¿SE CAE LA CANDIDATURA DE BINNER?

La justicia federal santafesina con competencia electoral mantiene pendiente de aprobación el balance del Partido Socialista correspondiente al año 2007; tanto en lo referente a los ingresos como a los gastos del partido, así como la rendición de cuentas de la campaña de las elecciones presidenciales de ese año, en las que Rubén Giustiniani acompañó en la fórmula a Elisa Carrió, y los socialistas obtuvieron bancas de diputados por Santa Fe al Congreso nacional.

La documentación presentada por el partido mereció numerosas observaciones de una auditoría contable ordenada por la Cámara Nacional Electoral; muchas de las cuales no fueron contestadas por las autoridades partidarias ni por los responsables del manejo de los fondos, y en otros casos las respuestas se consideraron insuficientes.

Como dato de color, el balance objetado por la justicia fue auditado por una "profesional independiente" contratada por el mismo partido; que resultó ser nada menos que Teresa Beren, luego Secretaria de Ingresos Públicos del gobierno de Binner. Como "profesional independiente", Beren entendió que el balance no presentaba problemas, y reflejaba razonablemente la situación financiera y patrimonial del PS, con la correspondiente documentación de respaldo.

La auditoría de la Cámara Nacional Electoral detectó aportes privados (de personas físicas y jurídicas, o sea empresas) al socialismo para ese año por $ 1.879.207,07, cuyo origen no pudieron precisar ni justificar las autoridades partidarias. De ese total, $ 938.172,59 (prácticamente la mitad) fueron identificados por el socialismo como "aportes privados para la campaña provincial"; recordando por nuestra parte que ese año fueron las elecciones que consagraron a Hermes Binner como gobernador de Santa Fe.

Pese al tiempo transcurrido y considerando lo que vino después, es inevitable no asociar el hecho con lo denunciado en su momento en éste blog aquí; y luego amplificado a escala nacional por el "Perro" Verbitsky con ésta nota de Página 12, a partir de las declaraciones del narco asesinado cuya MAC abrieron funcionarios del gobierno provincial; sin orden judicial. Y eso que Alicia Gutiérrez dijo esta misma semana a La Nación que "acotó que "en el Tribunal Electoral está la rendición de cuentas de cómo se financió la campaña", y consideró que ello "es una prueba irrefutable". "

Y la inefable diputada Ciciliani tuitiaba esto, en medio de la discusión del Presupuesto nacional:

Entre los cuestionamientos formulados por la justicia federal electoral y no contestados por las autoridades del Partido Socialista, sobresalen los aportes hechos al partido por "Terminal Puerto Rosario S.A.", la concesionaria del manejo del puerto rosarino (en cuyo ente administrador el municipio gobernado por el socialismo tiene un representante, de acuerdo a la Ley 11.011) desde 2002 hasta febrero del 2013.

La auditoría contable ordenada por la Cámara Nacional Electoral objetó el aporte de TPR (uno de cuyos accionistas confesó en la justicia española haber lavado dinero del narcotráfico a través del puerto de Rosario: ver acá; y es un viejo conocido del socialismo, ver también acá); por entender que viola el artículo 15 inciso c) de la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, que le prohíbe recibir "contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;.".

Las autoridades del socialismo nunca contestaron esta objeción en particular, por lo que no se pudo saber si apelarían en su defensa al mismo argumento que en su momento utilizó Vorobiof para zafar de la justicia: decir que el Ente Administrador del puerto rosarino -que fue el que otorgó la concesión a Terminal Puerto Rosario S.A.- es (al igual que su par de Santa Fe) un "ente público no estatal".  

Entre los gastos declarados por el Partido Socialista en el balance objetado por la justicia, se destacan la frecuente contratación de la consultora publicitaria Arcadia S.A., propiedad de Nahuel Caputto, uno de los principales accionistas del diario El Litoral; y entre cuyos principales clientes figura hoy el gobierno santafesino (ver acá).

Como consecuencia de la presentación tardía del balance cuestionado, y de los reiterados incumplimientos del Partido Socialista a los requerimientos de la auditoría contable ordenada por la justicia, el juzgado federal con competencia electoral de Santa Fe le aplicó una multa del 18 % sobre los fondos aportados por el Estado nacional a los partidos, luego la suspensión cautelar sobre el total de los mismos, y finalmente la pérdida de los aportes extraordinarios que el Estado realiza para el financiamiento de los partidos políticos; decisiones todas que se encuentran firmes.

Pero además y como si todo esto fuera poco, el juez corrió vista al fiscal para que proceda a instruir un sumario en los términos del artículo 353 Bis del Código Procesal Penal de la Nación, por la presunta configuración de lo previsto por el artículo 63 inciso b) de la Ley 26.215, cuyo texto dice lo siguiente: "El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económicofinanciero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:

a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral.

b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos." (las negritas son nuestras)

Lo que supone que, si la investigación de la justicia sigue adelante y se comprueban los hechos sospechados,el presidente y el tesorero del partido podrían quedar inhabilitados por un período mínimo de seis meses, para competir por cargos públicos electivos nacionales, e incluso para ejercer cargos públicos de ese mismo nivel, si los tuvieren.

Lo que alcanzaría a Hermes Binner (actual presidente del Partido Socialista desde 2012) y Miguel Lifschiz (tesorero del partido); quienes en función de sus cargos partidarios avalaron con su firma el balance que la justicia electoral cuestiona, y la documentación que lo respalda.

En el caso de Binner -si la medida se concreta- no solo quedaría eventualmente inhabilitado para presentarse como candidato en las PASO del año que viene (cuyas candidaturas deben oficializarse en mayo de 2015), sino impedido de seguir ejerciendo sus funciones como diputado nacional.