DEL REPUDIO Y LA SOLIDARIDAD, A LA EXIGENCIA DE VERDAD

Primero hay que comenzar por lo obvio: el atentado cometido anoche contra la casa de Bonfatti es un hecho que merece el total y absoluto repudio de toda persona de bien; sin mezquindades ni especulaciones políticas, y sin entrar para eso en otras consideraciones.

A la solidaridad con el gobernador y su familia y al repudio que expresó -sin fisuras- todo el arco político nacional, hay que sumarles la exigencia clara y contundente de que todos los organismos competentes (las fuerzas de seguridad, la justicia) agoten rápidamente todos los medios de que disponen las instituciones del Estado para dar con los autores, y esclarecer sus móviles.

Porque ya se están lanzando alegremente hipótesis de todo tipo, desde las que vinculan el hecho con una venganza de las bandas narcos por los presuntos avances del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, hasta un ajuste de cuentas proveniente de sectores de la propia fuerza policial; disconformes con los cambios que estaría impulsando a su interior la gestión del FPCyS.

Lo primero que puede señalarse -precisamente por la gravedad y características del hecho- es que no hace sino demostrar los gravísimos problemas de inseguridad que aquejan a Santa Fe: si el aparato de seguridad estatal se ha revelado incapaz de garantizar eficazmente la seguridad nada menos que del mismísimo gobernador de la provincia; ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?

Aun siendo cierta la hipótesis de que se trató de sicarios del narcotráfico, o mano de obra desocupada o descontenta de la propia fuerza policial ¿no obligaría eso a redoblar los cuidados para garantizar la seguridad de Bonfatti y su familia?

Este criminal atentado no puede ser analizado (más allá reiteramos, del impulso primario y elemental del repudio y la solidaridad) escindido de otro hechos gravísimos que fueron sucediendo en Santa Fe en los últimos tiempos, sin respuestas contundentes, ni desde la justicia, ni desde los encargados de garantizar la seguridad de lo ciudadanos.  

Apenas un par de días después de que Bonfatti asumiera como gobernador, se incendió el depósito de autos secuestrados de la propia jefatura de policía y el ex ministro de Seguridads Corti lo atribuyó a ajustes de cuentas internos de la fuerza: aun hoy seguimos sin saber quien o quiénes lo causaron; y eso que todavía no había estallado el Tognoligate.

Desde entonces y luego del narcoescándalo, en reiteradas oportunidades el ministro Lamberto y otros funcionarios de su área han denunciado que reciben amenazas, sin que hasta el presente sepamos nada al respecto; o quiénes y por qué los amenazan.

Lo mismo pasó en su momento con el incendio del auto de Corral, del cual aun hoy nada sabemos.

Hace menos de tres meses uno de los comunicadores favoritos del socialismo reveló que el propio Bonfatti le había dicho en una charla reservada, que instruyó a la policía marcándole que se podía transar con la prostitución y el juego clandestino, pero no con los narcotraficantes; y tan graves afirmaciones ni fueron desmentidas, ni generaron mayores repercusiones posteriores; sean institucionales o en la justicia, donde el periodista del caso ni siquiera fue llamado a declarar.

Incluso si se quisiera sacarle al atentado contra Bonfatti y su familia connotaciones políticas o de venganza mafiosa, y si se lo identificase como un simple hecho de inseguridad (cosa que la modalidad del hecho en sí desmiente claramente), la cuestión no deja de ser preocupante: hay que recordar que no hace mucho tiempo la misma casa del gobernador fue objeto de un robo o intento de tal; y no hace falta recordar los hechos de inseguridad que vivimos cotidianamente.

Un quiosco ubicado a menos de 100 metros en línea recta del propio despacho de Bonfatti en la Casa de Gobierno (y a la vista por ende de la policía que custodia el edificio) ha sido objeto de robos a mano armada en innumerable cantidad de oportunidades en apenas meses; en un hecho que pareciera un desafío público y abierto a las fragilidades de la política de seguridad del gobierno.

Afortunadamente en el caso de la balacera a la casa del gobernador no hubo que lamentar víctimas, con prescindencia de su investidura; pero se abre ahora el tiempo de las imprescindibles explicaciones sobre lo que pasó, y como pudo pasar.

Porque si efectivamente se tratase (como rápidamente salieron a decir los voceros del socialismo) de un réplica mafiosa por los avances del gobierno en la lucha contra el delito, el gobierno provincial encontrará decididamente de su lado a todas las fuerzas políticas democráticas, y aun a los ciudadanos comunes; respaldándolo.

Como estuvieron hoy al lado de Bonfatti en la conferencia de prensa Agustín Rossi y Jorge Obeid, sin entrar en consideraciones de tipo electoral; y apenas días después del exabrupto de Binner sobre la salud de Cristina.

Pero los santafesinos nos merecemos conocer toda la verdad, no porque ello cambie la repulsa que el hecho merece o la solidaridad con Bonfatti y su familia, sino para saber donde estamos realmente parados, y cuan profundos son los cambios que deben encararse -en especial hacia el interior del propio Estado, y su aparato de seguridad- para ganarles la pelea a los delincuentes.

Y en su caso hasta donde llegan las cadenas de complicidades que han construido, corroyendo el interior mismo de las instituciones con que ese mismo Estado cuenta para combatirlos.

Sin concesiones, sin pactos espúreos, sin resignar ni un ápice de la legitimidad democrática que tiene el gobierno (para todos, aun para los que no lo votamos), para garantizar que todos podamos vivir en paz.