VER PARA CREER

De acuerdo con lo que se venía anticipando hace meses, Cristina anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley con una batería de medidas para combatir el empleo en negro; y promover la contratación de nuevos trabajadores registrados.

El momento elegido dista mucho de ser casual, por varias razones.

En primer lugar (y como ella misma lo dijo ayer) el empleo informal es (luego de la preservación de los puestos de trabajo) uno de los mayores problemas para los trabajadores; que suele ser invisibilizado por otros también acuciantes y generalizados (como la discusión salarial en paritarias, para compensar la inflación); o que afectan a un universo mucho más reducido de laburantes, como el impuesto a las Ganancias.

De hecho, pese a que uno de cada tres trabajadores argentinos está en negro (y por ende excluido de derechos elementales hoy, y de los beneficios del sistema previsional mañana), la cuestión no figuró siquiera en el "top five" de los reclamos que movilizaron el paro de la semana pasada de la entente Moyano-Barrioneuvo. De allí que el anuncio sea una fuerte señal de respuesta a la medida de fuerza.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta el contexto general de la economía; que viene creando empleo genuino a menor velocidad que el crecimiento del PBI desde el 2008/2009, y puede llegar a perder empleo como consecuencia de la desaceleración del nivel de actividad, si no se toman medidas contracíclicas; como se hizo ya entonces.

Para conocer detalles de las medidas, aquí en El Cronista, acá en Ambito Financiero y en esta nota de Página 12 hay bastante información, de la que surge que la iniciativa contempla un combo de palos y zanahorias: estímulos a las empresas para registrar sus empleados en negro (básicamente disminuyendo las cargas patronales de la seguridad social y otros regímenes legales), junto con mecanismos de fiscalización y sanciones para los que no cumplan, o incurran en fraude laboral.

Cuando comenzó hace un tiempo a hablarse del proyecto, nosotros en éste post analizamos en detalles sus implicancias; y a su lectura remitimos como complemento necesario de ésta líneas, en mérito a la brevedad. 

La mayoría de los medios ponen el acento en la rebaja de las cargas patronales, como que es ése el aspecto en el que los empresarios que tienen trabajadores no registrados ponen su mayor atención; un mecanismo que -habrá que decirlo- ya se ensayó en otras oportunidades, con resultados dudosos en cuanto a la creación o registración de empleo.

Sin embargo por lo que pudo conocerse hasta acá del proyecto, hay un diseño de "sintonía fina" que lo distinguiría de la rebaja generalizada de aportes patronales instaurada en los 90', que fue además acompañada con una flexibilidad laboral de efectos devastadores sobre los derechos de los trabajadores.

En éste caso la disminución de la carga fiscal por aportes a la seguridad social es inversamente proporcional al tamaño de las empresas (favoreciendo objetivamente a las pyme y micropymes); razón por la cual no hubo euforia desmedida por los anuncios en los sectores más concentrados del empresariado, que seguramente aspiraban a replicar -sin matices- el esquema de Cavallo.  

Tampoco los estímulos del proyecto a la registración del empleo informal y la contratación de nuevos trabajadores por tiempo indeterminado se traducen en distingos o mermas de derechos para éstos; que si acceden a la formalidad gozarán de todos los que gozan quienes hoy están en esa condición.

Se contempla extender a otras actividades de naturaleza estacional (en cuanto a la demanda de mano de obra) los convenios de corresponsabilidad gremial que en su momento aprobara la Ley 26.377 (2008) para el sector agropecuario; convenios que permiten a las partes (sindicatos y cámaras empresariales) fijar de común acuerdo el monto de las contribuciones a la seguridad social, sujetos a la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación Profesional. 

En ese sentido, no es un dato menor que el proyecto se inserta en un contexto en el que sectores  con niveles históricamente elevados de empleo en negro (como los trabajadores rurales o el personal de casas de familia) han sido reivindicados por éste proyecto político con nuevos regímenes laborales que les reconocen derechos de los que antes no gozaban; y de los que podrán gozar los trabajadores de esos sectores que sean blanqueados.

Tampoco lo es que la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización estatal para combatir el empleo en negro, se dan en un contexto en el que -en la actividad agropecuaria- el tristemente célebre RENATRE (cooptado por las cámaras patronales) fue reemplazado por el RENATEA.

El proyecto implica un esfuerzo fiscal para subsidiar en parte a las empresas la disponibilidad de la fuerza de trabajo; que si tiene éxito será compensado con un incremento en la financiación genuina de la seguridad social, cuando los empleos (ya existente e informales, o nuevos) sean debidamente registrados.

Y hablando de financiación de la seguridad social, si la iniciativa permite en un mediano plazo aumentar los niveles de empleo registrado terminará fortaleciendo los recursos de la ANSES para financiar los aumentos a los jubilados; en el marco de la ley de movilidad, además de mejorar a largo plazo la sustentabilidad del sistema previsional; mejorando la relación entre trabajadores activos aportantes, y jubilados.

Podrá cuestionarse si no existían otros instrumentos (alternativos o complementarios) para disminuir los niveles del empleo en negro, como estímulos fiscales, crediticios o aduaneros a las empresas que tengan problemas de competitividad por la alta incidencia de los salarios y contribuciones de la seguridad social en su estructura de costos; y el planteo es valedero.

Sobre todo porque más allá del tamaño de cada empresa (si es o no una pyme) hay otras variables a tener en cuenta, como el convenio colectivo de trabajo que rige a su personal, lo que produce y vende, si exporta o no; y otras variables.

El proyecto amplía los beneficios que en su momento estableció la Ley 26.476, que -no casualmente- fue la misma que impulsaba el primer "blanqueo" de capitales; condonando las multas y sanciones a aquéllos que no habían registrado trabajadores: ¿se opondrá los mismos que se oponían al blanqueo, o se reeditará la discusión ética al respecto?

Como fuera y con todo lo apuntado, el proyecto representa el intento más serio en mucho tiempo por encarar uno de los problemas más graves que afectan a los trabajadores argentinos.

Un proyecto que se propone metas ambiciosas (bajar en dos años más de 5 puntos la tasa de empleo informal, incorporando a unos 650.000 trabajadores a la seguridad social y la plenitud de derechos); que si se cumple habrá profundizado un quiebre de tendencia que -con matices- se viene dando desde el 2003: el único momento de los últimos casi 40 años en el que cayó el empleo en negro.