VICIOS EMPRESARIOS

El Estado Nacional debió sancionar a distintas cadenas de supermercados a causa de incumplimientos en el marco del acuerdo Precios Cuidados, acuerdo al cual las empresas -recordemos- accedieron voluntariamente.

Se impusieron en estos días, multas por una suma de algo más de 31 millones de pesos, pero las sanciones también se extenderían a aquellas firmas fabricantes de productos que deliberadamente, y pese a su adhesión voluntaria al plan, no entregan mercadería, entregan una cantidad menor, o lo hacen por un precio mayor al acordado.

Distintas firmas fabricantes que pertenecen a un mismo grupo económico, y que producen varios de los productos incluídos en Precios Cuidados (gaseosas, aceite, galletitas, fideos, yerba mate) son las que recibirían las multas. Pero estas famosas empresas formadores de precios, que hacen un permanente – e interesado- aporte al proceso inflacionario,  ya están preparando su argumentación, su defensa,  en nombre del libre mercado, como vemos en ésta nota.

Estas empresas sostienen “que el volumen de mercadería fabricada y distribuida fue la pactada originalmente, y que el problema fue la alta demanda de los productos, especialmente entre febrero y marzo pasado. Afirman que la situación se repite desde abril y mayo, dado que la cantidad de fabricación de un bien determinado, y asumido como participante del acuerdo de precios con el Gobierno, no puede avanzar sobre las líneas de producción y la capacidad instalada utilizada para otros productos, donde se trabaja a ganancias para cubrir las pérdidas que genera estar dentro de Precios Cuidados.”.

Debido a la aceptación social del plan Precios Cuidados, resulta innegable el notable incremento en las ventas de los productos incluídos. Y por lo tanto, a mayor venta mayores ganancias. Porque recordemos, que dentro del plan, se establecieron razonables márgenes de rentabilidad tanto para los fabricantes como para las cadenas que venden al público.

Pero claro, acostumbrados a márgenes de ganancias siderales, argumentan que pese al incremento en las ventas de los productos de Precios Cuidados, ellos tendrían pérdidas. Y que entonces, tendrían que compensar ese déficit con la producción y venta de productos no incluídos. Un argumento numericamente insostenible.

Salvo que se pretendan márgenes de rentabilidad del 200 o 300%, como los que están acostumbrados a obtener.

Las  ganancias se pueden conseguir básicamente de dos maneras: Una opción es producir y vender mayor cantidad de productosmanteniendo un determinado margen de ganancias. La otra, producir y vender menor cantidad de productos pero aumentando su precio, con lo que se amplía o se mantiene el margen de ganancia haciendo una inversión mucho menor.

Y los grandes grupos económicos siempre optan por el aumento de precios y de los porcentajes de ganancias, nunca por aumentar la producción y la venta manteniendo el mismo precio. Un viejo vicio empresario.

Y deliberadamente incumplen el acuerdo que firmaron. Porque estos grupos económicos además saben que frente a la sanciones por incumplimientos, van a recurrir las multas mediante recursos judiciales, evitando entonces el pago de las sanciones, al menos en lo inmediato. En nombre del libre mercado, por supuesto.

Pero hay un proyecto de ley que puede cambiar ésta historia. Una  iniciativa del legislador Anibal Fernandez, que modifica al Artículo 22 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, estableciendo que los recursos interpuestos contra actos administrativos que disponen sanciones, se concedan unicamente con efecto devolutivo.

Es decir que frente a una sanción como una multa, se deberá primero abonar su importe, y recién después, se podrá impugnar judicialmente la sanción.

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde en las sanciones por violaciones a la Ley de Lealtad Comercial y a la Ley de Defensa del Consumidor,  las apelaciones ante la Justicia se otorgan con "efecto suspensivo" , es decir que dilatan (o directamente anulan) en la práctica, el cumplimiento de la sanción.

De sancionarse éste proyecto de ley, una sanción por infracción a la Ley 22.802 (Lealtad Comercial) aplicada a una cadena de supermercados o a un fabricante, podrá ejecutarse aún cuando el infractor haya apelado la decisión administrativa del Gobierno. Después decidirá la Justicia si la sanción estuvo o no correctamente fundada y aplicada, y en caso que así no fuera, ordenará el reintegro del importe de la sanción. Pero la multa habrá que pagarla antes de apelar.

Un remedio sencillo a la especulación de los formadores de precios, tan acostumbrados a perjudicar a los consumidores. Este es el breve, sencillo e importante proyecto:

"ARTICULO 1: Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, por el siguiente:

“ARTICULO 22.- Toda resolución condenatoria podrá ser recurrida solamente por vía de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la condena.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución, y será concedido en relación y con efecto devolutivo excepto que se hubieren denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.

ARTICULO 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo."

Mientras tanto avanzan en el Congreso otros proyectos (ver acá) para modificar la ley de lealtad comercial permitiendo la clausura preventiva de los comercios que no cumplan con el acuerdo, y actualizar los valores de las multas cada seis meses de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria; y la Secretaría de Comercio intimará a las empresas que no cumplieron con el régimen de información de costos; explicado acá.