EXPRESIÓN DE DESEOS

Esta semana el gobierno anunció la puesta plena en marcha del nuevo Código Procesal Penal aprobado en el 2007 por la Ley 12.734, a partir del 1º de febrero del año que viene (acá el decreto de Bonfatti que así lo dispone).

Claro que la decisión (que llega después de varias prórrogas, por las dificultades del proceso de implementación de la reforma) plantea más interrogantes que certezas.

Acá dijimos en varias oportunidades (por ejemplo en ésta) que para el Frente Progresista Cívico y social la reforma era, básicamente, una formidable excusa para digitar concursos y acomodar funcionarios, ex funcionarios y militantes en cargos de la justicia; y hasta hoy ha sido poco más que eso.

La implementación de la reforma exige inversiones en infraestructura (nuevos edificios, sobre todo para los juicios orales), equipamiento, personal de apoyo, capacitación, etc; y pese al anuncio oficial (que daría por cierto que se han reunido todos los requisitos para que la cosa arranque), los interrogantes siguen; al menos si uno revisa el proyecto de presupuesto 2014 que el propio Bonfatti envió a la Legislatura.

Un presupuesto que le asigna al Servicio Público de la Defensa $ 31.268.000, de los que el 87,95 % estará destinado al pago de sueldos; y del resto, un 2,47 % es para el pago de alquileres y otro 4,07 % para compra de equipamiento (que puede ser desde computadoras hasta autos).

La cosa no es sustancialmente distinta para el Ministerio Público de la Acusación, el otro organismo creado por la reforma: se la asignarán $ 46.932.000, de los que el 84,16 % se irían en los sueldos del personal, quedando otro 2,89 % para contratos de locación de servicios (futuros nombramientos seguramente), un 1,91 % para pagar alquileres y otro 5,82 % para la compra de maquinarias y equipo.

Para tener una perspectiva, el presupuesto del Poder Judicial el año próximo será de $ 1.448.601.000, o lo que es lo mismo, 18,55 los dos organismos (Ministerio de la Acusación y Servicio de la Defensa), juntos. 

Dentro del organigrama del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos existen otros tres organismos, vinculados a la reforma: la Dirección de Transformación del Sistema Penal, la de  Desjudicialización de Conflictos  y el Centro de Asistencia Judicial, que sumarían en conjunto $ 15.760.000, lo que no parece una inversión impactante. 

Hace un tiempo en ésta entrada contábamos lo que había pasado con las obras encaradas por el gobierno para implementar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, y a la fecha el panorama no ha cambiado sustancialmente.

Pese a que el famoso Plan Estratégico decía que los cinco Centros de Justicia Penal (uno por cada Nodo en el que divide a la provincia, o por cada una de las Defensorías y Fiscalías Regionales) deberían estar terminados para el 2011, tres de ellos (los de Reqconquista, Rafaela y Venado Tuerto) directamente han desaparecido del presupuesto provincial, y otro (el de Santa Fe) seguirá siendo durante el 2014 sólo un cartel colocado en una de las esquinas de la manzana de los tribunales: el proyecto de presupuesto le asigna un costo de $ 31.600.000, de los que prevé invertir el año que viene apenas $ 10.000, que no alcanzan ni para pagar los avisos de la licitación.

Y en el caso del Centro de Justicia Rosario, nada sde dice respecto al avance de la primera etapa, pero se promete que en el 2014 se ejecutarán íntegras la segunda y la tercera, con una inversión de 41,5 millones de pesos. 

Por otra parte acá contábamos lo que ocurría con la marcha del plan de informatización del Poder Judicial (clave para la implementación de la reforma), que debería haberse terminado éste año; tras varias prórrogas.

Así las cosas, el anuncio del gobierno de que el 1º de febrero la reforma procesal penal arranca en pleno se parece bastante a una simple expresión de deseos.