Leemos en El Cronista: "Los castillos electorales que viene tejiendo el oficialismo alrededor de la elección de consejeros de la Magistratura pueden caerse abruptamente al piso, debido a que la Corte Suprema de Justicia está analizando si puede impedirla de oficio. Esto se lograría si el Tribunal inhabilita por acordada la pertinente ley de democratización de la Justicia, sin esperar a tener un caso sobre el cual fallar. Hay cuatro importantes antecedentes de acordadas contra leyes que pretendieron recortar poder de la Corte, uno firmado por la actual composición del Tribunal.
La posibilidad de no esperar a que llegue un caso y a que sea demasiado tarde para conservar la independencia del Poder Judicial fue planteado al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por los presidentes de Cámaras de Apelaciones en una reunión que mantuvieron los magistrados el martes de la semana pasada.
Pero a esos camaristas no se les escapa que dar o no dar este paso dividirá las aguas en la Corte. Prevén que su presidente Ricardo Lorenzetti podría encabezar las firmas de la acordada que impida la elección de consejeros, una vez que esta posibilidad tome cuerpo, y que lo acompañarían Juan Carlos Maqueda –ya muy encolumnado con el gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota–, Carmen Argibay y Carlos Fayt. Este número crítico –creen– podría volcar a su favor también el voto de Elena Highton de Nolasco. En cambio, Eugenio Zaffaroni se mantendría más cercano al Gobierno y Enrique Petracchi podría evitar confrontar, debido a que ya está en edad de retirarse y sólo lo sostiene en el cargo una medida cautelar.
Para los presidentes de Cámaras, en esta ocasión están en juego, tanto las atribuciones de la Corte de manejo de la política salarial y del Presupuesto que las leyes de reforma de la Justicia transfiere al Consejo de la Magistratura –yendo más allá del artículo 114 de la Constitución nacional–, como la independencia del Poder Judicial.
Los magistrados plantean que el hecho de que los jueces y los abogados ya no serán quienes elijan a sus propios representantes en el Consejo de la Magistratura, romperá el debido equilibrio en ese órgano.
La inhabilitación de una ley por acordada no se puso por primera vez sobre la mesa ante la magnitud de la embestida del Gobierno, sino que la Corte ya recurrió a actuaciones de oficio en cuatro ocasiones, la más reciente cuando ya estaba constituida por sus siete integrantes actuales. El 1 de noviembre de 2005, con las firmas de Petracchi, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay, actuó respecto de una ley que había dado competencias de los Tribunales Orales del Crimen a las Cámaras Federales del interior, que eran funciones de la Corte como órgano de superintendencia. El 9 de febrero de 2000, declaró inaplicables varios artículos de la Ley de Etica Pública. Y la primera intervención es de los ‘80. " (los subrayados son nuestros)
La posibilidad de no esperar a que llegue un caso y a que sea demasiado tarde para conservar la independencia del Poder Judicial fue planteado al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por los presidentes de Cámaras de Apelaciones en una reunión que mantuvieron los magistrados el martes de la semana pasada.
Pero a esos camaristas no se les escapa que dar o no dar este paso dividirá las aguas en la Corte. Prevén que su presidente Ricardo Lorenzetti podría encabezar las firmas de la acordada que impida la elección de consejeros, una vez que esta posibilidad tome cuerpo, y que lo acompañarían Juan Carlos Maqueda –ya muy encolumnado con el gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota–, Carmen Argibay y Carlos Fayt. Este número crítico –creen– podría volcar a su favor también el voto de Elena Highton de Nolasco. En cambio, Eugenio Zaffaroni se mantendría más cercano al Gobierno y Enrique Petracchi podría evitar confrontar, debido a que ya está en edad de retirarse y sólo lo sostiene en el cargo una medida cautelar.
Para los presidentes de Cámaras, en esta ocasión están en juego, tanto las atribuciones de la Corte de manejo de la política salarial y del Presupuesto que las leyes de reforma de la Justicia transfiere al Consejo de la Magistratura –yendo más allá del artículo 114 de la Constitución nacional–, como la independencia del Poder Judicial.
Los magistrados plantean que el hecho de que los jueces y los abogados ya no serán quienes elijan a sus propios representantes en el Consejo de la Magistratura, romperá el debido equilibrio en ese órgano.
La inhabilitación de una ley por acordada no se puso por primera vez sobre la mesa ante la magnitud de la embestida del Gobierno, sino que la Corte ya recurrió a actuaciones de oficio en cuatro ocasiones, la más reciente cuando ya estaba constituida por sus siete integrantes actuales. El 1 de noviembre de 2005, con las firmas de Petracchi, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay, actuó respecto de una ley que había dado competencias de los Tribunales Orales del Crimen a las Cámaras Federales del interior, que eran funciones de la Corte como órgano de superintendencia. El 9 de febrero de 2000, declaró inaplicables varios artículos de la Ley de Etica Pública. Y la primera intervención es de los ‘80. " (los subrayados son nuestros)
A ver si se entiende:
* Mientras en el Congreso los representantes del pueblo -elegidos por él- discuten reformas al único poder que ese mismo pueblo no vota, la oligarquía de ese poder (que eso son los camaristas, más o menos) se reúne con el presidente de la Corte; para que asuma la defensa de la corporación judicial; frenando las leyes apenas se sancionen.
* Para eso, como se trata de leyes que afectan al Poder Judicial (más bien a sus integrantes, algunos sobre todos), le recuerdan a Lorenzetti que para abortar las leyes que el Congreso está tratando no es necesario que haya una causa concreta (como le pasaría a cualquier ciudadano común si quiere reclamar en la justicia), sino que lo pueden hacer mediante una acordada de la Corte.
* Uno de los ministros de la Corte opinaría en contra de las reformas, porque está encolumnado políticamente con un dirigente político opositor al gobierno nacional (De La Sota); aunque cuando fue recusado por la ANSES en el reclamo de Córdoba, no se excusó de intervenir, y los demás jueces de la Corte rechazaron la recusación.
* Otro no opinaría, porque está excedido de la edad que establece la Constitución para seguir en su cargo, pero permanece en funciones por vía de una cautelar; aspecto éste (las cautelares dictadas en los juicios en los que el Estado es parte), que regulan los proyectos de reformas que mandó Cristina.
* Otro que se menciona en la nota comovotando a favor de frenar las leyes de la reforma de la justicia, (Fayt) también permanece en el cargo, porque logró que se declarara inconstitucional a la propia Constitución.
Y hablando de cautelares: ese mismo juez está en la Corte desde hace años, frenando el reclamo de la AFIP para cobrarle deudas previsionales a La Nación, con una cautelar (sí, cautelar, ¿les suena?) que lleva 10 años; para hacerle un favorcito a su cuñado, Escribano.
* Lo que verdaderamente les preocupa a los camaristas de las reformas al Consejo de la Magistratura (que sería ahora votado por el pueblo) es el manejo del presupuesto del Poder Judicial, o sea la guita: básicamente el hecho de que la atribución de fijar los sueldos de los jueces (entre ellos, los de los propios camaristas) pase de la Corte al Consejo.
Que no es ni más ni menos que lo que dice el artículo 114 inciso 3) de la Constitución Nacional: "Serán sus atribuciones (del Consejo)...3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia."
* La Corte tiene a fallo hace años un expediente donde se planteó la inconstitucionalidad de la Ley 26080 del 2006, que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura para darle preeminencia a los representantes de los poderes elegidos por el pueblo, por sobre los de las corporaciones de abogados y jueces.
Como ahora todos los miembros del Consejo serían elegidos por el voto popular, los camaristas le plantean a Lorenzetti que el equilibrio del que habla la Constitución, se romperá si no se siguen eligiendo sólo entre ellos (jueces y abogados); y que se expida rápido, incluso sin tener una causa concreta.
* La acordada de febrero del año 2000 que menciona la nota, es aquélla en la cual la Corte decidió que los jueces no estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y que estuvieran disponibles en Internet, como lo mandaba la Ley 25.188 de ética pública.
Ley que se dictó porque lo mandaba la propia Constitución Nacional (ésa que estos jueces dicen defender, cuando se oponen a las reformas) en su artículo 36. Recordemos que uno de los proyectos enviados por Cristina dispone precisamente eso: que los jueces presenten sus declaraciones juradas patrimoniales, y estén disponibles en Internet.
* El racconto que hace El Cronista de los casos en que la Corte se expidió por acordadas sin esperar una causa concreta en la que fallar) vetando leyes que afectaban al Poder judicial, omite sugestivamente una: la Acordada 20/96, por la que la Corte menemista (con Fayt y Petracchi adentro, y mantenida hasta hoy) declaraba inconstitucional la ley que obligaba a los jueces, a pagar Impuesto a las Ganancias.
* La nota no lo menciona, pero considerando el tenor de los reclamos que los camaristas le llevaron a Lorenzetti, no es descabellado suponer que, invalidando las reformas, pretenden que vuelva a ellos el poder de designar jueces subrogantes (que la reforma pone en manos del Consejo de la Magistratura); función en la que descollara el amigo Recondo, o los secretarios de los juzgados; y que seguramente objetarán (aunque no puedan decirlo en público) el régimen de ingreso por concurso de los empleados administrativos y de servicio del Poder Judicial.
Ahí está planteando, con crudeza, el núcleo duro de lo que defienden éstos tipos: sus sueldos y la atribución de fijárselos, privilegios impositivos, el derecho a quedarse en sus cargos hasta que se les cante aunque se oponga a la Constitución, el manejo de la guita de la justicia, la posibilidad de acomodar amigos y parientes dentro de la "famiglia" judicial, la oscuridad de su patrimonio y los "beneficios" que reciben.
Como viajes pagos a Miami, sin ir más lejos; algo de mucha actualidad por éstos días.
Encima tienen la ventaja de que un montón de boludos salgan hoy a cacerolear para defender lo mismo, aunque crean que lo hacen "por una justicia independiente", o para que los funcionarios corruptos (del gobierno nacional, obviamente) no queden impunes.
En el fondo quien sabe si no tendríamos que agradecerles a estos camaristas: pocos han arrimado tantos argumentos a favor de los proyectos que impulsa el gobierno.
Aunque no hay que descartar el aporte que al efecto hacen estos muchachos:
Que por si alguno no se acuerda quienes son, acá Infobae se los recuerda: "La agrupación que incluye entre sus miembros a los principales ejecutivos de empresas como Arcor (Luis Pagani), Techint (Paolo Roca), Grupo Clarín (Héctor Magnetto), Laboratorios Bagó (Sebastián Bagó), Grupo Miguens (Carlos Miguens), Grupo Roggio (Aldo Roggio), Coto (Alfredo Coto), o Fiat Argentina (Christiano Ratazzi)..."
La lista completa acá:
Habrá que pensar un poco que interés tiene esta buena gente en que en la justicia todo siga igual que como hasta ahora.
O que no se toque el tema de las cautelares ponéle.
* Uno de los ministros de la Corte opinaría en contra de las reformas, porque está encolumnado políticamente con un dirigente político opositor al gobierno nacional (De La Sota); aunque cuando fue recusado por la ANSES en el reclamo de Córdoba, no se excusó de intervenir, y los demás jueces de la Corte rechazaron la recusación.
* Otro no opinaría, porque está excedido de la edad que establece la Constitución para seguir en su cargo, pero permanece en funciones por vía de una cautelar; aspecto éste (las cautelares dictadas en los juicios en los que el Estado es parte), que regulan los proyectos de reformas que mandó Cristina.
* Otro que se menciona en la nota comovotando a favor de frenar las leyes de la reforma de la justicia, (Fayt) también permanece en el cargo, porque logró que se declarara inconstitucional a la propia Constitución.
Y hablando de cautelares: ese mismo juez está en la Corte desde hace años, frenando el reclamo de la AFIP para cobrarle deudas previsionales a La Nación, con una cautelar (sí, cautelar, ¿les suena?) que lleva 10 años; para hacerle un favorcito a su cuñado, Escribano.
* Lo que verdaderamente les preocupa a los camaristas de las reformas al Consejo de la Magistratura (que sería ahora votado por el pueblo) es el manejo del presupuesto del Poder Judicial, o sea la guita: básicamente el hecho de que la atribución de fijar los sueldos de los jueces (entre ellos, los de los propios camaristas) pase de la Corte al Consejo.
Que no es ni más ni menos que lo que dice el artículo 114 inciso 3) de la Constitución Nacional: "Serán sus atribuciones (del Consejo)...3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia."
* La Corte tiene a fallo hace años un expediente donde se planteó la inconstitucionalidad de la Ley 26080 del 2006, que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura para darle preeminencia a los representantes de los poderes elegidos por el pueblo, por sobre los de las corporaciones de abogados y jueces.
Como ahora todos los miembros del Consejo serían elegidos por el voto popular, los camaristas le plantean a Lorenzetti que el equilibrio del que habla la Constitución, se romperá si no se siguen eligiendo sólo entre ellos (jueces y abogados); y que se expida rápido, incluso sin tener una causa concreta.
* La acordada de febrero del año 2000 que menciona la nota, es aquélla en la cual la Corte decidió que los jueces no estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y que estuvieran disponibles en Internet, como lo mandaba la Ley 25.188 de ética pública.
Ley que se dictó porque lo mandaba la propia Constitución Nacional (ésa que estos jueces dicen defender, cuando se oponen a las reformas) en su artículo 36. Recordemos que uno de los proyectos enviados por Cristina dispone precisamente eso: que los jueces presenten sus declaraciones juradas patrimoniales, y estén disponibles en Internet.
* El racconto que hace El Cronista de los casos en que la Corte se expidió por acordadas sin esperar una causa concreta en la que fallar) vetando leyes que afectaban al Poder judicial, omite sugestivamente una: la Acordada 20/96, por la que la Corte menemista (con Fayt y Petracchi adentro, y mantenida hasta hoy) declaraba inconstitucional la ley que obligaba a los jueces, a pagar Impuesto a las Ganancias.
* La nota no lo menciona, pero considerando el tenor de los reclamos que los camaristas le llevaron a Lorenzetti, no es descabellado suponer que, invalidando las reformas, pretenden que vuelva a ellos el poder de designar jueces subrogantes (que la reforma pone en manos del Consejo de la Magistratura); función en la que descollara el amigo Recondo, o los secretarios de los juzgados; y que seguramente objetarán (aunque no puedan decirlo en público) el régimen de ingreso por concurso de los empleados administrativos y de servicio del Poder Judicial.
Ahí está planteando, con crudeza, el núcleo duro de lo que defienden éstos tipos: sus sueldos y la atribución de fijárselos, privilegios impositivos, el derecho a quedarse en sus cargos hasta que se les cante aunque se oponga a la Constitución, el manejo de la guita de la justicia, la posibilidad de acomodar amigos y parientes dentro de la "famiglia" judicial, la oscuridad de su patrimonio y los "beneficios" que reciben.
Como viajes pagos a Miami, sin ir más lejos; algo de mucha actualidad por éstos días.
Encima tienen la ventaja de que un montón de boludos salgan hoy a cacerolear para defender lo mismo, aunque crean que lo hacen "por una justicia independiente", o para que los funcionarios corruptos (del gobierno nacional, obviamente) no queden impunes.
En el fondo quien sabe si no tendríamos que agradecerles a estos camaristas: pocos han arrimado tantos argumentos a favor de los proyectos que impulsa el gobierno.
Aunque no hay que descartar el aporte que al efecto hacen estos muchachos:
Que por si alguno no se acuerda quienes son, acá Infobae se los recuerda: "La agrupación que incluye entre sus miembros a los principales ejecutivos de empresas como Arcor (Luis Pagani), Techint (Paolo Roca), Grupo Clarín (Héctor Magnetto), Laboratorios Bagó (Sebastián Bagó), Grupo Miguens (Carlos Miguens), Grupo Roggio (Aldo Roggio), Coto (Alfredo Coto), o Fiat Argentina (Christiano Ratazzi)..."
La lista completa acá:
Habrá que pensar un poco que interés tiene esta buena gente en que en la justicia todo siga igual que como hasta ahora.
O que no se toque el tema de las cautelares ponéle.
che, siguen reverenciando a peron e Irigoyem ?.denale cuerda al relos
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