La imagen de apertura corresponde al "mapa" de muchas de las principales marcas de productos alimenticios, de limpieza e higiene personal; que están en las góndolas de los supermercados de todo el país y forman parte de los consumos habituales de muchas familias.
Como lo muestra el cuadro, y tal cual pasaba con el famoso mapita de la ley de medios, el mercado de esos productos acusa una marcada concentración en un puñado de empresas líderes, la mayoría de ellas extranjeras.
Habría que ver en cada caso puntual si el proceso de agudizó en los últimos años mediante adquisiciones o fusiones en los últimos años, pero el dato es incontrastable; e influye decisivamente en los aumentos de precios, porque se trata de empresas formadoras, con posición dominante en determinados segmentos del mercado.
Hace un tiempo ya, y a propósito de la ley que reguló la fabricación y distribución del papel para diarios, decíamos en éste post que se establecía allí un marco regulatorio interesante, como para replicarlo en otras áreas: establece por ejemplo la obligación de informar sobre la evolución de los costos, un aspecto crucial para determinar la razonabilidad de los aumentos de precios.
Otro tanto hizo en su momento la ley que dictó el Congreso para regular a las empresas de medicina prepaga (ver detalles acá), que deben presentar sus costos a la Secretaría de Comercio Interior (Moreno), cada vez que quieren aumentar sus aranceles.
Por supuesto que como toda regulación estatal que ponga el acento en los márgenes de ganancias de las empresas, se trata de normas que no son bienvenidas; del mismo modo que fue rechazada por los grupos mediáticos la LSCA que establecía límites a la acumulación de licencias, y cuota de mercado de abonados en el caso del cable.
Pero sin lugar a dudas se trata de estrategias en las que se debe avanzar para el control de la inflación y la defensa de los ingresos de la población, con regulaciones inteligentes, y posibles de aplicarse; para una estructura económica desequilibrada (con más o menos agudeza según los sectores) por la concentración y la existencia de jugadores con más peso que otros en el mercado, y por ende en condiciones de imponer condiciones a su competencia, o excluirla directamente.
No se nos escapa que existe la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia (ver acá), que establece mecanismos para controlar y sujetar a aprobación estatal las fusiones o adquisiciones empresarias que pueden profundizar la concentración, o para evitar las prácticas anticompetitivas o el abuso de posiciones dominantes.
Sin perjuicio de que se pongan en marcha los mecanismos que contempla la ley (el Tribunal de Defensa de la Competencia básicamente) hay que pensar si no es necesario aggiornarlos, para poder responder con más eficacia a un fenómeno que se consolida; y que influye decisivamente (junto a las distorsiones y abusos de las cadenas de comercialización, sobre todo los grandes supermercados) en los niveles de aumentos de precios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario