EL TERRENO DE LA CONFUSIÓN

Santa Fe no escapa al tono general del país, y la campaña electoral de cara a las generales de octubre tiñe cada acontecimiento, pero la semana que termina fue especialmente movida; con los hechos y decisiones institucionales vinculados a la seguridad en primerísimo plano.

Mientras desde el gobierno provincial (empezando por el propio gobernador) se alzaba la protesta por el retiro de gendarmes para desplegarlos en el conurbano bonaerense, un mega-operativo protagonizado por fuerzas federales y comandado por Sergio Berni daba en Funes con la cocina de droga más grande del país.

La dinámica de los acontecimientos puso a los funcionarios provinciales (que no participaron de la movida) a pasar en horas, de criticar por centralista el plan de seguridad anunciado por el gobierno nacional por el retiro de los gendarmes; a elogiar -sin solución de continuidad- el trabajo conjunto en el caso del operativo de Funes; en el que la policía provincial no participó, y el ministro Lamberto se enteró por los medios.

Lo de los gendarmes merece un párrafo: no se entiende como ahora molesta el retiro de quienes se dijo -por años- ya no estaban en Santa Fe, porque el gobierno nacional los había sacado; y si todo el esquema de seguridad provincial reposa en su presencia (al menos eso es lo que se desprende del estrépito de la crítica) ¿dónde queda el rol de la policía provincial, que tiene casi 18.000 efectivos, y que el gobernador aspira a convertir en la mejor del país? 

Galassi señaló que el operativo de Funes tuvo su origen en una denuncia judicial de la Secretaría de Delitos Complejos por lavado de dinero en un caso de propiedades de origen injustificado en San Lorenzo, pero omitió un par de detalles relevantes: los propios funcionarios provinciales del área (la hija del diputado Zabalza) destacaron en ese caso la importancia de que el lavado sea autónomo como delito y no resulte necesario demostrar previamente que hay -por ejemplo- narcotráfico como fuente del dinero con el que se adquirieron los bienes (basándose en una ley que el socialismo y sus aliados no votaron en el Congreso, como recordamos acá); y el narco que regenteaba la cocina de Funes obtuvo excepciones a las normas de ordenamiento urbano en San Lorenzo para montar importantes inversiones (alumbrando por ejemplo a cambio cuadras de la ciudad, a su costa), con el voto de los concejales del Frente Progresista Cívico y Social. 

Como sea, lo importante es que la justicia (algunos de cuyos funcionarios, como el fiscal Murray, fueron objetos de pintadas por militantes del oficialismo acusándolo de connivencia con los narcos) actuó, la droga fue incautada y -a diferencia de otros casos- los narcos fueron detenidos.

La Legislatura estuvo movida también: los diputados del FPV-PJ pidieron al gobernador la remoción de la funcionaria responsable de las políticas de género del gobierno provincial; luego de su deslucido paso por la Cámara para explicar cuáles son las políticas en curso en el área ante el alarmante aumento de los casos de femicidio en Santa Fe; y Diputados dio media sanción (con amplio respaldo de todos los bloques) al proyecto del diputado Toniolli (Movimiento Evita) para crear la llamada policía judicial; un órgano de investigación de los delitos complejos profesionalizado y dependiente del Ministerio Público de la Acusación, creado a partir de la reforma procesal penal votada en 2006, cuya implementación plena está todavía pendiente.

Justamente el Ministerio Público estuvo en el ojo de la tormenta por las designaciones producidas en los últimos días, que recayeron en su mayoría en parientes de dirigentes radicales (una constante de los últimos años) y hasta en algún ex funcionario reutemanista; y la Asamblea Legislativa convocada para tratar 15 pliegos para cargos en la justicia (que iban a ser rechazados en algunos casos por el PJ por el bajo puntaje de los propuestos en los concursos) fracasó porque los diputados de la UCR no dieron quórum: un pase de facturas a sus socios del socialismo porque el ministro de Justicia desplazó a Roberto Vicente (secretario de Justicia y operador del radicalismo en los tribunales) de su cargo de presidente del Consejo de la Magistratura.

La decisión (sin dudas ordenada por Bonfatti) tocó un nervio sensible de la alianza gobernante, que pautó un esquema de reparto de designaciones en la justicia y en los nuevos órganos creados por la reforma (en Rosario para los socialistas, en Santa Fe para los radicales), pero donde Vicente habría incurrido en desprolijidades que le complican al gobierno la aprobación de los pliegos en las Cámaras, donde el FPCyS tiene minoría.

El Senado en tanto, a iniciativa del PJ, le daba media sanción a la llamada "ley del menudeo", para que la provincia adhiera a la ley nacional 26.052 (ver acá los detalles), y las causas menores por delitos vinculados al narcotráfico pasen a jurisdicción de la justicia provincial. Como para que se vea que la realidad es compleja y se tiñe de grises, Gabriel Ganón (el Defensor  General, tildado de kirchnerista furioso por los funcionarios y comunicadores del oficialismo) ha venido criticando fuertemente la iniciativa, por entender que incrementa los poderes de la policía provincial, y en consecuencia su margen de maniobra para sostener negocios espúreos con las bandas de narcos, tesis que señalamos aunque no asumamos como propia.

Siempre hablando de inseguridad, la semana había empezado donde terminó la anterior, con los escándalos que causa en Santa Fe la ya insostenible interna de la UOCRA local, que mantiene paralizadas las obras de la central termoeléctrica de Sauce Viejo; y los comunicadores para-oficiales intentando remontar el origen del problema (que viene de un enfrentamiento entre la conducción gremial nacional a cargo de Gerardo Martínez y la filial local, intervenida) a Santa Cruz, la UOCRA de la provincia sureña, De Vido y Lázaro Báez.

Una salida lanatesca que, en todo caso, encubre el dato central: el gobierno nacional está invirtiendo en Santa Fe en la construcción de una central termoeléctrica que hará un aporte clave a la generación de energía para la región y el país, y la obra está paralizada porque el gobierno provincial no puede garantizar la seguridad de las empresas y sus trabajadores. Lo demás (incluso aunque fuera cierto) es hojarasca.

El recurso de la victimización permanente y del traslado de culpas hacia el gobierno nacional ha sido hasta aquí altamente redituable en términos electorales para los socios del FPCyS (que votaron divididos en el Senado nacional la reapertura del canje, y con argumentos distintos en Diputados los cambios en Ganancias); por lo que es esperable que lo sigan utilizando en abundancia: mientras el Senado nacional votaba un proyecto de Giustiniani para crear un fondo de reparación para las víctimas de la explosión de Rosario y el ministro Barañao visitaba Esperanza para inaugurar el modernísimo Centro de Medicina Comparada de la UNL (construido con una fuerte inversión del Estado nacional), desde el gobierno provincial alzaban la queja por la demora en la llegada del ATN pedido para resarcirse de los gastos del operativo de rescate: atrás quedaron los elogios mutuos por el trabajo conjunto en el medio de la tragedia. 

Sin embargo, aunque se trate de una estrategia permanente y por cierto, hasta acá exitosa, no debería bastar para que todos ingresemos en el terreno de la confusión y perdamos de vista como son las cosas; y que responsabilidad le cabe a cada uno.