lunes, 17 de septiembre de 2012

ATENTI CACEROLOS: ACÁ TIENEN ALGO PARA PROTESTAR



Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada.

En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados).

En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.  

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental.

Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes.

Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.

En el caso del conflicto entre las principales prepagas del país y los prestadores tenemos que las primeras pidieron un aumento de sus aranceles mayor al que el Estado (a través del polémico Guillermo Moreno) les autorizó, previo estudio de sus costos reales de prestación; todo en cumplimiento de la Ley 26682 dictada por el Congreso el año pasado.        

Pero esas mismas prepagas no están dispuestas a reconocerles a los prestadores un incremento similar al que le piden al gobierno que autorice, lo que implica dos cosas: el aumento que piden no responde estrictamente al aumento de sus costos, y ellas se quedarían con la diferencia: exactamente como lo hicieron con ese 226 % de margen que se verifica entre el 2005 y éste año entre lo que aumentaron los aranceles de las prepagas, y lo que aumentó lo que perciben los prestadores según las cifras que se dan en la nota de Infobae.

No se sabe hasta acá que en los siete años indicados (desde el 2005) hayan habido cacerolazos de indignados de clase media reclamando por el expolio de las prepagas por haberles aumentado los aranceles todos esos años, cuando (antes de la sanción de la ley) podían aumentarlos sin necesidad de previa autorización del Estado: por el contrario, sí se escucharon quejas contra Moreno, cuando apretaba a las empresas para que no aumenten los precios.

La Ley 26682 (que junto con su reglamentación fue analizada acá y acá) establece en su artículo 7 que es obligación de las prepagas garantizar a sus afiliados la cobertura del Programa Médico Obligatorio, y en el artículo 18 la obligación de pagar a los prestadores los aranceles mínimos obligatorios que establezca la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud.

De modo que las relaciones contractuales entre las prepagas y los prestadores son un problema entre ellos, que nunca puede redundar en una falta de atención de los usuarios; y es lógico pensar que tampoco éstos reclamarían que el gobierno deje que las prepagas aumenten el 15 % y no el 7 %; aunque con gente que en el 2008 caceroleaba para que aumenten los precios de los productos de la canasta familiar, tampoco se sabe.

Acá tienen entonces las multitudes de indignados que claman por sus derechos -y que se ocupan de aclarar bien que no es porque no los dejan comprar dólares- un ejemplo bien tangible y concreto para salir a la calle a reclamar y darle a la cacerola, pero en las puertas de las prepagas

Y hasta lo pueden hacer sin necesidad de llevar pancartas de apoyo al “Napia” Moreno.

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