SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El proyecto de reforma del Código Penal aun no está formalizado por el Poder Ejecutivo (hasta ahora se trata del texto elaborado por la comisión redactora), y ni siquiera aterrizó en el Congreso; pero todos se prenden a opinar sobre el contenido, y adelantan como lo votarán.

Con lo que hasta acá se repite la situación planteada con el proyecto de reforma de los Códigos Civil y Comercial (hoy con media sanción del Senado), y que analizábamos acá: una iniciativa institucional trascendente y de fuste, que sería un aporte a la consolidación democrática, representa para el gobierno pura pérdida; porque absorbe todo el costo político que genera la controversia, sin obtener ninguno de los réditos. Respecto puntualmente del proyecto de Código Penal, ya lo alertábamos acá, más cerca en el tiempo.   

Proyecto que ha generado incluso un debate hacia el interior del propio kirchnerismo, como lo comprueban las diferentes miradas que al respecto muestra por ejemplo acá Gerardo; y en éste otro post Baleno. Y que nosotros entendemos no necesariamente incompatibles, porque ponen el acento en uno u otro aspecto de la cuestión.

Justamente con Gerardo Fernández intercambiábamos opiniones al respecto en Twitter (ver acá), haciendo hincapié mas en el contexto político en el que se da la discusión, que sobre el proyecto en sí; con cuyas líneas generales -y dentro de lo que hasta ahora se puede conocer-, coincidimos. Al que le interese profundizar en el análisis, Gustavo Arballo ha venido haciendo en su blog una serie de post muy ilustrativos al respecto.

El debate con Gerardo fue muy rico porque fue incluso más allá de la cuestión puntual de la reforma al Código, para incursionar en el análisis de como han de ser los meses que quedan del mandato de Cristina: si serán simplemente una administración de lo existente para arribar a diciembre del 2015, o por el contrario hay que sostener el impulso de promover transformaciones importantes; hasta donde de el contexto político y la relación de fuerzas.

Por si hiciera falta aclararlo, en Nestornautas nos hemos referido al proyecto de Código Penal en varias oportunidades, señalando (cuando Cristina conformó la comisión redactora) que se trata de una iniciativa institucional relevante; que tendía a reparar los destrozos que hicieron en la coherencia de una norma tan importante las reformas de los últimos años, especialmente el paquete de "leyes Blumberg", votadas en el gobierno de Néstor Kirchner bajo la presión social que habilitaba el "manodurismo" legislativo.  

Una concepción política y filosófica sobre el problema de la inseguridad que, si lo que se propuso era resolverlo, ha fracasado estrepitosamente; pero no tenemos tan claro que el hombre común de la calle lo perciba de ese modo (y de esto hablábamos con Gerardo): la idea de que aumentar las penas contribuye a reducir el delito, o resolver el problema de la inseguridad, está fuertemente instalada.

Lo mismo que el falso debate "garantismo versus mano dura" pues, como decíamos en post anteriores, las garantías provienen de la Constitución; de modo que si decimos que hay que respetarlas, garantistas deberíamos ser todos, a menos que propiciemos su reforma. 

No se trata tampoco de que el debate se empioje por las condiciones en que el proyecto fue gestado, porque son impecables: el kirchnerismo (acusado siempre de sectario y autoritario) convocó a expertos en el tema, con representación partidaria plural y con la presencia de al menos tres referentes políticos de la oposición (Pinedo, Gil Lavedra y Barbagelata); que trabajaron con total libertad y entregaron sus conclusiones a la presidenta, dejando incluso por escrito sus disidencias puntuales.

Lo que por supuesto no impidió que desde la propia oposición (ver acá el racconto en Infobae) ya se estén empezando a despegar del proyecto; como si los legisladores y ex legisladores que conformaron la comisión redactora hubieran actuado a título puramente personal, sin ningún tipo de representación partidaria.

Y dentro del panorama opositor, Massa advirtió que la participación en la gestación del proyecto comprometía al PRO, la UCR y el socialismo, vio la oportunidad y no la desaprovechó: salió con los tapones de punta contra la iniciativa.

Diciendo en el camino -es cierto- un montón de burradas (sobre la excarcelación, la prisión preventiva, o someterlo a consulta popular), pero esto no es un congreso de derecho penal o constitucional, sino política: es ahí donde coincidimos con Baleno en que se anotaron una baza; cuando navegaban entre la intrascendencia y el papelón, después de los derrapes de Solá, De Mendiguren y Facundo Moyano sobre la suspensión de las paritarias, o la rebaja de los sueldos.

Y se anotó un poroto el massismo conectando (por la fácil, pero no se los puede criticar por eso) con ese sentido común instalado del que hablábamos, que asocia aumento de las penas o supresión de las garantías que hacen a la defensa (y consagra la Constitución), con disminución del delito.

Punto que nosotros tampoco hemos sido claros en desterrar de la percepción ciudadana: cuando se impulsó el año pasado la reforma judicial, la propia Cristina hacía hincapié en sus críticas a la justicia en el "garantismo" de algunos jueces (el famoso "entran por una puerta y salen por la otra"); en lugar de señalar que el problema es que no trabajan adecuadamente -ni ellos ni la policía en la prevención e investigación del delito- y por eso hay un porcentaje escandalosamente bajo de delitos esclarecidos con una condena penal firme de sus autores; contexto en el cual cualquier reforma de las escalas penales está destinada al fracaso, irremediablemente. 

El kirchnerismo pudo hegemonizar la última década de vida política nacional (y en esto le damos la razón a Gerardo) por su capacidad de combinar la famosa "agenda de la gente" (esa capacidad de leer el humor social en un momento determinado), con una visión más a futuro, o la capacidad de instalar en la agenda temas que no estaban en la preocupación o los cálculos de nadie, o de muy pocos; como la disolución de las AFJP, los derechos humanos, la ley de medios o la expropiación de YPF.

En éste caso -el de la reforma del Código Penal- se trata de un tema vinculado a algo que es una preocupación cotidiana de mucha gente (la inseguridad), pero que tradicionalmente ha sido abordado desde un ángulo completamente distinto al que propone el proyecto; lo que supone un desafío mayúsculo en términos de praxis política, para imponer en el debate ese otro enfoque en la percepción de la sociedad.

No sea cosa que se obtenga un triunfo parlamentario (porque se consigan los números en el Congreso para aprobar el proyecto), a costa de una derrota social; porque se absorba el costo de la crítica al proyecto del hombre común de la calle.

Un dato no menor es que en cada conflicto de envergadura que el kirchnerismo tuvo que enfrentar (o decidió hacerlo) en todos estos años, siempre podía poner enfrente un "malo" al que entronizar como contraparte: los impresentables jueces de la Corte menemista, los bancos dueños de las AFJP que jodían al trabajador, los españoles de Repsol que vaciaban YPF; y así.

Y si en otros casos le costó más instalar esa percepción (la Mesa de Enlace, Clarín y los medios hegemónicos) con el tiempo llegó por lo menos, a un "empate técnico"; y sin lograr que la gran mayoría de la gente secundara sus planteos (o sí, si se miran los números de la elección presidencial del 2011), al menos pudo poner en entredicho el relato del adversario: hoy casi nadie cree que los empresarios del campo sean pobres chacareros que trabajan de sol a sol, o los dueños de los medios, periodistas independientes que luchan por la verdad.

En el caso de la reforma del Código Penal, eso no está tan claro, y allí machaca el discurso de lugares comunes del massismo, al que ya se está plegando el resto de la oposición: los famosos "derechos humanos de los delincuentes", o la idea de que el proyecto busca garantizar la impunidad. 

Ese es el contexto en el que se da la discusión, en medio de un panorama económico que suma preocupación e incertidumbre: no debemos olvidar que no fue casual que los años del crecimiento a tasas chinas proveían al kirchnerismo una plataforma sólida para encarar reformas que -justamente- no estaban en "la agenda de la gente", por decirlo de un modo usual.

Tomando en cuenta que el proyecto aun no tiene una versión definitiva aprobada por el Ejecutivo que aterrice en el Congreso (versión en la que seguramente se atenderán -entre otras- éstas cuestiones), no hay que perder de vista tampoco que la reforma del Código Penal (como la de los Códigos Civil y Comercial) supone un problema político y no de juristas; que se limitan a aportar su experticia técnica.

¿O acaso si se abriera en el país la discusión por la reforma de la Constitución, quedaría exclusivamente limitada a lo que opinen Sabsay, Loñ, Badeni o Barcesat?