NO HAY QUE PISAR EL PALITO

El fallo de la Corte contra Clarín cambió abruptamente la agenda política, dominada hasta entonces por el impacto de los resultados de las elecciones, pero no porque el kirchnerismo así lo haya impuesto (o por lo menos no solo por eso), sino porque la propia oposición (que en algunos casos debería estar aprovechando los réditos de su perfomance en las urnas) se zambulló de pleno en el tema; con diferentes formas de alineación con la estrategia del Grupo para resistir los efectos del fallo.

Como por ejemplo podemos ver acá en la propia corneta como desfilan todos, con las mil y una gamas del "al fallo hay que respetarlo, sí, pero..."; agarrándose de los centritos que la propia Corte (tal como señalamos acá) les tiró en el fallo: que la publicidad oficial, que el funcionamiento del AFSCA, que los medios públicos, etcétera.

Por esa camino se llega al extremo de que los que no votaron la ley (sea porque se levantaron de sus bancas, sea porque votaron en contra), ni se calentaron por designar a sus representantes en el AFSCA durante años (ni siquiera cuando controlaban las dos Cámaras del Congreso siendo el "Grupo A") porque pensaban que la iban a tumbar, o distribuyen discrecionalmente millones de pesos en publicidad oficial cuando son gobierno (como Macri, De La Sota o el socialismo), ahora son los que se autoatribuyen la condición de ser los únicos exégetas del espíritu de la ley, y los garantes de su fiel cumplimiento.

O plantean modificaciones: que si la conformación del AFSCA, que si la situación de las Pymes (como Binner, recordar esto), que si la actualización tecnológica, esto o lo otro.

Todo eso forma parte de un debate falso, en el cual ni nosotros (en tanto adherentes al proyecto político que conduce Cristina) ni el gobierno, no podemos entrar porque sería pisar el palito.

La ley de medios fue fruto de un proceso de construcción colectiva (empezando por la Coalición Para La Radiodifusión Democrática), debatida en foros públicos durante meses a lo largo y a lo ancho de todo el país, antes de llegar al Congreso; donde obtuvo un amplio respaldo de votos en ambas Cámaras.

Y fue paseada por cuatro años por los tribunales por el Grupo Clarín apelando a todo tipo de chicanas (con la inestimable colaboración de esta misma oposición presentando por su parte cautelares, o frenando la designación del juez de la causa en el Consejo de la Magistratura), hasta que la Corte le puso punto final a la discusión con el fallo del martes.

La misma Corte que esa misma oposición celebró como independiente cuando sepultó la reforma judicial del gobierno, o despachaba la cautelar de la Rural para seguir usurpando el predio de Palermo.

La ley de medios además fue respaldada en el 2011 por el voto del 54 % de los argentinos que reeligieron a Cristina, e incluso más,  si contamos a los que votaron por Binner, dado que el socialismo acompañó la norma; al menos en lo general (votaron en contra el artículo 161).

De modo que no hay más que discutir al respecto, sino cumplirla, lo cual exige acatar el fallo de la Corte sin segundas lecturas ni interpretaciones antojadizas y -casualmente- funcionales a la estrategia dilatoria de Clarín para defender sus negocios.

Y cumplir estrictamente los procedimientos que la misma ley y sus reglamentaciones establecen para llevar adelante el proceso de desinversión, para Clarín (sobre todo, porque es el alcanzado por el fallo y el que la vino pedaleando por años) y para todos los demás grupos de medios.

Todo lo demás es parte de una agenda que no es nuestra, ni debemos adoptar; menos cuando las elecciones ratificaron que tendremos mayoría en ambas Cámaras.

Que planteen todos los proyectos que quieran, que se ocupen ellos de buscar los votos para aprobarlos (ahora, luego del 2015), y concentrémonos nosotros en aplicar la ley por la que se peleó tanto, durante tanto tiempo.

No pisemos el palito de volver a dar un debate que ya se dio y fue saldado como debe ser: en la calle, en los foros, en el Congreso y en las urnas.

Menos cuando en realidad es parte de una estrategia para lograr que un grupo económico se siga creyendo por encima de la ley, del Estado y sus instituciones; para defender sus negocios.