POR EL CAMINO DE LA LEY DE MEDIOS

El Senado vota hoy los cambios a la ley de abastecimiento, y leemos en Clarín que el G 6 (mamita los nombres que se ponen los pibes, que humildes) amenaza desde ya con ir a la justicia, a demandar su inconstitucionalidad.

Es así entonces que lo más granado del garquerío local (la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina) enfoca  sus cañones contra la norma; quedando perfectamente en claro que no se trata de oponerse a uno u otro artículo en particular, sino de sus profundas divergencias ideológicas con la iniciativa, y del hecho comprobable de que la misma afectaría sus intereses.

Tal como se señaló acá, no quieren que los controlen ni que el Estado meta las narices donde no debe; postura desde la cual los cambios que se le introdujeron al proyecto en su paso por las comisiones del Senado les resultan irrelevantes. 

A esta altura de los acontecimientos, la nitidez con el conflicto por la ley de medios aparece cada vez más evidente; comenzando por señalar que -tal como entonces- el kirchnerismo impulsa la iniciativa desde una posición de debilidad: como en el 2009, viene de elecciones en las que perdió en distritos claves, y la economía arroja señales preocupantes.

Y como entonces, apuesta a fortalecerse en la adversidad, dando señales claras de que no resignará fácilmente el control de la agenda; y que identifica desde que posiciones se sabotea la gestión: entonces era el poder de fuego de los medios concentrados (evidenciado en su alineamiento con los reclamos de las patronales agrarias durante el conflicto de la 125); hoy el de los formadores de precios, cuando es necesario atacar las causas de la inflación.

Sin perder de vista que estamos hablando de diagnósticos políticos (con los que se puede estar o no de acuerdo), que generan en consecuencia respuestas políticas por parte de Cristina y su gobierno.

Se podría apuntar además que -a diferencia del 2009 con la ley de medios- los apoyos sociales a los cambios en la ley de abastecimiento son más difusos; y no se expresan en una participación activa, organizada y militante como ocurrió con la ley de medios, y el trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Incluso han sido más activos en ese rol ciertos sectores del empresariado afines al gobierno como la CGE o las Pymes nucleadas en CAME, que las asociaciones de usuarios y consumidores que serían en definitiva quienes representan a los destinatarios finales de las medidas que el Estado podría adoptar, de aprobarse la ley.

Como reflexión marginal, se puede acotar que el fenómeno echa luz sobre algo ya conocido: cierto "oenegeísmo" de clase media que se transforma en un mecanismo de participación ciudadana de baja intensidad; con aires noventosos respecto a la lectura que hace del Estado, la política, la sociedad y los intereses de los grupos económicos. 

Una especie de placebo para canalizar las inquietudes sociales de algunos sectores que, bajo la apariencia de cuestionar algunos aspectos puntuales de las políticas económicas y sociales de cuño neoliberal, concuerdan en definitiva con sus premisa centrales.

La oposición viene cumpliendo el mismo (triste) papel que cumplió en el debate de la ley de medios, pero esto es menos novedoso: con honrosísimas excepciones que no hacen más que confirmar la regla, no se han apartado en todos estos años del alineamiento con los intereses corporativos en cada iniciativa del kirchnerismo que siquiera los rozara.

Y al igual que ocurriera durante la discusión de la ley de medios y antes de eso, con el conflicto del campo, los medios "escrachan" como acá Infobae a los legisladores que apoyarían el proyecto del gobierno, como si fueran delincuentes; cuando no están haciendo más que cumplir el mandato para el que fueron votados: acompañar los proyectos del gobierno del cual forman parte, en el Congreso.

Tan nítida es la semejanza de la situación con la discusión de la ley de medios, que hasta éste nuevo proyecto tiene su propio Enrique Thomas, aquel diputado mendocino que perdió la votación (en realidad se ausentó del recinto como el resto de los opositores), y fue a los tribunales a tratar de frenar la aplicación de la norma en la justicia mediante una cautelar.

¿Cómo interpretar sino el rol del ahora massista De Mendiguren (en círculo amarillo en la foto en la reunión del G 6), que seguramente votará en contra cuando el proyecto llegue a Diputados, pero acompañará la presentación judicial de los empresarios para paralizar la ley?

Pero siguen las notorias semejanzas de ambos casos: al igual que la ley de medios, el proyecto que introduce cambios en la de abastecimiento establece (como no puede ser de otro modo, atento a la naturaleza de lo que regula) la competencia de los tribunales federales en lo contencioso administrativo.

Y con toda seguridad (ya lo están advirtiendo, por otra parte) y al igual que ocurriera con el Grupo Clarín en el caso de la ley de medios, los empresarios nucleados en el G 6 intentarán interponer una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en algún juzgado del fuero Civil y Comercial de la Capital; fuero absolutamente colonizado por los intereses empresariales, como quedó demostrado justamente en el caso de la ley de medios.

Para eso recurrirán nada menos que al estudio Cassagne, el mismo que patrocinó a la Rural para obtener la cautelar que le permite seguir ocupando hoy el predio de Palermo comprado a precio vil; y del mismo Cassagne que en los 90' estuvo de los dos lados del mostrador: primero como funcionario del gobierno de Menem preparando los pliegos para las privatizaciones y los marcos regulatorios, luego como asesor de las empresas que se presentaban para quedar como concesionarias de los servicios públicos que se privatizaban.

No hace falta ser adivino para darse cuenta que una presentación tal hará seguir a la ley de abastecimiento el mismo camino que siguió la ley de medios: cautelar dictada inaudita parte y en tiempo récord por un juez casi con seguridad incompetente, y luego todo el recorrido por los tribunales para revertirla hasta llegar a la Corte; que probablemente falle en el 2020, más o menos, si es que antes la ley no es derogada por otro gobierno, y terminan declarando abstracta la cuestión.

Lo que de darse comprobaría que -una vez más- el debate no es jurídico ni sobre exquisiteces constitucionales (así como la ley de medios no fue simplemente un debate sobre la democratización de las comunicaciones), sino sobre la cuestión del poder en la Argentina; como se reparte, quien lo tiene y qué está dispuesto a hacer para conservarlo.