REGRESIVIDADES

Hace muy poquito y a propósito de las protestas caceroleras, decíamos acá que nadie duda de que el sistema tributario argentino es injusto y regresivo.

Cosa que se entiende referida u opuesta a progresivo: es decir, medido en términos de equidad tributaria, o de aporte de los sectores a la financiación del Estado vía impuestos, en proporción directa (o geométrica, por qué no) a su capacidad contributiva.

Y lo aclaramos porque esta gente de Economía & Regiones termina mezclando todo, a saber:

* Si bien es cierto que la alta incidencia del IVA dentro de los ingresos del Estado argentino (como lo dijimos en el post linkeado) es un indicador de regresividad de su estructura impositiva, no se advierte como también lo sería que parte de ese ingreso se destine a financiar a la ANSES, que es el organismo desde el cual ése Estado administra la seguridad social y políticas como la AUH.

* Tampoco se entiende que tiene que ver en la discusión de la regresividad el asunto del federalismo y la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias vía coparticipación: ¿acaso la ciudad de Buenos Aires gobernada por Macri o Córdoba en manos de De La Sota son más progresivas que el Estado nacional que conduce Cristina?

* Menos que menos se entiende que tenga algo que ver con la regresividad cuanto le toca del total de la "torta" a las provincias (sobre todo si no se plantea o discute cuánto le toca a cada una), cuando además se dicen disparates, como meter en el cálculo de los recursos a las contribuciones de la seguridad social, que financian (en parte) prestaciones universales para gente en todo el país, en las mismas condiciones y sin distinguir en que provincia viven.

* Señalar como un signo de regresividad que aumente la presión tributaria medida en términos de participación del PBI, y que esto revele un mayor peso del Estado en el conjunto de la economía es directamente una falacia neoliberal: las sociedad más justas y equilibradas tienen una muy alta presión fiscal (mucho más incluso que la Argentina), y una presencia muy activa del Estado en su economía; en todo caso lo interesante sería discutir la calidad del gasto público, no su tamaño.

* Desde el punto de vista estrictamente tributario, es un soberano disparate plantear que un sistema es regresivo cuando se verifica (como en el caso argentino) un incremento en la participación en el PBI del Impuesto a las Ganancias (que es un tributo directo que grava la riqueza), y de los Derechos de Exportación; que captan para el Estado rentas diferenciales (y en algunos casos extraordinarias) fruto de ventajas comparativas particulares (caso del campo) y la diferencia entre producir a un costo (con salarios, precios internos, impuestos, energía y servicios en moneda nacional), y vender a otro (en moneda dura, con tipo de cambio administrado y por años sostenido para que no cayera).

* Aun asumiendo que los números del Presupuesto nacional 2013 conllevarían la no suba del mínimo no imponible de la cuarta categoría de Ganancias (algo sobre lo que el informe meramente conjetura, pero no aporta ningún dato concreto para corroborar la hipótesis), no se puede obviar que la mayor contribución al impuesto proviene de las personas jurídicas (empresas y sociedades), y no de los personas físicas; y aun dentro de éstas, cualquier sistema impositivo que se precie de progresivo, no puede dejar de gravar salarios altos (que discutamos cuan altos, es otro tema).

* Aunque no tenga nada que ver con la progresividad o regresividad del sistema impositivo argentino (pero ellos lo introdujeron en ese contexto), no se entiende la queja de Economía & Regiones sobre que las provincias participan en menor medida del producido de los derechos de exportación ("sólo reciben el 30 % de lo recaudado por las exportaciones del complejo sojero", dice el informe); cuando no cambió el porcentaje del Fondo Federal Solidario (que es la parte que se transfiere a las provincias), y cuando -de acuerdo con la Constitución- el Estado nacional no tendría ninguna obligación de coparticipar a las provincias un sólo peso de esos ingresos, y si en parte lo viene haciendo es por pura y exclusiva decisión de Cristina desde el Decreto 206/09.