CHEQUE: ANTES DEL ESCÁNDALO, AVISAMOS

En estos tiempos de revival del 2009 (por los resultados electorales, por lo que puede pasar en consecuencia en el Congreso), al igual que en aquéllas épocas felizmente superadas, la discusión por el impuesto al cheque vuelve a ser algo así como "el tema" que rodea la aprobación del paquete de leyes económicas que el gobierna necesita para encarar la gestión en 2014.

Más incluso que el mismo presupuesto, o la prórroga de la emergencia económica; que como dijéramos acá, es a su vez un debate que se falsea desde el vamos, confundiendo lo que es una herramienta de gobierno para gestionar, con una discusión sobre la salud de la economía.  

Ya hay sectores de la oposición que están planteando que -además de votar en contra la prórroga del impuesto- irán a la justicia reclamando por una presunta inconstitucionalidad, si la prórroga se aprueba con mayoría simple sobre el total de los presentes en la sesión, y no contada sobre el total de los miembros de la Cámara.

Se viene diciendo que el FPV conseguiría los 129 diputados para tener quórum y sesionar (y hasta uno o dos más), pero no contaría con esos mismos números para aprobar la prórroga del impuesto; que representa unos 70.000 millones de pesos.

El impuesto fue establecido por primera vez en el 2001 por la Ley 25.413, y desde entonces prorrogado porque así lo exige la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 2). Para esa prórroga de los impuestos nacionales que se coparticipan a las provincias (salvo la parte de los mismos que tenga una asignación específica) la Constitución no exige ninguna mayoría especial o agravada: una vez que se logra el quórum en una Cámara para sesionar, basta la mayoría simple sobre los presentes, para aprobarlo.

La discusión gira no ya torno a la subsistencia o no del impuesto, sino a su reparto; tanto que nadie está pidiendo hoy eliminar el impuesto, sino distribuirlo de otro modo entre la Nación y las provincias: el 15 % del producido total del impuesto está destinado a la ANSES para financiar la seguridad social, otro 15 % va al conjunto de las provincias y el 70 % está destinado al Tesoro nacional de acuerdo con la modificación que hizo en el 2006 la Ley 26.180; creando una asignación específica en los términos del artículo 75 inciso 3) de la CN.   

Ese artículo de la Constitución (en rigor, otro inciso del mismo artículo que habla de los impuestos nacionales coparticipables) dice que el Congreso puede "Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.".

El argumento del FPV es que con la prórroga del impuesto no se está ni estableciendo ni modificando una asignación específica de recursos coparticipables (de acuerdo al proyecto del PE, el reparto seguiría igual); por lo que basta una mayoría simple de votos positivos, contada sobre los presentes.

Y ése fue el criterio que se siguió en -por lo menos- las dos últimas prórrogas. La imagen de apertura del post corresponde al acta de la votación de la Ley 26.730 (prórroga del 2011, que se vence ahora) y acá pueden ver la de la Ley 26.545 (prórroga del 2009 al 2011):

Hay un núcleo duro de la oposición (el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo federal) que siempre vota en contra, y seguramente lo hará nuevamente ahora, pero la postura del amplio arco del "progresismo" es fluctuante.

En el 2009 (ver acá el acta) votaron en contra los juecistas cordobeses, los socialistas y casi todos sus socios en lo que hoy es el FAP, así como algunos que ya no están allí.  

Sin embargo en el 2011, que fue la última prórroga, (ver acá el acta correspondiente), sorprendentemente votaron a favor -entre otros- los juecistas, Proyecto Sur (Argumedo, Cardelli), Claudio Lozano y los socialistas, incluyendo por supuesto todos los santafesinos: Barchetta, Alicia Ciciliani, Elida Rasino y Zabalza.

Lo de los socialistas santafesinos es ciertamente para el diván: en el 2009 votaron en contra y en el 2011 a favor, una ley que es exactamente igual; tanto que simplemente prorroga la vigencia de los artículos 1 a 6 de la Ley 25.413, incluyendo el artículo 3 modificado por la Ley 26.180, que es el que establece la distribución del impuesto o más exactamente, la asignación del 70 % al tesoro nacional.

Y es muy extraño porque justamente uno de los juicios que decidió llevar adelante Binner contra la Nación cuando fue gobernador de Santa Fe (contratando en forma directa al estudio de Gil Lavedra), es el que plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.180 que dispuso que el 70 % del impuesto al cheque fuera al tesoro nacional: ver acá la información.

Tampoco se diga que fue un capricho de Binner porque Bonfatti a los dos meses de asumir (y dos meses después de que los diputados socialistas votaran a favor la prórroga y distribución del impuesto) ratificó la continuidad del juicio (ver acá).

En todo caso y puestos a buscar una explicación a contradicciones tan notorias (los socialistas votando a favor en 2011 lo que votaron en contra en el 2009, y por lo que hicieron juicio en el 2010, ratificado en el 2012), de poco ayudan los debates jurídicos o constitucionales porque el texto de la ley fue siempre el mismo en todos estos años, o las apelaciones al federalismo porque el reparto de los fondos también viene siendo el mismo desde el 2006.

En todo caso lo que cambia es el contexto político en el que se discute, desde aquél 54,11 % de Cristina en el 2011 a los resultados de las PASO de éste año; donde seguramente la oposición intentará hacer de esto un escándalo con rédito electoral a semanas de las elecciones generales, y de paso si puede, desfinanciar en parte al Estado nacional; algo a lo que son particularmente afectos.   

Después si se levantan enojados de la sesión amenazando con ir a los tribunales a presentar un amparo, no digan que no les avisamos.