El radicalismo de la naftalina presidido por Barletta vuelve -como en 1945- a erigirse en el custodio de la legalidad y la Constitución Nacional, y el vertebrador de una nueva Unión Democrática que rescate al país de las garras del populismo autoritario, saliendo al paso de un proyecto de reforma constitucional para posibilitar la re-reelección de Cristina que el gobierno no ha planteado, aunque muchos dirigentes kirchneristas se hayan pronunciado a favor.
Y lo hace con los mismos argumentos falaces de siempre, con los que intentó en 1949 restarle legitimidad a la reforma constitucional del primer peronismo, y colaboró luego con la dictadura fusiladora de Aramburu para derogarla por un bando militar y reemplazarla por una reforma votada con la proscripción de la mayoría electoral.
Argumentos que no le impidieron a Alfonsín firmar con Menem el Pacto de Olivos en 1993 para habilitar lo que hoy le niegan a Cristina (como en su momento pretendieron negárselo a Perón) a cambio de chiches institucionales importados de Europa y de dudosísima eficacia como el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General de la Nación o el Jefe de Gabinete; y bolsas de trabajo para los dirigentes radicales perdedores en sus provincias de bien probada eficacia, como el tercer senador por la minoría.
Y el primero que responde al llamado a filas de los radicales es el Jefe de Gobierno de la CABA, procesado justamente por haber montado desde el aparato del Estado una estructura de espionaje sí que vuneradora de derechos individuales de los ciudadanos; y que teme ir preso, aunque no dice que si le pasa, será por decisión de al menos siete jueces, y no por la persecución del kirchnerismo.
La imagen que ilustra el post corresponde a ésta nota de La Nación de hoy, donde otras expresiones de la política naftalinosa como Binner, sostienen que la oposición debe organizar la resistencia a la probable reforma constitucional para "darle vía a una expresión popular de agotamiento frente a la corrupción y el atropello que hoy muestra el gobierno".
La apelación a la moralina como discurso político en la Argentina es tan vieja y conocida como los golpes de Estado; de hecho han ido íntimamente vinculados ambos: prácticamente no hubo proceso de interrupción de la normalidad institucional en el país que no comenzara conceptualizando al gobierno elegido por la mayoría del pueblo en elecciones libres, como un régimen corrupto y por ende ilegítimo.
Y otro tanto sucede con los fantasmas de la violación de los derechos y libertades individuales, o a la supuesta acumulación de la suma del poder público por parte del gobierno; que hoy vuelve a agitar la oposición política.
La oposición tiene todo el derecho del mundo a estar en contra de la reforma de la Constitución, y a objetar el rumbo que el gobierno le imprime al país, lo que no puede hacer es mentir.
Porque decir que en la Argentina se están violando sistemáticamente los derechos y garantías individuales es una burda mentira: no hay en el país censura previa, ni estado de sitio, ni detenidos sin causa ni proceso, ni presos políticos o exiliados por sus opiniones, y por el contrario, nuestra democracia ha ido ampliando sus límites todos estos años transcurridos desde el 2003 mediante la conquista de nuevos derechos -cuya enumeración objetiva cualquiera puede hacer- o la reconquista de otros perdidos en los años de la noche neoliberal y tras el fracaso de la Alianza.
Y en la discusión en el Congreso de muchas de esas leyes que ampliaron derechos (como el matrimonio igualitario o la ley de medios), los radicales, el PRO y otros sectores de la oposición, votaron en contra; de modo que habría que ver desde donde se habla cuando se dice que se violan derechos.
Gobierna un gobierno elegido por el 54,11 % de los argentinos en elecciones limpias e inobjetables (al menos esta misma oposición no las ha objetado, ni se sabe que la justicia lo haya hecho), precedido por internas primarias, abiertas y obligatorias con el mismo grado de transparencia y en el marco de una reforma política que garantizó a todos los partidos políticos el acceso gratuito e igualitario a la difusión de sus ideas a través de los medios de comunicación social; a los que además acceden todo el tiempo sin ningún tipo de restricciones oficiales, para decir lo que se les antoje.
Tampoco se sabe que en aquéllas provincias o municipalidades donde la reelección (aun indefinida) de los cargos ejecutivos está permitida, el radicalismo y los demás partidos opositores hayan practicado la abstención electoral por no consentir que no haya alternancia; o que no presenten candidatos a diputados y senadores nacionales, cargos para los que la Constitución también permiten la reelección indefinida.
De modo que no fundemos en la necesidad de garantizar o la alternancia política lo que es, simplemente, el miedo a pasar por otro papelón electoral como el del 23 de octubre; y mucho menos rodeemos ese miedo de una apelación a la defensa de los derechos de los ciudadanos.
La democracia y la convivencia social no se empobrecen porque le permitan a Cristina (si la Constitución se reformara) acceder a la posibilidad de un tercer mandato (que además dependería en ese caso de la cuestión no menor de que el pueblo la vote), sino -entre otras cosas- porque el sistema político no cuenta con una oposición seria, organizada, coherente y responsable; que asuma el rol que le toca de expresar a aquellos ciudadanos que no están de acuerdo con lo que hace el gobierno; pero partiendo del respeto al piso mínimo común del que parte el status democrático, y que es el respeto por la voluntad popular, no menospreciando al ciudadano ni por lo que votó hace 10 meses, ni por lo que puede votar en el futuro.
Mucho menos menospreciar esa voluntad popular mintiendo al calificar todo el tiempo a la ligera a un gobierno indudablemente (subrayamos: indudablemente) democrático por su origen y por su ejercicio, como si se estuviera hablando de una dictadura.
Y en el caso del radicalismo, no hacer piruetas discursivas para explicar que se oponen de plano a concederle a Cristina (si se planteara formalmente la reforma, si ella buscara otro mandato) lo que en su momento le otorgaron a Menem en canje de favores; aunque Alfonsín lo haya intentado justificar con los mismos argumentos que hoy se oponen a la reforma: salvar a las instituciones de la república.
A menos que detrás de tanto discurso republicano, lo que en realidad estén haciendo es subirse el precio para negociar.
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