REGLAS DE JUEGO CLARAS Y ESTABLES

Tremendo este gobierno chavista, ¿a quién se le ocurre obligar a que los contratos que se hacen en el país entre personas que viven en el país, sobre casas, departamentos o campos del país, se hagan en la moneda legal del país?

Solamente a nostálgicos del setentismo, o de 1869 (casi el setenta), cuando se sancionó el Código Civil de Vélez Sarfield.

El reclamo de las inmobiliarias recuerda al de los comerciantes cuando Cavallo puso la tarjeta de débito y las maquinitas del posnet: que nadie las va a poder comprar, que son un curro, que nos vamos a fundir porque cuestan mucho y demás.

El tema verdadero era (y no lo defendemos a Cavallo) que no querían operar con el sistema (aun hoy algunos se niegan), porque hay que formalizar las operaciones, quedan registradas en la AFIP y no podían vender en negro.

Cuando fue la 125, la patria chacarera se levantó en tractores contra las retenciones móviles con la misma excusa: que no hay reglas de juego claras, que las cambian a cada rato, pero el problema era que no querían ponerse, y porque además cualquier medida de intervención estatal en la comercialización de productos agropecuarios evidencia el enorme grado de informalidad que hay a lo largo de toda la cadena (lo mismo pasó con las ROE roja y verde, las DJNI para importar).

Y lo mismo pasa con los controles para comprar dólares: más que el sueño de atesorar verdes, está la pesadilla de tener que blanquear.

Además siempre en estos casos los quejosos (que a diferencia del caso de los posnet son bastante menos) piden "reglas de juego claras y estables", que básicamente consisten en que no haya reglas.

Porque si de verdad se tratara de poner "reglas de juego claras y estables", levantemos la apuesta: hacemos una reforma constitucional (que requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso), y volvemos por ejemplo a los artículos 38, 39 y 40 de la Constitución del 49'; estatizamos el comercio exterior y la banca, y nacionalizamos los recursos estratégicos, como el petróleo o la minería.

Consagramos el pleno derecho del Estado a intervenir en la economía, regular, limitar la propiedad privada y la libre iniciativa privada, y hasta momopolizar una determinada actividad económica, si es socialmente necesario; como decían esos artículos.

Denunciamos los tratados bilaterales de protección de inversiones, desconocemos la jurisdicción del CIADI y anulamos la ley de inversiones extranjeras, y prohibimos que los capitales extranjeros puedan intervenir en determinadas actividades, como los bancos por ejemplo; y ponemos que la alícuota del impuesto a las Ganancias de las empresas no puede ser menor de, ponéle, el 50 %.

También prohíbimos (en la Constitución) que los contratos a ejecutarse íntegramente en el país se celebren en moneda extranjera, instauramos constitucionalmente  el control de cambios (que nadie pueda comprar o vender divisas si no es para el comercio exterior o viajar), y facultamos al Estado a regular precios, costos y márgenes de comercialización de cualquier cosa.

Una vez puesto todo eso en la Constitución, también modificamos el artículo 30 que reglamenta la reforma, y elevamos la mayoría necesaria para volver a reformarla a las tres cuartas partes del total de los miembros de cada Cámara del Congreso.

Y ahí verdaderamente tendríamos reglas de juego claras y estables, a ver si les gusta.