MEJOR QUE DECIR ES HACER

Pasamos más de 10 años en que nos reclamaron diálogo y consenso, y poner fin al clima de crispación.

Redujeron el conflicto y la disputa política a una cuestión de buenos o malos modales, a punto que tal que demonizaron a funcionarios del gobierno (el caso emblemático fue Moreno) por esa cuestión; aunque en realidad lo que se cuestionaba era el rumbo elegido.

Como quedó claro después de los cambios que el gobierno introdujo en el gabinete y en el estilo comunicacional con la llegada de Capitanich y Kicillof al gabinete, y la salida del "polémico" Moreno: la supuesta amabilidad (comparada con los modos anteriores) y las convocatorias a las mesas de diálogo tuvieron como respuesta de los "mercados" el más feroz ataque especulativo -no ya contra la economía, sino contra el proyecto político que gobierna la Argentina- desde la reelección de Cristina.    

Y no se trata de caer en teorías conspirativas para exculpar errores propios, o hacer la de los radicales, que siempre terminan mal cuando gobiernan, y le echan la culpa al contexto desfavorable; sin hacerse cargo nunca de nada.

Te terminan torciendo el brazo para provocar una devaluación (que venían fogoneando por dos años con el argumento de la "pérdida de competitividad"), pero como era previsible le sacan tajada, y no sólo para exportar: Techint, Aluar y Acindar aprovechan su posición dominante en el mercado para remarcar precios de insumos difundidos, que terminan propagando inflación hacia toda la cadena de valor.

Firmás un acuerdo para controlar ciertos precios con las principales cadenas de supermercados, y a los pocos días de empezar a andar hay faltantes y remarcaciones.

Abrís (aunque sea parcialmente) el "cepo" para que los particulares puedan comprar dólares (a riesgo de seguir perdiendo reservas), y resulta que los bancos (que son los que alimentan las cuevas del "blue") no hacen las transacciones, con la excusa de que todavía no se pudieron adaptar al sistema.

Y los costos de cada una de esas joditas (en términos políticos) los paga el gobierno; y en un punto es esperable que así sea: es del gobierno del que se esperan las respuestas, porque para eso lo votaron.

Reiterando lo dicho acá, las dificultades que atraviesa el país suponen un desafío político más que económico (si queremos simplificarlo, del mercado a las instituciones democráticas), y por ende las respuestas que se deben dar, son políticas.

El diagnóstico que dan los funcionarios del gobierno y la propia Cristina sobre los sectores que especulan para sacar tajada es correcto, pero no hay que quedarse ahí sino pasar a la acción; porque esos tipos reclaman diálogo y consenso pero está harto demostrado que son hijos del rigor.

Cualquier inacción del gobierno tolerando sus maniobras no será interpretada por ellos como una apertura al diálogo, sino como una muestra de debilidad, y por ende junto a las rectificaciones que sean necesarias en la instrumentación técnica de las medidas que se tomen, hay que dar claras señales de que se ejercerá todo el poder institucional del que el Estado dispone, para ponerlos en cintura.

Desde las leyes de abastecimiento, defensa de la competencia, lealtad comercial, régimen penal cambiario, regulación del mercado de capitales o la carta orgánica del Banco Central; hasta los artículos que subsisten de la ley de subversión económica, para reprimir las especulaciones con el desabastecimiento o el faltante de productos, la ley penal tributaria o el mismísimo Código Penal. 

Y si ese marco es insuficiente para abortar determinadas maniobras especulativas -que terminan atentando no ya contra el gobierno, sino contra el conjunto de los argentinos- hay que aprovechar el control que se tiene de las Cámaras del Congreso, para generar las normas que hagan falta.

Pero además de utilizar el peso institucional del Estado nacional, hay que instrumentar formas de control social (por ejemplo involucrando a los sindicatos y organizaciones sociales en el control de los acuerdos de precios), y comprometer en la empresa al conjunto del sistema político-institucional: provincias y municipios.

En el caso de "Precios Cuidados" por ejemplo, hay que lograr que lo más rápido posible se amplíe y llegue al interior, y comprometer a todos los gobiernos provinciales (incluso los que están en manos de la oposición) en la fiscalización de su cumplimiento.

Para por lo menos evitar que se hagan los boludos (como pasa acá en Santa Fe) y después reclamen por los medios medidas contra la inflación.

Con dos años de mandato por delante todavía, y más allá de las asignaturas pendientes (que parecen hoy más lejanas por razones de debilidad política y contexto económico, pero no necesariamente imposibles), el kirchnerismo tiene que evitar que le pase lo que a cualquiera que anda en bicicleta; que si detiene su impulso pierde estabilidad y se cae.