SEGURIDAD SOCIAL, FEDERALISMO Y RÉMORAS IDEOLÓGICAS

La financiación de la seguridad social es claramente uno de los problemas estructurales más acuciantes del Estado moderno en todos sus niveles, porque hace tiempo están sacudidas las bases económicas de sustentación del sistema; concebido sobre un pacto intergeneracional solidario de los trabajadores para aportar los recursos que financian las prestaciones con parte de su salario (que es así salario diferido), más el aporte de sus empleadores sobre la nómina del personal.

Pasados los tiempos del pleno empleo, con salarios a la alza y bajo porcentaje de informalidad laboral se plantea una nueva realidad, que fuerza a los Estados a buscar medios complementarios de financiación del sistema previsional, provenientes de los impuestos y demás contribuciones generales que paga el conjunto de la población; sobre todo porque además el aumento de la expectativa de vida promedio de la población hace que se extienda el período de goce de los beneficios previsionales, una vez accedido el trabajador a la pasividad.

Esto se percibe en la Argentina a partir del último cuarto del siglo pasado al punto de llevar en democracia a la mal llamada Ley de Solidaridad Previsional durante el gobierno de Alfonsín que suspendiera la movilidad de las prestaciones jubilatorias, hasta el establecimiento del régimen de capitalización o jubilación privada que se dio en 1994, que no hizo más que agudizar ese déficit de financiamiento del sistema previsional y tornarlo estructural, porque el Estado absorbía beneficiarios (los que optaban por permanecer en el sistema público de reparto) y se desprendía de una enorme masa de aportes que pasaban a las administradoras privadas; generándose por esa vía casi la mitad del déficit total del sector público nacional, que se cubrió con endeudamiento externo o con ajustes fiscales.

En ese contexto (previo al dictado de la Ley 24.241 que estableció el sistema de capitalización), las provincias y la Nación aceptaron ceder el 15 % de la masa coparticipable total con destino a la seguridad social, para cubrir el previsible bache que se generaría: el pacto se instrumentó mediante la Ley 24.130 (1992), cuya última prórroga se dispuso en el año 2006 por la Ley 26.078; es decir, dos años antes de que el Estado nacional tomara la estratégica decisión de terminar con el curro de la jubilación privada a fines del 2008, mediante la Ley 26.425 que creó el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

Estas precisiones son necesarias para poner en contexto los reclamos que algunas provincias hacen a la Nación (Santa Fe con Binner llegó a la Corte Suprema, Córdoba con De La Sota plantea hacerlo ahora); en los que a cuento del socorrido tema del federalismo, se termina tributando a la lógica ideológica de la derecha, que apela a la misma coartada para socavar las bases materiales de las políticas pùblicas desplegadas desde el 2003 por el Estado nacional; como se dijo acá.  

Y en ese camino hay despistes conceptuales (o convicciones ideológicas) importantes, como el uso de la trsitemente célebre expresión "la plata de los jubilados" (una rémora linguística del sistema de capitalización individual), o el acento puesto en la tasa de sustitución de la jubilación en relación al sueldo que percibía el trabajador en actividad (la problemática del 82 % móvil y del pago de los juicios contra la ANSES por reajuste de haberes, contribuyendo además a prolongar en la etapa de pasividad las inequidades del mercado laboral), mas que en la ampliación de la tasa de cobertura poblacional del sistema, y su sustentabilidad financiera a largo plazo; lógica ésta que ha presidido las políticas desplegadas por el kirchnerismo desde el 2003, con los resultados por todos conocidos y que Artemio explica con lujo de detalles en éste post. 

Decir entonces (como lo hacen Binner y Bonfatti, con el respaldo incluso de Obeid, Reutemann y otros dirigentes del PJ santafesino) que, como el Estado nacional se hizo en el 2008 con los activos de las AFJP, hoy debería devolverles a las provincias el 15 % de la coparticipación destinada a la ANSES, es un disparate mayúsculo. (*)

Un disparate desde el punto de vista de la lógica con la que se administran los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), porque (como bien lo señaló Cristina al vetar el proyecto del 82 % móvil impulsado por la oposición en el Congreso) si la ANSES se desprendiese en forma masiva de esos activos y los convirtiese en dinero “para aumentar las jubilaciones” lograría de inmediato dos efectos negativos: derrumbar su cotización en el mercado y por ende descapitalizar los ahorros previsionales, y por otro lado privar a los pasivos de la garantía que respalda sus futuros haberes de probables caídas de los recursos del sistema; amén de que solo alcanzarían para pagar poco mas de un año de jubilaciones, sin contar aumentos en los haberes.

Un disparate desde el punto de vista de las políticas contracíclicas necesarias para afrontar la crisis, porque esos mismos fondos le han permitido al Estado nacional recuperar una herramienta clave de intervención en el proceso económico, constituyendo a la ANSES en uno de los principales actores del mercado del crédito al consumo, a la producción y a la industria (y ahora a la construcción de viviendas, como el programa PROCREAR) a tasas ostensiblemente más bajas que las del sistema financiero; e incluso acceder a posiciones directivas en un conjunto de empresas en las que capitalizó sus tenencias de acciones, muchas de las cuales operan en sectores críticos de la estructura productiva: desde esas posiciones pudo influir éstos años en toma de decisiones clave sobre inversiones, distribución de utilidades y giro de divisas al exterior, todas variables críticas de la política macroeconómica.

Y sobre todo un disparate desde la propia sustentabilidad del sistema de seguridad social, y de su capacidad para sostenerse en el tiempo, y mejorar paulatinamente los beneficios que otorga. La fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios (de la que surgen los dos aumentos anuales, el último de los cuáles anunció Cristina) se alimenta entre sus componentes esenciales, con la parte de la recaudación tributaria afectada a la ANSES, como podemos ver acá:

Lo que implica que de prosperar los reclamos provinciales por la devolución del 15 % (no sólo los de Córdoba y Santa Fe, porque es dable presumir que, si tuvieran éxito, otras provincias las seguirían), la fórmula tiraría para abajo, y los jubilados recibirían aumentos menores, cuando desde el 2008 para acá (cuando entró en vigencia) los vienen teniendo por encima de lo pactado por los trabajadores en actividad en promedio en las paritarias, y por encima de la inflación; aun la medida por las consultoras privadas.

Un proceso de recuperación progresiva del poder adquisitivo de los haberes de los pasivos, con efecto en los niveles de consumo y la actividad económica. 

Porque además los reclamos provinciales por el famoso 15 % prescinden de un elemento central, y es que el gasto público del Estado nacional (dentro del cual las jubilaciones y pensiones representan alrededor del 35 % del total, siendo el rubro individualmente considerado más gravitante en el Presupuesto) se despliega en las provincias, con efecto en el consumo y el empleo; las dos variables críticas que -como también viene insistiendo Artemio López- deben preservarse en el medio del despliegue de los efectos de la crisis.

Tomando por caso a Santa Fe, de acuerdo al presupuesto nacional 2012 y antes del aumento anunciado el jueves por Cristina, la ANSES planea inyectar 13.038 millones de pesos en la provincia en prestaciones previsionales, o sea 2,79 veces el presupuesto total de la propia Caja de Jubilaciones provincial, distribuido en un universo de beneficiarios varias veces mayor. 

Si el 15 % de la masa coparticipable volviera a las provincias es probable (aunque no totalmente seguro) que tuviera similares efectos en orden al consumo y la actividad, pero seguramente distintos en cuanto a la distribución de los beneficios por sector; y proporcionaría a muchos gobernadores (en especial los de la pampa húmeda, que gobiernan las provincias donde se genera la mayor parte de la renta agraria extraordinaria) una vía de escape para no afectar con impuestos provinciales a sectores con alta capacidad de tributación ociosa (por decirlo de algún modo), mientras perciben los benficios de su captación por parte del Estado nacional a través del Fondo Solidario Federal que coparticipa parte de las retenciones a la soja y fue (otra vez apelamos a los números de la provincia de Santa Fe) más de una vez y media el volumen del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.

(*) La imagen se la choremos a Barricada, y corresponde a la presentación de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando Binner era gobernador, reclamando la devolución del 15 % de la coparticipación que va a la ANSES.

En los círculos rojos (hacer click para ampliar) están Obeid, Reutemann, Spinozzi (por entonces presidente del PJ provincial) y otros dirigentes del PJ provincial; que acompañaron la movida. En los círculos verdes Carlos Commi (de la Coalición Cívica), Carlos Favario (del PDP) y dirigentes radicales.