Si están siguiendo el desarrollo de los Panamericanos de Toronto, habrán notado que no son pocos los atletas argentinos que cosechan medallas y cuando los entrevistan, agradecen el apoyo del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); por proveerlos los medios y la infraestructura para poder entrenarse, dedicarse de lleno a su disciplina y mejorar sus rendimientos.
El ENARD es un ente público no estatal creado en el año 2009 por la Ley 26.573, y su directorio está conformado por la Secretaría de Deportes de la Nación, que depende del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, y el Comité Olímpico Argentino (COA), la entidad que nuclea a las asociaciones, federaciones y confederaciones de los distintos deportes que se practican en el país.
Las actividades del ENARD se financian sustancialmente con una contribución (creada por la misma Ley 26.573) formada con el 1 % (neto de IVA) de la facturación de los servicios de telefonía celular que pagamos todos los que los utilizamos, a lo largo y a lo ancho del país.
Con éste dato probablemente recuerden más, porque en su momento cuando Cristina envió la ley al Congreso se generó ruido y polémica -para variar- con la contribución, porque vieron como son acá las cosas: todos quieren que se apoye a los deportistas nacionales (en especial si son amateurs), pero creen que los recursos salen del aire.
De acuerdo con la misma Ley 26.573 en su artículo 2, los fondos recaudados se deben destinar exclusivamente a:
a) Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley;
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de Deporte de la Nación para solventar los gastos que demande la participación en competencias deportivas internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva Federación Internacional y que se encuentren incluidas en el presupuesto anual, aprobado por el Directorio Ejecutivo;
c) Solventar honorarios de entrenadores y técnicos afectados al alto rendimiento;
d) Contratar especialistas en ciencias aplicadas al deporte y adquirir los elementos necesarios para el entrenamiento de los deportistas;
e) Brindar apoyo económico para la organización de competencias nacionales e internacionales a realizarse dentro del territorio de la República Argentina;
f) Asegurar la cobertura médico-asistencial de los deportistas, entrenadores y técnicos contemplados en la presente ley;
g) Solventar los costos de mantenimiento del laboratorio de control de dóping, dependiente de la Secretaría de Deporte de la Nación;
h) Arbitrar las medidas conducentes para el apoyo a los deportistas paralímpicos;
i) Implementar planes, programas, proyectos y acciones a través de unidades ejecutoras públicas o privadas, nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires idóneas para tales cometidos, no pudiendo este concepto exceder el diez por ciento (10%) de los recursos recaudados en forma anual.
La ley se aprobó en diciembre del 2009, es decir tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio de ese año; y cuando se había conformado el llamado "Grupo A" con el cual la oposición pretendía controlar el Congreso.
En ese marco, cuando se discutían proyectos que no le interesaban, intentaban boicotearlos restando el quórum (como pasó con propio el presupuesto nacional), y dejándole al oficialismo el trabajo de conseguirlo.
La ley 26.573 (crucial como vimos para el apoyo a todas las expresiones del deporte nacional) se sancionó en Diputados con 142 votos a favor, todos aportados por el FPV y sus aliados; y con un número llamativo de ausencias (98), que son las que constan en las imágenes que ilustran el post.
La mayoría de la oposición optó por rajarse en lugar de votar en contra, creyendo que de ese modo quedaba bien con Dios y con el diablo: con los usuarios de celulares que tendrían que pagar la contribución, y con los deportistas que esperaban apoyo.
Como dato de color, entre los ausentes estuvieron todos los diputados de entonces del bloque del Partido Socialista (incluyendo por supuesto a los santafesinos); marcando así una estrategia coherente con lo que hacen cuando les toca gobernar: hace poco se supo en Santa Fe que Santiago Grassi (medallista de plata en los Panamericanos) recibe del gobierno de Bonfatti una beca de apenas $ 400 por mes.
Por lo que puede verse en las planillas la votación no fue después de conformarse el tristemente recordado grupo A RH-, sino ANTES, para cuando salió la “inoportuna” Ley de Medios.
ResponderEliminarLa fecha es 25/11/2009 y el FPV perdió la mayoría en diciembre cuando ingresaron los nuevos miembros. Por eso salió.
Me llamó la atención que no figuraran Carrió, los agrodiputados y todos los brishantes triunfadores de la gesta reaccionaria de 2009. Todavía no habían jurado. Imposible que hayan votado positivo.
Saludos.
Sí, la sesión en la que juraron y se formaron los dos grupos fue la siguiente, del 2 de diciembre. Pero ya estaban con la idea de restar quórum, y de hecho con la ley de medios lo habían hecho, yéndose en masa.
ResponderEliminarque sea el 1.5 o mejor el2% ya!
ResponderEliminarya que los tel, se llevan lejos las mayores quejas por costos abusivs, que el abuso lo recuperemos en el enard