OTRA BOMBA DE HUMO DE REPSOL

Parece que Brufau quiere redimirse ante los accionistas de Repsol de que se le haya escapado la tortuga con la expropiación de YPF, y apela a cualquier cosa para que los tipos crean que está haciendo algo por defender sus intereses.

Porque el reclamo del que da cuenta la nota de Infobae es, básicamente, eso: cualquier cosa.

Es sabido que un porcentaje de las acciones de YPF S.A. (alrededor del 17 %) cotiza en los mercados abiertos (entre ellos, la Bolsa de Nueva York), pero de ese porcentaje la expropiación decidida por la Ley 26.741 no tocó ni una sola acción: todo el 51 % que el Estado nacional (sindicado con las provincias petroleras) adquirió corresponde a las acciones que eran propiedad justamente de Repsol.

Justamente pro esa razón decíamos nosotros acá que era descabellado el planteo judicial hecho en los EEUU por Repsol junto al fondo de inversión Texas Capital (que adquirió en su momento parte de esas acciones que cotizan en la Bolsa), porque cualquiera que ingresa como inversor a los mercados abiertos sabe que toma a su cargo los riesgos de que las acciones que compra suban o bajen, por cualquier circunstancia.

Y este otro planteo del que da cuenta la nota no le va en zaga: la SEC (Securities and Exchange Comission) de los Estados Unidos es el equivalente de la Comisión Nacional de Valores argentina: el organismo encargado de ejercer la fiscalización de las sociedades que cotizan en bolsa, pero ése control (en el caso de YPF S.A.) está estrictamente limitado al porcentaje del capital accionario que cotiza en el mercado abierto.

Y para eso impone regulaciones que tienen que ver básicamente con la información que debe brindarse a los accionistas o público en general (y aun así, no ha podido evitar fraudes colosales como el de Enron, o los más recientes de los bancos), para que puedan contar con todos los elementos necesarios para decidir sus opciones de inversión.

Pero eso no le otorga facultades para tomar ingerencia en el gobierno de una sociedad constituida fuera de los EEUU, más específicamente en la Argentina (como YPF S.A.), y por ende regida por las leyes argentinas, especialmente la Ley 19.550 de sociedades comerciales.

Por eso es en la Argentina dónde se celebró hace poco la asamblea de accionistas de YPF S.A. para renovar el directorio, y donde se celebrará dentro de poco la asamblea general ordinaria para considerar la memoria y balance, y decidir en su caso que se hace con las utilidades de la sociedad: si se las distribuye entre los accionistas, o se destinan a la reinversión.

Por eso el planteo de Repsol (que además no adquirió sus acciones en el mercado abierto, sino del gobierno argentino en la privatización) de que, mientras YPF no informe a la SEC que hará con las utilidades de la compañía, las acciones correspondientes al 51 % expropiado carezcan de derechos políticos para decidir sobre su marcha, es sencillamente absurdo.

Es nada más ni nada menos que otra maniobra para pretender quitarle validez a un acto soberano del Estado argentino (contemplado incluso en la Constitución Nacional y en el propio tratado bilateral de protección de inversiones entre Argentina y España, como se dijo acá); y en un planteo que es a su vez contradictorio con ampararse en la jurisdicción del CIADI para (como también reconoce el artículo) obtener la mejor indemnización posible por la expropiación.  

Porque si el Estado argentino no puede ejercer los derechos políticos derivados de la expropiación del 51 % del capital accionario de YPF (tal lo que plantearía Repsol según el artículo), eso impicaría que la expropiación no se consolidó, y en consecuencia tampoco le correspondería a Repsol percibir indemnización alguna, salvo por el lapso en que fue desplazada del manejo de YPF: un absurdo.  

De todos modos, el propio planteo de Repsol deja una vez más en claro que su único y exclusivo propósito en todo esto era obtener de YPF la mayor cantidad de dividendos posibles, en el menor tiempo y con la mínima inversión; justamente el motivo por el cual el gobierno nacional decidió la expropiación.  

Porque además para YPF sería muy sencillo ir a la SEC y presentar la información sobre su política de dividendos futuros diciendo simplemente: "no los vamos a repartir, por lo menos por tres o cuatro años", y listo.

Claro que se expondría a que los accionistas privados que compraron las acciones en la Bolsa neoyorquina salgan a venderlas, pero siempre habrá alguno dispuesto a comprarlas, sobre todo si el precio baja; en la seguridad o la expectativa de que el negocio a futuro será más rentable.