Leemos en Infobae una nota levantada en realidad de ésta otra de La Nación, sobre los fondos asignados en el Presupuesto nacional 2014 a las Universidades nacionales; en la que se da cuenta de una presunta discriminación en favor de las "universidades K", o sea las creadas desde el 2003 en distintos lugares del país.
Hace poco veíamos acá como lo mismo consideraba el rector de la UNL y aspirante a otra reelección, en éste caso con un argumento muy curioso: la protesta es porque reciben menos que lo que ellos creen que les corresponde (ahí ya no hay pseudo argumentos leguleyos, como el supuesto "piso" de la coparticipación), aunque reconocen que reciben mucho más plata que en otro gobiernos, y la plata llega.
Vemos si no lo que dice al respecto La Nación: "Nunca como en la era kirchnerista las universidades nacionales recibieron tantos fondos públicos. Según el presupuesto 2014, las casas de altos estudios tendrán, en promedio, un 35 por ciento más de recursos que este año.".
Probablemente (es una conjetura nuestra, no tenemos datos) sea porque en el 2005 se sancionó la Ley 26.075 de financiamiento educativo, que obligó al Estado a invertir al menos el 6 % del PBI en educación, y el Presupuesto 2014 (ese que critican por como distribuye los fondos) la prorrógó para el año 2014.
Lo curioso es que -en el medio de las acusaciones por favorecer a las "universidades k" en el reparto de los fondos, se toma nota en el artículo de que entre las universidades más favorecidas está la de Villa Mercedes (en el opositor Estado Libre Asociado de San Luis) y la de San Martín en la provincia de Buenos Aires, partido cuyo intendente pegó el garrochazo al massismo; mientras entre las menos favorecidas estaría la de Córdoba, cuya ex rectora encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del FPV en esa provincia; o la de La Plata, donde tampoco se puede decir que el kirchnerismo no tenga sus intereses: en fin, cosas de la discriminación.
El eje argumental de la crítica se parece bastante al rezongo de la pampa sojera expuesto en la discusión del Presupuesto con el engañoso criterio de la clasificación geográfica del gasto, analizado acá: reiterando lo dicho entonces, a nosotros nos parece absolutamente saludable que el Estado gaste proporcionalmente más en las nuevas universidades, que en las tradicionales como la UBA, la de Córdoba o la de La Plata.
Como que esas nuevas universidades fueron creadas en los últimos años para descentralizar la oferta educativa y garantizar una efectiva igualdad de posibilidades para los estudiantes de muchos lugares del conurbano bonaerense o el interior profundo del país, que si debieran trasladarse a otros lugares para estudiar, no podrían hacerlo.
Por esa razón en muchas de esa nuevas universidades una inmensa mayoría de la población estudiantil es oriunda del lugar, sino que representa también en la inmensa mayoría de los casos, el primer miembro de sus respectivas familias que logra acceder a la educación universitaria, otro signo inequívoco de progreso y movilidad social.
Pero más llamativo aun es lo que apunta el propio artículo que, cuando no puede desacreditar de plano el argumento de distribución de los recursos del sistema universitario por el lado de la discriminación política (aunque lo intenta con énfasis), apunta para la inefable sospecha de la corrupción.
Así leemos en La Nación: "Así lo advirtió un crítico informe que difundió en mayo pasado la Auditoría General de la Nación (AGN), el cual señaló que en nombre de la autonomía y la autarquía institucional y financiera que tienen las casas de altos estudios se cometieron varias irregularidades: gasto de dinero sin la firma de la autoridad competente, compras sin precios de referencia y también sueldos del personal docente y no docente que no coinciden con lo establecido por ley.
Pero el aspecto más oscuro lo constituyen los contratos entre las universidades (sobre todo las ubicadas en el conurbano bonaerense) y distintas áreas de la administración pública para la provisión de los servicios más diversos. En virtud de la autonomía universitaria, estas contrataciones se realizan en forma directa, sin licitación y, por lo tanto, sin control.".
Incluso el diputado Tunessi (UCR) dice "El reglamento de contrataciones autoriza a todo el sector público a realizar contrataciones directas cuando el cocontratante sea una universidad nacional. Se trata de una franquicia excepcional que debería ser invocada en contadas ocasiones, pero el gobierno kirchnerista la utiliza ilícitamente para desviar fondos públicos.".
Increíble: el Estado desviaría fondos públicos hacia las Universidades estatales, o sea públicas. Y nadie hace nada.
Y ese mismo Estado (autorizado por el reglamento de contrataciones, pero igual sería ilícito) contrataría en forma directa a las Universidades nacionales (o sea el mismo Estado), en lugar de hacerlo con empresas privadas; impresionante.
Suponemos que el diputado Tunessi y el diario La Nación sabrán que exactamente eso es lo que vienen haciendo desde el 2007 tanto la gestión de su partido en la Municipalidad de Santa Fe con la UNL, como la del FPCyS en la provincia, con esa Universidad y la de Rosario; y en muchos casos por objetos contractuales brumosos, por no decir inasibles.
Faltó que criticaran que la reciente reforma al mercado de capitales permite que el Estado contrate a las Universidades nacionales como calificadoras de riesgo, donde iremos a parar.
Ahora si lo que preocupan son las irregularidades en el manejo de los fondos de las universidades, se pueden dar una vuelta por acá por la UNL a ver que onda con la facturación de la publicidad de LT 10, el vaciamiento de la obra social o la jodita con Bolsafé Valores, por decir algo.
Claro que eso en la Auditoría General de la Nación lo deben conocer sobradamente, tanto que al asumir Barletta la presidencia de la UCR nacional lo quiso cepillar a Despouy por haber investigado y denunciado esas irregularidades (y otras) en su gestión al frente de la UNL.
Por supuesto que todos esos desaguisados no se comparan con los de las universidades del conurbano (contratar en forma directa un stand en Tecnópolis, habráse visto, si era Expoagro era otra cosa); porque cuando la universidad del caso la manejan los radicales, todo lo hacen para garantizar la autonomía universitaria.
No se si se puede, pero el artículo anterior debería permanecer al tope para que muchos lo leyeran
ResponderEliminar