FANTASMAS, PANTALLAS Y PEINE FINO

Vemos como la AFIP dio de baja el CUIT de 100.000 (sí, 100.000, leyeron bien) "sociedades fantasmas", que no declaraban tener ni empleados ni ventas, o que tramitaban su inscripción fiscal pero luego nunca pagaban impuestos.

La existencia de éste tipo de sociedades es uno de los mecanismos más habituales para la evasión impositiva, en especial en la comercialización de los productos agropecuarios, en los sectores exportadores (triangulando con empresas fantasmas, o con paraísos fiscales) y en muchas empresas para fraguar costos deducibles de impuestos (como Ganancias); como el caso de los proveedores de facturas truchas, o de servicios que en realidad no existen.

La noticia está vinculada -aunque no se lo diga explícitamente- con ésta otra (el decreto de Cristina del cual habla la nota lo pueden encontrar acá):

Por raro que parezca, el capital mínimo para la constitución de una Sociedad Anónima estaba fijado en 12.000 pesos desde 1991, y ahora fue elevado a 100.000; aunque la cantidad siga pareciendo poca en algunos casos, hay que tener en cuenta que ese capital es el que (de acuerdo al artículo 186 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550) debe ser suscripto íntegramente al momento de conformar la sociedad, por lo que el aumento de la exigencia de capital mínimo tiende a dificultar la constitución de nuevas sociedades. 

Y las dos noticias están vinculadas (aunque tampoco lo hayan visto por ahí) con los cambios que el Poder Ejecutivo introdujo al Anteproyecto de Código Civil y Comercial Unificado que elaboró la comisión de juristas presidido por Lorenzetti; de los cuáles acá hace una síntesis Gustavo Arballo .

Específicamente en los cambios introducidos en el régimen de las sociedades: el gobierno desechó la mayoría de los cambios a la Ley 19.550 que propuso la comisión, porque además tiene pensado (y así lo dice el mensaje de elevación de los Códigos al Congreso) enviar un proyecto propio y específico para modificarla.

De todos modos, entre los cambios que sí propuso Cristina en el proyecto que está tratando el Congreso, se contempla que, en el caso de la sociedad unipersonal (la famosa "sociedad de un sólo socio") debe forzosamente constituirse como Sociedad Anónima (el tipo más controlado de todos los que establece la ley de sociedades, y con mayores exigencias legales), identificarse como tal en su nombre o razón social y sigla (SAU y no SA), y está sujeta a fiscalización estatal permanente (más intensa, y sobre todos sus actos sociales); cualquiera sea su objeto o actividad.

Para que se entienda, hoy están sometidas a fiscalización estatal permanente sólo las sociedades que cotizan sus acciones en Bolsa, las que tienen un capital social de más de 10 millones de pesos, las que explotan concesiones de servicios públicos, las que operan con planes de capitalización y ahorro; y las que controlan a cualquier de ésas. Las demás tienen la fiscalización estatal (de parte de la Inspección de Justicia de la Nación y los organismos equivalentes de las provincias) limitada a ciertos y determinados actos.

Todos estos cambios (sospechamos nosotros, nadie nos dijo nada), además de al pasado del peine fino para combatir la evasión impositiva y eventualmente el lavado de dinero; podrían estar también vinculados a cierto grupo empresarial que a partir del 7 de diciembre tendría que cumplir con las normas de desinversión de cierta ley sancionada por el Congreso hace tres años (y paralizada en la justicia con medidas cautelares), que estaría pensando en hacer como que cumple con la ley y los fallos judiciales, desprendiéndose de activos a favor de sociedades pantalla o fantasmas.

Veremos que pasa, pero a lo mejor ésta presunción nuestra explica cierta resistencia de cierta Academia al proyecto de reformas de los Códigos Civil y de Comercio.

Actualización: parece que el peine de la AFIP encontró más piojos: