GRACIAS TOTALES

Todo parece indicar que -gracias a la intervención del gobierno- las empresas de medicina prepaga tendrán que dar mar atrás en su pretensión de cobrarles copagos adicionales a los afiliados por determinadas prácticas médicas, por encima de las cuotas que ya les cobran de acuerdo con los contratos de afiliación.

Una pretensión que -tal como se da cuenta acá en La Nación y también acá en El Cronista  era parte de una estrategia conjunta de apriete entre los prestadores y las prepagas; para que el gobierno les autorizara aumentos mayores a los otorgados hace poco, hasta fin de año.

Una estrategia que no es nueva: veíamos acá como unos meses atrás apelaban a la amenaza del corte de servicio a los afiliados, con el mismo fin: que se les permitieran aumentos mayores, supuestamente justificados en una suba de los costos.

Lo que probablemente muchos no sepan o quizás otros no recuerden, es que los aumentos de las cuotas de las prepagas deben ser autorizados por el gobierno, y aparece también metido en el asunto el Secretario de Comercio Interior Augusto Costa; como consecuencia de que desde 2011 el sector está regulado por la Ley 26.682, reglamentada por Cristina mediante el Decreto 1993 del mismo año.

Ley que dice en su artículo 4: "Es Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda"; es decir en éste caso y en cuanto se vean afectados los derechos de los afiliados de las prepagas como usuarios y consumidores, la Secretaría de Comercio. 

De acuerdo con el artículo 5 inciso g) de la misma ley, a la Autoridad de Aplicación (la Superintendencia de Servicio de Salud) le corresponde: "Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;"; fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales (artículo 17), autorizar el aumento de las cuotas "cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.", fijar los aranceles mínimos para la prestación eficiente de los diferentes tipos de servicios de salud (artículo 18) y aprobar los modelos de contratos entre las prepagas y sus afiliados (artículo 19).

Es precisamente este marco regulatorio legal el que, por un lado establece la intervención necesaria del Estado en el contralor de servicios críticos para la población, y por el otro, otorga el sustento jurídico para que los usuarios y consumidores y las asociaciones que los representan, puedan reclamar que no se les cobren copagos; y en caso contrario (o de no mediar reintegros a los que hubieran tenido que pagarlos), que las empresas sean sancionadas; tal cual se da cuenta acá en Tiempo Argentino. 

Lo cual nos lleva a reiterar -respecto al fenómeno de la medicina privada- lo dicho en su momento en éste post: "En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados).

En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores. 

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental...".

El conflicto entre las empresas privadas de medicina prepaga y sus afiliados se produce justamente en estos momentos, en los que a propósito de las modificaciones a las leyes de abastecimiento, derechos del consumidor y defensa de la competencia que trata el Congreso, se discute la pertinencia de la intervención del Estado regulando al mercado en defensa de la parte más débil de la relación contractual (los usuarios y consumidores); y asistimos a una durísima ofensiva de los defensores de "la mano invisible del mercado" alertando sobre los funestos males que acarrearía al país que dicha legislación se aprobase.

Ofensiva que cuenta -en no pocos casos- con el apoyo de los propios afectados por esa mano invisible, en virtud del marco conceptual desde el que se posicionan frente a todo intento de regulación estatal.

De allí que -parafraseando al hoy homenajeado Cerati- no quepa sino darles gracias totales a Gustavo Belocopitt y toda la buena gente de las prepagas y prestadoras médicas (que vienen tirando en yunta con sus amenazas para lograr mayores aumentos de sus tarifas y cuotas): nadie (salvo quizá las automotrices) ha hecho por estos días más que ellos en favor de que los planteos del gobierno en estos asuntos ganen consenso social.