¿LA CORTARÁ LA CORTE?

El discurso de Cristina en el acto de ayer estuvo plagado de referencias al Poder Judicial, que fueron dardos dirigidos de un modo directo o indirecto a la Corte Suprema; que más tarde o más temprano deberá decidir el destino de la ley de medios en la causa de Clarín.

Cristina hizo una alto en la historia de los golpes de Estado en la Argentina, para recordar que en 1930 el derrocamiento de Yrigoyen fue avalado por una acordada de la Corte de entonces, en un momento en el que circula cada vez con mayor insistencia la idea del lanzamiento de Lorenzetti a la arena política (en la versión amable: Lorenzetti 2015), o su participación en alguna maniobra seudo institucional, aprovechando su ubicación en la línea de sucesión presidencial (la versión rústica: Lorenzetti 2013).

También recordó que en el 2004 Nazareno pretendió extorsionar a Kirchner con los fallos de la Corte (no lo dijo, pero referían al pago de las deudas del "corralito" en efectivo, y no con bonos; y a los juicios por el 82 % móvil), y Néstor lo denunció en cadena nacional, dando inicio al mecanismo del juicio político que removería a la mayoría automática menemista: no se trata de que esté pensando hacer lo mismo, pero el mensaje de respuesta a la solicitada corporativa del jueves pasado (debida a la pluma de Lorenzetti) fue nítido.

Vinculó a los fallos judiciales con otras herramientas de presión política (como los fierros mediáticos, expresión que atribuyó a Néstor, pero que ella misma bautizó en medio del conflicto agropecuario, y comparó también las tapas de un diario, y los fallos judiciales); en obvia respuesta a la mención en el comunicado judicial del artículo 109 de la CN: la contracara de que los presidentes no puedan decidir causas judiciales (tal lo que dice la norma), es que los jueces no pueden incursionar abiertamente en política, o pretender sustituir las decisiones del Ejecutivo y el Congreso o condicionarlas. La división de poderes es una avenida de doble vía, y no funciona en un sólo sentido. 

Al elogiar el proceso de renovación de la Corte encarado por Kirchner, hizo especial hincapié en destacar que no puso allí ningún amigo, y hasta incluyó algún opositor: quedará en Lorenzetti y sus colegas llegados al tribunal de la mano del kirchnerismo determinar en que categoría se ubican, pero Cristina despejó de antemano la duda sobre su vinculación con el gobierno; de cara a cualquier fallo futuro sobre la ley de medios: si es a favor del gobierno, bien podrían presentarlo como una muestra de independencia; si fuera en contra, tendrán que dar más explicaciones, desde el propio sitial olímpico en el que se situaron los jueces en su comunicado del jueves pasado.

Del mismo modo que puso en su contexto la idea de la división de los poderes, lo hizo con el concepto del decoro republicano, que se exige con lupa crítica a los funcionarios del Ejecutivo y legisladores, pero se omite con los jueces: Recondo, Guarinoni, De Las Carreras y los camaristas recusados corrieron hacia abajo la vara para medirlo cuando de ellos se trata, superando el límite de la decencia: nepotismo, conflictos abiertos de intereses que no les impidieron fallar y favorecer intereses privados, dádivas, procedimientos oscuros para seleccionar jueces "confiables"; en fin; todo aquéllo que desde las tribunas republicanas se les suele achacar como vicios a los políticos y a la política.

Y por último la referencia al juez Griesa, y a los Griesa de adentro; mencionando explícitamente el caso del juez (agregamos nosotros: el camarista de la Seguridad Social recusado por la ANSES, al que la Corte defendió con su fallo de la semana pasada) que cuestiona sistemáticamente la política previsional del gobierno, como por ejemplo la ley de inclusión previsional o la AUH.

En ésta entrada decíamos nosotros -en el mismo registro del discurso presidencial- que la Corte y los demás jueces habían enviado señales y mensajes al Ejecutivo, al mejor estilo Griesa: el fallo rechazando las recusaciones de la ANSES, y la prórroga de la cautelar de Clarín por parte de la Cámara Civil y Comercial están cortados por la misma tijera del juez neoyorquino; porque más allá de las consideraciones jurídicas, fueron respuestas del poder tribunal al discurso público del gobierno.

Tanto al de Cristina, cuando habló de los buitres y caranchos judiciales que existen en el país, como al de Alak, cuando advirtió que prorrogar la cautelar que impide la plena vigencia de la ley de medias, implicaba un alzamiento judicial contra los poderes electivos. Y si no les alcanza con nuestra opinión o la de Cristina, acá Clarín de hoy interpreta lo mismo.

La Corte Suprema quedó en el ojo de la tormenta, a partir de su propia actitud en el derrotero de la causa de la ley de medios: en ésta nota de Página 12 de ayer Fernando Krakowiak cuenta el tortuoso paso de la ley por los tribunales, y todas las argucias y chicanas desplegadas por el Grupo; y en ésta otra del mismo diario y día, Edgardo Mocca relaciona con precisión las viscisitudes de la causa, con el panorama político del país en cada momento, y muestra como fue el propio Poder Judicial el que relacionó ambas cosas.

Por otra parte, la hipótesis de una candidatura presidencial de Lorenzetti es manejada con insistencia desde hace tiempo, y en éste blog la esbozamos acá hace más de cinco meses; y el presidente de la Corte nuncá se tomó el trabajo de desacreditar las versiones que lo señalaban ingresando al terreno político, la última nada menos que de otro juez del tribunal (Fayt): un olvido que, en alguien tan cuidadoso del más mínimo de los detalles formales (como desdoblar la comunicación de la resolución que desestimaba avocarse a tratar el pedido de Clarín de prorrogar la cautelar), suena como mínimo extraño.  

Cuando se plantea que no se puede criticar a la Corte desde el kirchnerismo porque su renovación fue uno de los logros institucionales más importantes del gobierno de Néstor, se simplifica el análisis; porque si es incuestionable que lo fue porque mejoró sustancialmente la calidad del tribunal y sus fallos, también lo es que la conducta de la Corte fue una cuando le tocó resolver sobre temas vinculados a las libertades públicas o derechos ciudadanos; y otra bien distinta cuando de lo que se trató fue de resolver asuntos espinosos para el poder económico; y si no véanse los ejemplos que en su momento citamos en éste post.

O dicho de otro modo: si algún juez de la Corte (como Lorenzetti) se comporta de un modo directo o indirecto (por ejemplo poniéndole la pluma a un comunicado corporativo afrentoso para el gobierno elegido por el 54 % de los votos) como Nazareno, no puede exigir airadamente ser tratado de un modo distinto.

La Corte además (como lo planteaba ayer Mario Wainfeld en Página 12) nunca terminó de afirmarse claramente como el gobierno político del Poder Judicial, capaz de imponer ritmos y criterios a los demás jueces y tribunales: piénsese sino en las increíbles demoras de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en muchos juzgados federales del interior, o en la carta blanca que le dieron por años a las maniobras delictivas del juez Armella en la causa por la contaminación del Riachuelo, hasta que las investigaciones de Horacio Verbitsky las sacaron a la luz. Citamos ex profeso dos casos en que la decisión de la Corte fue avanzar en una determinada dirección, y no (como en el caso de la ley de medios), patear las definiciones para más adelante.

Es muy probable (diríamos que casi seguro) que en estos días la Corte rechace el per saltum intentado por el gobierno para que se avoque a tratar la prórroga de la cautelar concedida a Clarín por la Cámara Civil y Comercial; y que no le falten argumentos técnicos o formales, como también es muy probable que conceda el recurso extraordinario común (para lo cual tendrá que forzar su propia doctrina de no admitirlo en el caso de cautelares); que tiene otro trámite, y una diferencia sustancial: en éste caso no se suspendería la decisión de la Cámara, y por ende no caería la cautelar que protege al Grupo de desinvertir, cosa que sí sucedería si el tribunal decidiera tramitar el per saltum, de acuerdo con la reforma introducida hace poco.

No se trata de tecnicismos, sino de que la Corte viene explotando al máximo los vericuetos del sistema procesal para posponer una definición, y sobreactuando su independencia mientras no se define: el rechazo del viernes pasado al planteo de Clarín pidiendo rechazar in límine el per saltum del gobierno, va en esa dirección, porque es muy probable que la propia Corte lo termine rechazando finalmente, pero dirá que lo hace por sus propias razones.

Posponer una definición en el caso de la ley de medios también le permite a la Corte (además de balconear el panorama político) no exhibir en público entre sus integrantes diferencias; que se presten a ciertas lecturas políticas, o a convalidar algunas ya instaladas, como la proyección política de Lorenzetti.

Pero esa estrategia (claramente política, incompatible con la sacrosanta invocación a la división de poderes y al artículo 109 de la CN) tiene sus límites; y como consecuencia de esa falta de gobierno efectivo sobre el Poder Judicial de la nación del que se hablaba antes (el fallo de la Cámara en la prórroga de la cautelar la desafía abiertamente en no menos de tres o cuatro cuestiones centrales vinculadas a la causa), ante cada pedaleo del caso por la Corte, no tiene ni ella misma garantías de como responderán los demás jueces que deben fallar sobre la ley de medios; antes de tener que opinar.

Pruebas al canto: en mayo del 2010 (hace más de dos años y medio), en la primera oportunidad en que la Corte debió expedirse en la causa de la ley de medios, eludió fijar ella misma un plazo de vigencia a la cautelar, y otro al juez de primera instancia para resolver el fondo de la cuestión, para poner las cosas en su cauce; y así posibilitó que se llegara a este estado de cosas, en el que la misma Corte tuvo que pedirles a jueces y camaristas que se apuren, y trabajen los fines de semana.

Pedido incompatible con rechazar avocarse a tratar el per saltum pedido por el gobierno; algo que seguramente hará con argumentos formales, porque de lo contrario debería decir (para rechazar el planteo) que no hay gravedad institucional o no está comprometida la vigencia de una  norma de derecho federal, lo que sería un absurdo.

Y si rechazara el per saltum por cuestiones formales, la Corte también se autoeximiría de cuestionar el fallo de la Cámara que va en abierta contradicción con el suyo del 22 de mayo, en cuanto al cómputo del plazo de vigencia de la cautelar, el inicio o no del plazo de desinversión del artículo 161 para Clarín o el carácter irreparable o no de las eventuales lesiones a derechos patrimoniales que están en juego con las normas desmonopolizadoras de la LSCA: es decir, el corazón de la disputa jurídica y política entre el Estado nacional y el Grupo Clarín.

Demasiados esfuerzos para esquivarle el bulto a las definiciones de fondo, mantener la vigencia de una cautelar impresentable decidida en condiciones bochornosas (por dos jueces, uno acusado de recibir dádivas de una de las partes en litigio) y transferirle toda la responsabilidad al juez Alfonso.

Las maniobras de equilibrista de Lorenzetti (con el calendario electoral en una mano, y los tiempos procesales en la otra) están cerca de encontrar su límite, porque además es llamativo que, para un juez y una Corte tan atentos a los sensibles cambios del humor social y a las viscisitudes políticas y electorales, pareciera haber pasado desapercibido el contundente pronunciamiento ciudadano del 23 de octubre del año pasado. 

Más temprano que tarde Lorenzetti y la Corte deberán resolver la causa de la ley de medios (importante, pero que en éste contexto no deja de ser anecdótica), porque los tiempos políticos (más allá de los procesales) no sólo corren para el gobierno o para Clarín, sino también para ellos; y habrá que ver entonces hasta donde son capaces de ser verdaderamente independientes, de todo y de todos.