El sábado pasado los países que integran la Unasur respaldaron por unanimidad al gobierno de Venezuela frente a la embestida imperialista de los EEUU, expuesta en las sanciones decretadas por el gobierno de Obama.
Del comunicado del bloque regional (ver imagen de apertura) lo primero que hay que destacar es -precisamente- esa unanimidad, porque incluye el apoyo de países que integran la Alianza del Pacífico (como Perú), y otros que hasta tienen bases militares de EEUU en su territorio, como Colombia. Bases desde las que perfectamente podría lanzarse -llegado el caso de decidirse- un ataque militar contra Venezuela.
La lectura del comunicado arroja una conclusión que para algunos puede resultar sorprendente, pero en realidad no lo es: el escrupuloso apego de los "sudacas" a los principios jurídicos elementales de la institucionalidad internacional (respeto por la soberanía de los Estados, afirmación del principio de no intervención, búsqueda de la solución pacífica de controversias, respeto por la autodeterminación de los pueblos); que contrasta con la burda consagración jurídica del imperialismo yanqui, explícita en la absurda ley "de protección de los derechos civiles en Venezuela" del Congreso norteamericano, y el decreto de Obama considerando al país de Chávez "una amenaza extraordinaria e inusitada a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".
La posición de Unasur no hace sino acrecentar el respaldo internacional a Venezuela, al que se suman potencias de peso como China y Rusia, y otros argupamientos como el G77; mientras que la oposición venezolana (los "escuálidos") que pidieron al gobierno yanqui que subiera la presión sobre la administración de Maduro, minimiza las sanciones, reduciéndolas a un problema de algunos funcionarios del chavismo.
Omite así que ese mismo marco legal fue el preludio de otras tantas intervenciones militares de EEUU en el exterior cuando lo creyó conveniente para sus intereses; y que incluso de los funcionarios sancionados con la cancelación de sus visas o el bloque de sus cuentas bancarias (que ninguno tiene), dos son nada menos que los fiscales que instruyen las causas contra Leopoldo López y Antonio Ledezma; por la organización de las "guarimbas" (piquetes) que se cobraron más de 40 vidas el año pasado en el primer caso, y por el intento de golpe de Estado contra Maduro, en el segundo.
Asistimos entonces a escenas de bradenismo explícito, en un intento por articular desde afuera a una oposición que, antes de las elecciones legislativas de junio, lidia con sus propios problemas (no logran acordar siquiera el mecanismo para dirimir las candidaturas) y no logra capitalizar plenamente el descontento ciudadano antes las dificultades que afronta el gobierno: inflación, devaluación para intentar compensar la pérdida de ingresos por la caída de los precios del petróleo, y problemas de desabastecimiento originados en claros componentes especulativos; en una economía aun altamente primarizada (y por ende dependiente de la importación de insumos esenciales) y con fuertes grados de concentración en los mercados.
Por el contrario, la agresión estadounidense -que obra con la sutileza de un elefante en un bazar- ha logrado en lo inmediato galvanizar el espíritu del chavismo, al menos en el núcleo duro de su base organizada; e incluso consiguió que una fracción minoritaria de la oposición apoyara la ley habilitante impulsada por Maduro y votada por la Asamblea Nacional, para adoptar medidas frente a la avanzada yanqui.
Como dicen en Venezuela, la escalada de presión de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su gobierno ha reavivado el histórico conflicto entre Bolívar y Monroe; y ha hecho cobrar urgente actualidad a la profética frase del libertador, cuando dijo: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.".
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