OTRA DEUDA PENDIENTE

Leemos en Página 12 sobre las medidas que el gobierno lanzará para combatir el empleo en negro; que incluyen la creación (por ley) de un registro de empresas que emplean trabajadores sin registrarlos, una especie de "Veraz" laboral, que deberá discutirse en el Congreso.

Como da cuenta el artículo, la dinámica del mercado del trabajo en los últimos años ha determinado que creciera con mayor velocidad el empleo (disminuyendo las tasas de desempleo abierto), que lo que baja el empleo informal; aunque durante el período 2003-2013 éste se redujo en 18 puntos porcentuales.

La inflexibilidad a la baja del empleo informal se acentuó a partir de la crisis del 2008 y desde entonces los avances al respecto fueron poco significativos; en paralelo con la menor dinámica de creación de empleo.

Claro que la realidad laboral en ésta materia dista de ser honmogénea y presenta disparidades regionales y sectoriales: los casos del trabajo agrario, el personal de casa de familia (no casualmente, dos colectivos laborales amparados por nuevos derechos en éste proceso político), la industria textil y los cuentapropistas con menores niveles de facturación en el Monotributo pero que emplean mano de obra, representan sin dudas los más conocidos, por sus elevados índices de informalidad laboral.

Lo que plantea la complejidad de las políticas que deben desarrollarse para terminar con este flagelo, o por lo menos reducirlo a niveles razonables: las empresas más pequeñas tienen en la mayoría de los casos un mayor costo laboral promedio, y por ende se sienten alentadas a sostener empleo no registrado, por lo que el Estado debe buscar modos de ayudarlas a blanquear su personal.

Más allá de la simplificación registral (en lo que se ha avanzado mucho estos años) se plantea siempre el problema de la disminución de las cargas patronales; que no siempre es el camino más aconsejable: de hecho se vino intentando desde los 90' para el conjunto de la economía con el argumento de que facilitaba la creación de empleo registrado, y está visto que la ecuación no es tan lineal.

En éste caso se insistiría con beneficios de ese tipo para cierto segmento de empresas (micro pymes, con bajos niveles de facturación y de 3 o 5 empleados); absorbiendo el Estado el costo de la baja de contribuciones patronales: habrá que ver en el tiempo la relación costo-beneficio entre el esfuerzo del fisco, y la baja del empleo informal; que una vez registrado en la seguridad social, le aporta a ésta recursos genuinos para financiarse.

Como también se apunta en la nota, un factor no menor a la hora de determinar las causas de la persistencia de altos niveles de informalidad laboral son las dificultades para la fiscalización, ejerciendo el poder de policía del trabajo; una tarea que es concurrente entre el Estado nacional (que más que duplicó la cantidad de inspectores del Ministerio de Trabajo desde el 2003, y suma a la tarea a la AFIP, ahora también lo haría la ANSES), y las provincias; que por regla general registran pobres desempeños en esa materia.

A lo que hay que sumar que en algunos casos la fiscalización es difícil (el personal de casa de familia), y en otros la resistencia a blanquear empleados es atávica, y cuenta en no pocos casos con la tolerancia cómplice de los gobiernos provinciales, sin distinción de signos; como sucede en el sector agropecuario. 

Y hablando de complicidades, también las hay en la justicia: el artículo da cuenta de que entre 2006 y 2012 el Ministerio de Trabajo nacional sólo logró cobrar judicialmente el 19 % de las multas que impuso a empresas y patrones por emplear personal en negro, cuando por regla general se trata simplemente de juicios ejecutivos donde no se discute el fondo de la cuestión. 

Entre las medidas que se instrumentarían hay dos muy interesantes, y que pueden producir resultados: el seguimiento de las diferentes cadenas de valor industrial en sus etapas hasta llegar a los productos finales, para determinar los eslabones en los que se registra mayor informalidad laboral (el caso típico la industria textil, alimentada muchas veces con talleres clandestinos); y la creación de un registro de empresas infractoras que emplean mano de obra en negro.

En éste caso figurar en el registro significaría para las empresas la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de beneficios impositivos, fiscales o de otra índole por parte del Estado (por ejemplo créditos, diferimiento de impuestos, protección arancelaria, reducción de las cargas previsionales), y hasta el impedimento de participar en los procedimientos de contratación del Estado y obtener contratos por cuenta del mismo.

Funcionaría así como el certificado de capacidad fiscal para contratar que expide la AFIP y permite participar en licitaciones y concursos; y las empresas que no regularicen la situación de sus empleados seguirían figurando en el registro, con las penalidades consiguientes.

Pero aun cuando la iniciativa prospere (para lo cual es necesaria una ley del Congreso) y sin disminuir ninguna de las indelegables responsabilidades del Estado en la materia, al igual que sucede con la evasión impositiva; debe generarse conciencia social en torno a la problemática del empleo en negro y sus consecuencias.

No sólo en el plano de los derechos de los trabajadores empleados en esas condiciones (que muchas veces lo aceptan porque no tienen otro remedio), sino de la financiación de la seguridad social: una sociedad que reclama -por ejemplo- el 82 % móvil para los jubilados no puede consentir que haya uno de cada tres trabajadores que trabajen en negro.

Ni trabajar en esas condiciones (aunque el trabajador sea el eslabón más débil de la cadena), ni emplear gente en esas condiciones, ni consumir productos o servicios de empresas que tienen gente en negro.