A diferencia de lo ocurrido durante el acuerdo de precios nacional en el año 2013, ahora las autoridades de la Provincia de Santa Fe, contradiciendo lo que sostenían por los medios el año pasado, descubrieron que sí tienen facultades delegadas para actuar sobre normas de comercialización nacional. Y que por lo tanto, pueden controlar el cumplimiento del acuerdo “Precios Ciudados” e intervenir en la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos. Desde éste blog les recordábamos el año pasado a las autoridades provinciales, que sí tenían las facultades legales que declaraban públicamente no poseer.
Y no hubo ninguna variación de la normativa nacional o provincial desde el año 2013 a la fecha en lo que hace a leyes sobre comercialización. Las mismas facultades que existen hoy en la provincia, estaban vigentes anteriormente, y esas normas consagran a la Dirección de Comercio Interior como autoridad de aplicación en la Provincia de Santa Fe, de normas nacionales de comercialización.
Sin embargo, en el 2013 los funcionarios provinciales, siguiendo instrucciones del gobernador, optaron por boicotear el acuerdo de precios. Sin estas instrucciones que traducían una postura política de oposición irracional, ningún funcionario de segundo o tercer nivel, saldría por lo medios a negar públicamente sus propias facultades y a anunciar la inacción del gobierno provincial.
La actitud del gobierno de Santa Fe ahora se modifica, lo que celebramos, porque si los funcionarios del área de defensa del consumidor cumplen con su función, esto será beneficioso para todos los santafesinos.
Como se puede ver en ésta nota, el ministro Fascendini inteligentemente ha descubierto que eventuales sanciones pueden aplicarse en el marco de las leyes de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia, y que el poder de policía es “delegado y compartido con la Nación”. Por su parte, Gianzone, titular de la Dirección de Comercio Interior (ambos en la foto de apertura), quien el año pasado efectuara declaraciones llamativas negando las propias facultades de su organismo, ahora coincide con el Ministro provincial en el descubrimiento de sus posibilidades legales, y declara que “las sanciones -nos pidieron y lo vamos a hacer- se tomarán coordinadamente con la Nación. Esto se acordó de esta manera para que no haya en el país disparidad de criterio”.
La “disparidad de criterio” solamente se daba en la Provincia de Santa Fe, donde los funcionarios declaraban ignorar normas nacionales y la delegación de facultades a las provincias para el control de su aplicación, todo a causa de las órdenes del ejecutivo provincial.
La nueva declaración del funcionario y el eufemismo de hablar de disparidad de criterio, es un reconocimiento que lógicamente desde la Nación, le han solicitado que cumplan con las funciones para las que fueron designados y apliquen la normativa vigente. Porque lo que es violatorio de la ley en Argentina, también lo es en la Provincia de Santa Fe, aunque estos funcionarios distraídos, designados por un gobierno provincial conservador y extremadamente afecto a los intereses empresarios, hace poco tiempo se hicieran los desentendidos perjudicando a toda la población de la provincia.
Fascendini y Gianzone no le pueden hacer un gol ni a Deportivo Riestra sin arquero y con cinco expulsados.
ResponderEliminarPero Gianzone cobra $37.000 por mes, y el Ministro más todavía.
En la actividad privada no calificarían ni para cadetes (y Fascendini se comería las facturas antes de llevarlas a la oficina, así que duraría una semana).
Pero acá son un gran aporte intelectual y de gestión para la revolución socialista.