ASESORAMIENTO PARA INSTITUCIONES EMPRESARIAS

La Unión Industrial Argentina anticipa por lo medios que recurrirá a la Justicia en el caso que se sancionaran los proyectos relativos a la Defensa del Consumidor que ingresaron al Senado de la Nación.

Amenazante, la UIA advierte que si el Gobierno aplica reformas a la ley de abastecimiento, esa entidad recurrirá a la Justicia para tratar de frenar su implementación, por considerar que es "inconstitucional".

Entienden entonces, no obstante lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, que la facultad del Estado de controlar la comercialización de bienes y servicios en resguardo de los intereses de los consumidores sería anticonstitucional, y manifiestan  que "Tenemos una observación sobre la ley de abastecimiento, porque podría ponerle límites a la rentabilidad de las empresas". 

Concuerda la UIA con planteos similares de la Sociedad Rural, o de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que publica un comunicado en el que muestra su preocupación y rechazo por el proyecto de regulación de las relaciones de producción y consumo que envió el Ejecutivo al Congreso. La entidad que nuclea a bancos de capital extranjero consideró que el paquete legislativo afectará la transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer. 

Descontando el irrestricto apoyo de estas instituciones a la transparencia del mercado y su histórico apego a los mandatos constitucionales, es evidente que están incurriendo en planteos o amenazas de acciones que no tendrían ningún sustento legal, por lo que resultaría conveniente que conozcan algunos aspectos básicos -elementales- del ordenamiento jurídico argentino, de modo de evaluar la conveniencia de embarcarse en aventuras judiciales que carecen de posibilidad de éxito.

Comenzando por los aspectos de la reforma relativos a la Ley 20.680 (Abastecimiento), y de acuerdo a lo que algunos dirigentes empresarios manifiestan en los medios, es probable que intentaran judicialmente reiterar el argumento que empresas como Shell invocaron anteriormente frente a sanciones de multas por desabastecimiento.

El planteo que la Ley de Abastecimiento no resulta aplicable en virtud de su anterior suspensión a través del Decreto de Desregulación Económica, y que por lo tanto las facultades que la ley otorga al Estado no pueden ser efectivizadas. 

Según algunos asesores empresarios, como el Decreto 2284/91 en su artículo 4 estableció suspender el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley de Abastecimiento, las mismas sólo podrían ser reestablecidas si una ley del Congreso decreta una emergencia en el abastecimiento, y por lo tanto, se cuestionaría la modificación una ley que no tiene aplicación por encontrarse sus facultades suspendidas.

Los asesores empresarios pierden de vista un detalle. El 7 de Julio del año 1999, se sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 722, DNU entonces equiparado a una ley del Congreso.

Por éste Decreto de 1999, se declaró el “estado de emergencia de abastecimiento a nivel general”  y se restablecieron "el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 20.680 y sus modificatorias". El decreto puede verse aquí .

El Decreto 722/99 no establecía su fecha de caducidad, y como nunca fue derogado, tiene plena vigencia. Tampoco fue dejado sin efecto o nulificado en ninguna sentencia, por lo que, siendo una norma vigente, y no declarada su inaplicabilidad en la justicia, se mantiene desde 1999 el restablecimiento de las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo la Ley 20.680.

Por ello, ya en el año 2007 el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Gugliemino, dictaminó que la Ley 20.680 está en vigencia ya que “como toda norma legal, debe reconocérsele vocación de permanencia, salvo que ella expresamente disponga lo contrario”.

“Las facultades otorgadas por La ley 20.680, que fueran oportunamente suspendidas por el decreto 2284/91, fueron reestablecidas en cuanto a su vigencia, en virtud de los dispuesto por el decreto 722/99”, conforme lo establece Guglielmino en su Dictamen Nro. 288. 

Por lo que, cuestionar judicialmente la validez de la reforma de una norma vigente y las facultades del Congreso al respecto, resulta poco serio.

Y en cuanto al cuestionamiento que efectuarían las asociaciones empresarias en relación a la inconstitucionalidad de la reforma en base al contenido de sus artículos, resulta suficiente la lectura del artículo 42 de la Constitución Nacional para observar que resulta innegable la facultad del Estado de controlar la comercialización de bienes y servicios en resguardo de los intereses de los consumidores.

El precepto constitucional consagra derechos de los consumidores y usuarios, tales como la protección de sus intereses económicos y el acceso a una información adecuada y veraz. Justamente  objetivos que persigue la reforma.

Y el Estado tiene la obligación de proteger esos derechos, actuando entre otros aspectos, en el marco de la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y en el control de los monopolios. Y en ello, aunque los dirigentes empresarios se escandalizen, se incluye la facultad del Estado para poner límites a la rentabilidad de las empresas, si éstas con su conducta están afectando necesidades básicas o esenciales y perjudican el bienestar general de la población.

Los asesores empresarios deberían informar a sus clientes que esta limitación es absolutamente legal, y que está consagrada en nuestro derecho desde el año 1974, cuando se sancionara la Ley 20.680.

Todas y cada una de las disposiciones de los tres proyectos enviados al Senado están en completa armonía con el mandato constitucional, y no hacen sino fortalecer y volver operativos los derechos de los consumidores, otorgándole al Estado las herramientas necesarias para cumplir con mayor celeridad la obligación que le impone la Constitución.