nuevo Banco de Santa Fe que maneja el grupo
Eskenazi desde los tiempos de la privatización del Banco Provincial y tras
caerse el contrato con el BGN del grupo Rohm; y que luego fuera revalidado en
tal condición por el gobierno de Binner; como único oferente de una licitación
hecha a su medida, según se contó acá (en la foto Sebastián Eskenazi
firmando el contrato de vinculación con Binner, y la presencia de Bonfatti que
por entonces era su ministro de Gobierno y Reforma del Estado).
Entre los antecedentes exigidos a los oferentes
de la licitación, se pedía formular un Plan de Negocios, en el que debían
detallar “…la aplicación del capital prestable obtenido por ser Agente
Financiero y Caja Obligada, considerando como eje prioritario contribuir al
financiamiento de la actividad productiva en la Provincia de Santa Fe y al
desarrollo local.”.
El Plan debía garantizar, según el pliego “…la instrumentación de
líneas de financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), para
Investigación y Desarrollo (I+D) aplicado a la innovación productiva, para
Comercio Exterior y estímulo a las exportaciones, para el Sector Agropecuario,
para el Sector Industrial…” entre otras cuestiones como los préstamos al
consumo para los agentes estatales.
Sin embargo, el mismo pliego a la hora de ponderar los
antecedentes de los oferentes, sobre un total de 100 puntos, asignaba 15 como
máximo al Plan de Negocios, mientras que otros ítems como la Representación
Institucional (tener su sede central en la provincia), la Representación
Territorial (la cantidad de sucursales) o los antecedentes de prestación de
servicios similares en otras provincias, sumaban en conjunto 75 puntos y por
ende decidían el resultado de la licitación.
Sin conocer el Plan de Negocios concreto presentado por el Nuevo
Banco de Santa Fe S.A., pero sí que su oferta de canon superó el mínimo
establecido en apenas 40.000 $ (lo que deja a las claras su certeza casi
absoluta de quedarse con el contrato), se puede inferir que no contendría un
aporte gravitante a la economía provincial; a lo que hay que sumar que el mismo
pliego no estableció ninguna pauta concreta y mensurable para que las
autoridades provinciales lo evaluasen, y -sobre todo- una sanción si no lo
presentaba, o si no lo cumplía prestando a las empresas santafesinas.
En ninguno de los
documentos del proceso de contratación del nuevo agente financiero se contempla
un destino específico para los importes que éste debe abonar en concepto de
canon fijo, y muchos menos que ese dinero (un mínimo de 75 millones de pesos
durante los primeros cinco años del contrato) se destine a promover actividades
productivas.
La falta de
implementación de la Corporación para el Fomento del Desarrollo prevista en la
Ley 11.696 mantuvo inmovilizados los recursos asignados al ente liquidador del
ex Banco de Santa Fe SAPEM, que ascendían a 21.753.000 $ en el 2009; a los que
deben añadirse los provenientes de la ejecución judicial de garantías o
acreencias contra los deudores de la banca pública, o el repago de los créditos
refinanciados; y de los cuales el gobierno de Binner (a contramano de una
política de aliento a la producción) echó mano mediante el Decreto 1266/09 para
transferir más de 75 millones de pesos al Tesoro provincial, para enjugar su
déficit.
Como consecuencia de
esa decisión no pudo cumplirse con lo dispuesto por el Decreto 1039/07 que
contemplaba afectar hasta 15 millones de pesos del mismo origen (el fideicomiso
del ex Banco Provincial) para créditos a pequeñas y medianas empresas otorgados
por el Ministerio de la Producción; y lo mismo sucedió con los fondos asignados
por la Ley 12.733 (2007) para constituir una sociedad de garantías recíprocas
(SGR), que formara un fondo de garantías para que las pymes santafesinas
pudieran acceder al crédito. Además el Ministerio de la Producción no
hizo ninguna gestión para que el sector privado aportara a la conformación de
ese fondo de garantía, como lo mandaba la ley.
No parece que el proyecto de Corporación Para el
Desarrollo remitido por el gobierno provincial a la Legislatura casi al final
del gobierno de Binner pueda satisfacer esos objetivos; desde que no contempla
ninguna fuente concreta, identificada y segura de financiamiento para el nuevo
ente a crearse, y difiere a un estudio que demandará dos años más, su
estructura jurídica de funcionamiento.
Por contraste, las medidas que tomó la semana
pasada el directorio del BCRA (por indicación de Cristina) son
imperativas como se indicó acá, y pueden hacer pasibles a los bancos
que no cumplan (como por ejemplo el NBSF SA de Eskenazi) de las sanciones que
contempla la Carta Orgánica del Central, como por ejemplo la suspensión para
operar como entidad financiera.
De modo que, si antes del 31 de diciembre, las
empresas santafesinas (en especial las Pyme, a las que están destinados el 50 %
de los créditos de la nueva línea lanzada por Cristina la semana pasada)
reciben financiamiento para invertir por parte del Nuevo Banco de Santa Fe, será
por las decisiones tomadas por el gobierno nacional, y no por cualquier medida
que al respecto haya tomado el gobierno de la provincia, que es su contraparte
en el contrato de vinculación como agente financiero.
Financiamiento que están reclamando, aunque sin hacer la
más mínima mencióna esta trascendental medida del gobierno nacional que viene a
suplir esta necesidad:
Avisamos por las dudas que -cuando se concrete algún préstamo de los 293 millones que deberá prestar el NBSF antes de fin de año como se informa acá- Bonfatti se quiera sacar la foto, como si tuviera algo que ver.
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