En reiteradas oportunidades hemos explicado en Nestornautas como los gobiernos del Frente Progresista decidieron archivar la reforma policial aprobada en la Legislatura provincial durante el gobierno de Jorge Obeid; con el consenso de todas las fuerzas políticas.
Y dijimos que lo hizo cediendo a las presiones de la corporación policial, a la que decidió dejarle que manejara una policía atendida por sus propios dueños; con los resultados conocidos.
Para fundamenta más aun lo dicho, vamos a hacer un poco de historia: la reforma (que luego se traduciría en las Leyes 12.333 y 12.521) fue iniciada por Obeid en mayo del 2004, con un mensaje a la Legislatura en el que (a propósitos de los concursos para los ascensos que se instauraban) se decía que "respecto a las vacantes, anualmente se llamará a concurso por grado, de acuerdo con lo que disponga el Poder Ejecutivo. Las vacantes no podrán ser más que las generadas en cada organismo por el aumento de la dotación de base, jubilaciones, bajas y pases al servicio de apoyo.
Y dijimos que lo hizo cediendo a las presiones de la corporación policial, a la que decidió dejarle que manejara una policía atendida por sus propios dueños; con los resultados conocidos.
Para fundamenta más aun lo dicho, vamos a hacer un poco de historia: la reforma (que luego se traduciría en las Leyes 12.333 y 12.521) fue iniciada por Obeid en mayo del 2004, con un mensaje a la Legislatura en el que (a propósitos de los concursos para los ascensos que se instauraban) se decía que "respecto a las vacantes, anualmente se llamará a concurso por grado, de acuerdo con lo que disponga el Poder Ejecutivo. Las vacantes no podrán ser más que las generadas en cada organismo por el aumento de la dotación de base, jubilaciones, bajas y pases al servicio de apoyo.
Los ascensos serán por
concursos, adaptados al grado de que se trate y los jurados intervinientes se
integrarán con funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, del
Ministerio de Educación, funcionarios policiales de jerarquía, y con la
participación de funcionarios de la Secretaría de estado de Derechos Humanos y
representantes judiciales según sea la jerarquía del grado a cubrir. Por esta
vía de concursos públicos de oposición se asegura la idoneidad y el mejor aprovechamiento
de los hombres, además de la imparcialidad en el mecanismo de selección." (las negritas son nuestras)
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia en junio del 2005, y el hoy ministro de Seguridad Lamberto (entonces legislador) decía para justificar el apoyo del socialismo al proyecto: "Se elimina la Junta de
Calificación y se dispone el régimen de concursos basados en el principio de
idoneidad, o sea, concursos de antecedentes y oposición en reemplazo del actual
mecanismo de ascensos con intervención de un jurado, al estilo de un tribunal
civil con integración particular, según sea el caso a evaluar
Nos parece que jerarquizar la unificación de diferentes escalas
posibilita, evidentemente, una formación más democrática y nos parece que
establecer un ascenso por el mérito personal de cada funcionario, es mejorar la
forma en que se venía haciendo habitualmente, donde se ascendía por antigüedad.
Creo que, desde ese punto de vista, se avanza en una nueva concepción de lo que
debe ser la carrera policial." (otras vez las negritas son nuestras)
La sanción definitiva del proyecto la dio el Senado en abril del 2006, y el por entonces senador radical Fascendini (hoy ministro de la Producción de Bonfatti) decía: "Otra de las diferencias sustanciales son los ascensos, que
anteriormente se han ido desarrollando a partir del funcionamiento de
Juntas de Calificaciones. Esto en la nueva ley desaparece y aparecen
jurados independientes, renovables, que lo constituyen no solamente
autoridades policiales, sino autoridades del Ministerio de Gobierno,
del Ministerio de Educación, y en la medida que se va ascendiendo en la
escala son más las exigencias y empieza a intervenir también el Poder
Judicial. Este ascenso que reemplaza a las actuales Juntas de
Calificaciones es por concurso de oposición y de antecedentes, donde se
debe probar el nivel de formación y el nivel de trabajo en el grado
en el que se revista para poder ascender a otro. Esto, al ser un concurso
público, le da otro incentivo al personal policial para formarse y
para prestar un buen servicio en la repartición.
Desde ya adelanto nuestro voto afirmativo a esta ley que
intenta transformar el régimen del personal policial, que fundamentalmente
va hacia una mayor participación en los estamentos civiles, en la
formación de los policías, va a la desmilitarización del régimen policial,
cuya capacitación busca la formación de un personal más capacitado,
pero también con mayor participación en los estamentos civiles del
Gobierno, tanto en los controles como en la designación de los
ascensos y de los grados a cada uno de ellos." (las negritas son nuestras)
Pero luego vino la campaña electoral para gobernador del año 2007, y las cosas comenzaron a cambiar: el entonces candidato Binner prometía "a la familia policial" revisar la ley, volver a las Juntas de Calificaciones y reimplantar el viejo régimen de ascensos: ver acá los detalles.
Llegado al gobierno, empezó a cumplir y sin haberle tocado una coma a la Ley 12.521, blanqueó a las Juntas de Calificaciones como si siguieran existiendo (ver acá lo dicho al respecto), y con ese esquema organizó los ascensos en la policía; o mas bien: se limitó a convalidar los que decidían los propios policías, sin control del poder civil.
Pero luego vino la campaña electoral para gobernador del año 2007, y las cosas comenzaron a cambiar: el entonces candidato Binner prometía "a la familia policial" revisar la ley, volver a las Juntas de Calificaciones y reimplantar el viejo régimen de ascensos: ver acá los detalles.
Llegado al gobierno, empezó a cumplir y sin haberle tocado una coma a la Ley 12.521, blanqueó a las Juntas de Calificaciones como si siguieran existiendo (ver acá lo dicho al respecto), y con ese esquema organizó los ascensos en la policía; o mas bien: se limitó a convalidar los que decidían los propios policías, sin control del poder civil.
Pero no se conformó con eso: en el año 2009 envió un proyecto a la Legislatura para cambiar la ley, sepultando definitivamente la reforma; en cuya fundamentación decía cosas como éstas: "el diseño que se previó para instrumentar algunos de tales institutos (aclaración: habla de los concursos con jurados civiles) además de
generar una serie de críticas desde la propia institución, en la práctica
motivó dificultades que impidieron incluso su reglamentación en término por
parte de la anterior gestión de gobierno." (las negritas nos pertenecen)
Sigue Binner fundamento su proyecto de dar marcha atrás con la reforma de Obeid: "El Poder Ejecutivo inició entonces un proceso de
discusión y análisis, que incluyó un tiempo de consulta hacia dentro de la
propia institución, en el convencimiento de que cualquier proceso de reforma
que involucre un área determinada, no puede dejar al margen a los propios
involucrados. Como consecuencia se ha elaborado el presente proyecto de
ley que no se constituye en una nueva reforma integral de la Ley de Personal
Policial, sino sólo en la modificación de aquellos institutos que han mostrado
dificultades para su instrumentación y en la inclusión de nuevas figuras que
apuntan a un mejor funcionamiento de la Policía de la Provincia.
En ese marco se establece el sistema de ascensos, en el cual
se limita la figura de los concursos de antecedentes y oposición a las
jerarquías superiores. Se reduce considerablemente el número de integrantes de
los jurados, limitando la participación de funcionarios ajenos a la institución
policial, a los representantes que designe el Consejo Interinstitucional del
ISeP.
También entre las cláusulas transitorias, se solicita y
atento a la iniciativa de aumentar el número de grados, y a los efectos de los
ascensos pendientes del año 2007 y 2008, que deberían realizarse sobre la base
de las jerarquías dispuestas por la Ley Nº 12.521, se suspendan sus efectos y
que los mismos se hagan utilizando los grados vigentes con la Ley Nº 6.769,
para regularizar a partir de los ascensos correspondientes al año 2009, con los
nuevos grados que resulten de la nueva sanción.
Para que se entienda: tras sus promesas electorales a APROPOL (el seudo sindicato policial, cuyas autoridades estarían luego tras el motín policial de diciembre pasado), el socialismo y sus socios del FPCyS le preguntaron a la policía de Tognoli, Arismendi, Sola, Toledo, Cáceres, Baella y otros próceres, si quería ser reformada y sometida a más controles del poder civil; o continuar funcionando como lo hacía hasta que se aprobó la reforma.
De la que no sacaron todos los puntos, sino solamente los que les molestaban a los canas: disolución de las Juntas de Calificaciones, concursos públicos con jurados civiles, ascensos exclusivamente en las vacantes que decidiera el Ejecutivo en base a las políticas de seguridad.
El proyecto enviado por Binner nunca fue tratado por la Legislatura y perdió estado parlamentario; lo cual no fue óbice para que tanto él como Bonfatti decidieran actuar como si se hubiera aprobado, y la reforma de Obeid nunca hubiera existido: el ejemplo más reciente es el modo como reglamentaron los concursos policiales, cuando no les quedó más remedio que convocarlos tras el escándalo Tognoli: ver acá los detalles.
Para que se entienda: tras sus promesas electorales a APROPOL (el seudo sindicato policial, cuyas autoridades estarían luego tras el motín policial de diciembre pasado), el socialismo y sus socios del FPCyS le preguntaron a la policía de Tognoli, Arismendi, Sola, Toledo, Cáceres, Baella y otros próceres, si quería ser reformada y sometida a más controles del poder civil; o continuar funcionando como lo hacía hasta que se aprobó la reforma.
De la que no sacaron todos los puntos, sino solamente los que les molestaban a los canas: disolución de las Juntas de Calificaciones, concursos públicos con jurados civiles, ascensos exclusivamente en las vacantes que decidiera el Ejecutivo en base a las políticas de seguridad.
El proyecto enviado por Binner nunca fue tratado por la Legislatura y perdió estado parlamentario; lo cual no fue óbice para que tanto él como Bonfatti decidieran actuar como si se hubiera aprobado, y la reforma de Obeid nunca hubiera existido: el ejemplo más reciente es el modo como reglamentaron los concursos policiales, cuando no les quedó más remedio que convocarlos tras el escándalo Tognoli: ver acá los detalles.
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