TÍTULO ENGAÑOSO

Primero porque uno lo lee y si no conoce mucho del asunto puede pensar que volvió el IAPI, se nacionalizó el comercio exterior y en consecuencia el Estado es el único que se beneficia con el aumento del precio de la soja, porque se lo queda todo; y no es así.

Aunque Biolcatti y Buzzi lo consideren confiscatorio, lo cierto es que las retenciones a las exportaciones de soja (el medio por el cual el Estado capta parte de la renta sojera) son fijas, luego del fracaso de la resolución 125, y con una alícuota del 35 %: el resto se lo llevan los productores, acopiadores y exportadores, que a veces (sólo a veces) son el mismo.

Pero además el título es engañoso porque al no aclarar de que cuentas públicas está hablando (la nota tampoco lo hace), enseguida más de uno piensa: se la queda toda Cristina, para comprarse carteras.

Cosa que no es cierta, no por lo de las carteras, sino porque a partir del Decreto 206/09 de la propia Cristina,   el Estado nacional distribuye entre las provincias el 30 % del producido de las retencions a las exportaciones de soja, pese a que no tiene obligación de hacerlo: los derechos de exportación (que eso son las retenciones) son recursos propios del Estado nacional, no coparticipables, de acuerdo a la Constitución (artículos 4 y 75 inciso 2).

Pero además el decreto exige -como condición para transferir los recursos a través del llamado Fondo Federal Solidario- que a su vez las provincias los coparticipen a los municipios, en un porcentaje no menor al 30 % que les coparticipa la Nación.

Eso implica que también se benefician con esos recursos los municipios y comunas (sin distinción de color político) de todas las provincias argentinas: en el caso de Santa Fe, el Presupuesto provincial 2012 contempla percibir 810 millones de pesos por éste rubro, de los que 243 corresponden a municipios y comunas (Binner dispuso en su gobierno coparticiparles el 30 %, o sea el mínimo exigido por el decreto nacional).

Según cifras del IARAF, el conjunto de las provincias (y a través de ellas, los municipios y comunas) recibieron éste año, al 31 de mayo, 3459 millones de pesos en concepto de transferencias del FFS; lo que representa para Santa Fe unos 321 millones de pesos en los primeros cinco meses del año.

Y como los recursos del Fondo Soja (como se lo conoce vulgarmente) sólo se pueden destinar (de acuerdo al decreto de Cristina) a la obra pública de infraestructura social, a Bonfatti le alcanzaría prácticamente con el 70 % de esa plata que se queda la provincia (unos 225 millones de pesos, los primeros cinco meses del año) para saldar la deuda que mantiene con las empresas contratistas desde hace meses, que tiene paralizada la obra pública provincial, con la secuela de suspensiones y despidos de trabajadores.

Obra pública provincial que viene siendo financiada con los recursos del FFS desde el 2009, en un promedio de entre el 64 y el 77 % de la obra ejecutada; aun cuando hay sub-ejecución y recursos no utilizados.

Pero el último engaño al que llama el título de La Capital es respecto al mecanismo como funciona la comercialización del poroto mágico, que en más de un 95 % se destina a la exportación, sea en bruto o convertido en aceite o harina.

Mecanismo que lo fija el mercado, con la sóla intervención del Estado en cuanto a dos requisitos: la necesaria inscripción de las operaciones de exportaciones en un registro aduanero (a partir de la cual hay un plazo para concretar el envío al exterior del producto), y el previo pago de los derechos de exportación (el 35 % de retenciones), como requisito sine qua non para concretar la operación de venta al exterior.

Los dos requisitos fueron establecidos luego de las maniobras defraudatorias cometidas entre fines del 2007 y principios del 2008 por las grandes exportadores, justamente para anticiparse al establecimiento de las retenciones móviles que luego intentó imponer la resolución 125.

Retenciones móviles que -dicho sea de paso- hoy permitirían al Estado (la nación, y por el FFS, las provincias y los municipios) captar una mayor parte de la renta sojera, al acompañar con la movilidad de las alícuotas, el incremento de los precios de la soja.

Hacemos esta aclaración por cuanto en estos días se hablaba por un lado de los apuros financieros que pasan las provincias, municipios y comunas, las dificultades que eso ocasiona sobre la continuidad de la obra pública y -de otro lado- las protestas contra los intentos provinciales de reforma tributaria.

Del mismo modo que, al mismo tiempo, se le cuestiona al gobierno nacional el aumento del déficit o del gasto, y se le exige una reforma tributaria para -por ejemplo- eliminar el impuesto a las Ganancias sobre el salario, o que "paguen más los que más tienen".

Pero resulta que, cuando hace cuatro años trató de dar un pequeño paso en esa dirección, le paralizaron el país cuatro meses.

Y para terminar retomemos con lo que decíamos de la mecánica de funcionamiento del mercado de comercialización de la soja: el productor no está obligado, por supuesto, a vender la soja y puede perfectamente esperar el momento oportuno para obtener un mejor precio.

Que eso sea incoherente con aducir (como lo hacen los referentes de la Mesa de Enlace siempre que pueden) que el campo pasa por una situación terminal, y pidan auxilio del Estado, eliminación o baja de reetenciones y evadan o eviten por todos los medios pagar impuestos, no quita que lo pueden hacer.

Del mismo modo que tampoco los exportadores están obligados (luego de comprarles la cosecha a los productores o acopiadores) a solicitar el permiso para concretar la venta al exterior, pudiendo también quedarse con el poroto en espera de mejores precios.

O de una devaluación que mejore el tipo de cambio nominal: hace poco dábamos cuenta acá de que hay casi 8100 millones de dólares de soja de la campaña agrícola anterior en poder de los productores, en espera de mejores precios internacionales y -sobre todo- de una devaluación que, por ejemplo, ponga al dólar legal en los valores del "blue" o las diferentes formas del ilegal. 

De modo que el principal engaño al que induce el título y la nota es que se asimile la disparada de los precios internacionales del poroto verde, con una inmediata recomposición de las cuentas públicas.

Por el contrario, es una parte más del combate que el gobierno lleva adelante para que no le tuercan el brazo forzando una devaluación; del mismo modo que (una vez concretada la venta al exterior y previo pago de las retenciones) pulsea con los exportadores imponiéndoles plazos a través del BCRA para liquidar las divisas, aumentando así la oferta de dólares que aspira para engrosar las reservas.