El jueves pasado la Cámara de Senadores de la provincia aprobó un proyecto presentado por el senador radical Enrico (acompañado por todo el bloque de la UCR y tres senadores del PJ) por el que se modifica el Código Procesal Penal ampliando las facultades de los jueces para disponer la prisión preventiva de los procesados, y denegar la excarcelación a los reincidentes.
La imagen que ilustra el post corresponde a las declaraciones del diputado Eduardo Toniolli del Movimiento Evita, quien plantea la cuestión en sus justos términos: el proyecto es un mamarracho jurídico que va absolutamente en contra de la letra y del espìritu de la reforma al propio Código Procesal Penal que todas las fuerzas políticas santafesinas votaron en el 2006 (y que el gobierno socialista demora una eternidad en implementar, acumulando ya 14 prórrogas del plazo), y desde el punto estricto de las políticas de seguridad, no resuelve ningún problema y ocasionará otros, como el colapso del sistema penitenciario provincial.
El proyecto ya ha recogido múltiples rechazos, que van desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario hasta el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Bonfatti; y es difícil no conceptuarlo como una iniciativa oportunista y demagógica, enancada en el famoso tema de los "presos K", Vatayón Militante, la reinserción social de los detenidos y toda la opereta montada en torno a esos temas por Clarín y los medios hegemónicos. De hecho, en el diario del Loco Lindo lo hacen explícitamente acá.
Un coletazo de las leyes Blumberg que pretende vender espejitos de colores a una sociedad que demanda seguridad, pero que con certeza no la conseguirá con estos métodos e ideas, que ya se aplicaron en el pasado y fracasaron rotundamente; por las razones que apunta Toniolli, entre otras.
Mejorar los niveles de seguridad de los santafesinos requiere en gran medida contar con una Policía profesionalizada, democrática y sin vínculos con el delito, que pueda cumplir con eficacia su rol de prevención; y un Poder Judicial que se ponga de una buena vez los pantalones largos (en lugar de mirarse permanentemente el ombligo y presionar por satisfacer sus demandas corporativas) para dictar sentencias en plazos razonablemente breves (lo que exige contar con una adecuada estructura investigativa que aporte solidez probatoria a los procesos).
Y por supuesto de un Poder Ejecutivo que se decida de una buena vez por todas a poner en marcha en serio la reforma de la justicia penal, y una Legislatura que no vote disparates como éste movida por pulsiones manoduristas que ceden a la tentación de las soluciones fáciles: que simplemente exija el fiel cumplimiento de lo que ella misma votó, cuando sancionó el nuevo Código Procesal Penal.
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