SOBRE LOS ACUERDOS DE PRECIOS

El 1° de enero empezará a regir el nuevo acuerdo de precios firmados por el gobierno con las principales empresas y cámaras que integran los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización de alrededor de 200 artículos (la lista se conocerá esta semana); que compondrían unos dos tercios de los conusmos habituales de las familias.

Entre las novedades sobresale que -tras su largo paso por el gobierno- no estará Guillermo Moreno al frente por parte del Estado (lo que supone todo un interrogante) y la lista de productos es más acotada que la que comprendía el acuerdo anterior, que vence justo ese día. 

El acuerdo además -estrictamente hablando- establece un sistema de precios administrados: considerando su duración (todo el próximo año) se autorizarían incrementos de precios, si las empresas logran demostrar fehacientemente variaciones de costos, por cualquier causal; un esquema similar al que viene funcionando con las prepagas, desde que salió la ley regulatoria.

Lo que le permitirá al Estado además acceder a información sensible para cruzarla con la que ya dispone por vía de la AFIP, o los controles que ejerce para las empresas que operan en el mercado de capitales. 

Probablemente el nuevo acuerdo sea más realista en cuanto a las posibilidades reales de controlar el cumplimiento de lo pactado, y de allí el número menor de artículos alcanzados; pero también es cierto que existe la posibilidad real que las empresas intenten compensar sus márgenes de utilidad, con los precios de los productos no comprendidos.

En lo inmediato, el acuerdo busca operar sobre las expectativas en la formación de los precios que impactan en los niveles de inflación, para descomprimir ese frente; y supone para el gobierno un desafío mayúsculo, tanto para garantizar eficacia de todas las agencias estatales comprendidas en su ejecución (principalmente la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior), como para dotar de volumen político a la iniciativa.

En los prolegómenos de la firma, se conoció un informe de Comercio que desnudaba las maniobras de las principales empresas para eludir el acuerdo vigente, falseando la oferta de bienes mediante productos en apariencia distintos a los comprendidos; pero con diferencias menores o inexistentes, y a precios considerablemente mayores.

Según se ha dicho, se tomó nota del problema (detectado por los vilipendiados militantes de "Mirar para Cuidad", digamos de paso) a la hora de armar el nuevo acuerdo.

Cuyo éxito depende en nuestro opinión de una suma de factores que deberán alinearse, a saber:

* La capacidad de gestión estatal para actuar en tiempo real y oportuno en la fiscalización, aplicando de inmediato las sanciones del caso, en el marco legal vigente: Ley 20.680 de abastecimiento (si faltaran los productos comprendidos en el acuerdo), Ley 22802 de lealtad comercial (si vuelven las maniobras fraudulentas con las ofertas), Ley 24240 de defensa del consumidor y Ley 25156 de defensa de la competencia; si aparecen situaciones de abuso de posición dominante en la formación de precios (ver al respecto lo dicho acá). Y si esa legislación no funciona o es inadecuada, no hay que vacilar en utilizar las mayorías en el Congreso para impulsar su modificación.

* La ampliación  de la base social y política del acuerdo, avanzando en estrategias para sumar a la fiscalización del mismo a sindicatos, cooperativas, vecinales, organizaciones sociales, gobiernos provinciales y municipales: acá hemos historiado lo que pasa por ejemplo en la provincia de Santa Fe; donde el gobierno provincial aduce falsamente no tener competencias legales para actuar previniendo y sancionando abusos.

* La decisión de utilizar la información disponible y las herramientas del Estado con sentido inteligente, desde los medios de promoción (como la ampliación de la oferta de crédito a las empresas que puiedan expandir su producción y alentar la competencia para corregir distorsiones o situaciones de concentración); hasta los de disuasión, como la eliminación inmediata de beneficios, promociones o exenciones fiscales o de cualquier tipo, a aquéllos que saquen los pies del plato y no cumplan lo pautado.

Ya se ha vuelto un lugar común citar para el caso a Perón con aquello de que los hombres son buenos, pero si se los vigila, son mejores; y en este sentido el cumplimiento del acuerdo supone un desafío mayúsculo a la capacidad de gestión estatal, comparable (en términos de envergadura y de significación política) a haber instrumentado la AUH o el Programa Procrear.

Enfrente de éste intento del gobierno por atacar el problema inflacionario, hay un discurso opositor absolutamente vacío de propuestas, que remite sistemáticamente al INDEC y el problema de la medición de los precios; omitiendo toda referencia al comportamiento rentístico y predatorio del empresariado, que es el efecto concreto de esa inflación, en los bolsillos populares.

Por esa razón a esa misma oposición -cuando es gobierno en el nivel provincial o municipal- hay que comprometerla institucionalmente en el acuerdo; aunque más no fuera para ponerla en evidencia.

A los que siempre bancamos a Guillermo Moreno nos quedará el gusto amargo de pensar que este nuevo ensayo -en apariencia más estructurado que los anteriores en el planteo- perfectamente hubiera podido ponerse en marcha con él en el gobierno (y hasta se nos antoja que, para determinados casos, hubiera sido mejor), pero no podemos quedarnos en ese detalle; sino apostar a que la cosa funcione, no por el éxito del gobierno, sino del conjunto del pueblo argentino, en especial los sectores populares.