SE LES VAN ACABANDO LAS EXCUSAS

Conforme se acerca el 9 de agosto, retorna un clásico de todas las elecciones: las denuncias anticipadas y al voleo de fraude (ver acá con la brutalidad explícita de Morales Solá), que no tienen por objeto advertir a las autoridades correspondientes para que garanticen la transparencia de los comicios, sino deslegitimar de antemano el resultado.

Simplemente googleando se puede verificar que las mismas denuncias, de los mismos personajes (Carrió entre ellos) se repiten elección tras elección: 2007, 2009, 2011 y 2013.

Por supuesto que en todos los casos las denuncias jamás se concretan en el lugar donde se debe (la justicia), aportando las pruebas del caso, porque el fin es otro, como se dijo: restarle legitimidad a un resultado que ya intuyen adverso.

Es que hay una relación de causa a efecto entre la certeza del que va a perder una elección (como la oposición las próximas presidenciales), y sus denuncias de fraude.

También como un mantra se repiten los mismos argumentos: que si el robo de boletas, o que si me faltan fiscales, o que si convoco por Internet o las redes sociales a "voluntarios" para que me fiscalicen; porque no tengo militantes que lo hagan: son los límites de la telepolítica, que se hace por y desde las radios y los canales; y no en los barrios, en la calle, "pateando la cañada" como se dice, para ganar votos.

Fruto de esa concepción política (con fuerte tufillo noventista, que en esto no hay diferencias entre "progres" y "nueva derecha") son alquimias institucionales como la boleta única; que no son para facilitarles las cosas a los votantes, sino a ciertos y determinados partidos y candidatos.

Disgresión al pasar: mientras desde la oposición y los medios hegemónicos se asocia el sistema tradicional de boletas que se empleará en las elecciones con la posibilidad de fraude, la menos transparente y más sospechada de todas las elecciones hechas este año en todo el país, fue la de Santa Fe (tanto en la instancia de las PASO como en las generales); que se hizo con la supuestamente maravillosa boleta única.

Por estas horas se conocieron dos resoluciones judiciales que impactan sobre todo en la provincia de Buenos Aires (el mayor distrito electoral del país): la que revocó la poco criteriosa (por decir algo suave) decisión del juez electoral subrogante de disminuir el número de boletas de repuesto de cada partido que se remitirán a las mesas, y la de Servini de Cubría (verla completa acá) que les permite a los partidos designar fiscales de mesa y fiscales generales que no correspondan al distrito donde fiscalizan.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la decisión fuerza en un punto la interpretación de las normas del Código Electoral Nacional (en especial su artículo 58), porque en la misma elección de presidente y vice y parlamentarios al Parlasur por distrito único, se eligen diputados nacionales por cada provincia, diputados al Parlasur por cada distrito y en 8 provincias, senadores.

Y es también precaria porque Servini no tiene competencia en las provincias (sí en la elección presidencial, que es por distrito único), donde en otras se puede presentar el mismo problema que en Buenos Aires: que haya partidos que -por falencias propias- no estén en condiciones de fiscalizar la elección. 

Es sí una solución política (a no ruborizarse del término, amigos republicanos) a un problema político: la absoluta carencia de despliegue político, militante, organizativo y territorial de fuerzas que aspiran a gobernar el país (como Cambiemos), en el distrito que concentra a casi el 38 % de los votantes.

Un distrito en el que -si las encuestas que están circulando son correctas- sufrirían una derrota de proporciones, que condicionaría seriamente sus chances en la elección presidencial. Ese es todo el asunto, no hay otra cosa.

Sutilezas jurídicas aparte (se las dejamos a los que gustan de cultivarlas, hasta que se convierten en un obstáculo para sus pretensiones, como en éste caso), lo del número de las boletas "de repuesto" y la habilitación de la "migración" de fiscales porteños en una excursión a los indios ranqueles de los distritos del conurbano bonaerense vienen muy bien: remueven dos supuestos obstáculos para la completa transparencia del comicio, y le dejan a una oposición plañidera y huérfana de propuestas (o que no puede explicitarlas claramente, por consejo de sus propios gurúes: ver acá el sincericidio de Sturzenegger) dos excusas menos para desconocer la legitimidad del resultado.

Lo que no impedirá -por supuesto- que vuelvan una y otra vez sobre lo mismo (de cara a las generales, y cada vez que haya una elección), porque el principal problema que tienen es que muchos vienen "flojitos de papeles" en sus credenciales democráticas; que empiezan por lo más obvio y elemental: respetar la voluntad popular expresada en las urnas, que determina quien y como gobierna, nos guste o no.

Porque este asunto de las boletas y los fiscales, esta sombra del fraude que se menea en cada elección, son parientes cercanos de la "legitimidad segmentada" de la que hablaba Carrió para bajarle el precio al primer triunfo presidencial de Cristina, del "voto inteligente" de Pino Solanas para descalificar al electorado de provincias enteras donde le iba mal y de las interpretaciones "académicas" que todo lo explican por los planes sociales o las relaciones clientelares.

Y es ahí donde la cuestión se pone más seria, porque cuando se pretende restarle legitimidad democrática a un proceso político (como insistentemente se viene haciendo desde la oposición con el abierto en el país el 25 de mayo del 2003) se juega con el núcleo duro de la democracia, con el piso común en el que estamos todos parados.

En otros tiempos (con el actor militar disponible a la mano), ya sabemos como terminaba la cuestión, pero hoy día tiene matices no menos graves: lo que se impugna no es en realidad una elección específica, o la picardía de algún vivo que roba boletas en los cuartos oscuros, sino un rumbo político determinado.

Si se siembra la sospecha de hay fraude, si se sostiene que todo depende de aparatos punteriles o relaciones clientelares, estos autodesignados guardianes de la república y las instituciones suponen que están en mejores condiciones morales para oponerse de plano (como han hecho) a cualquier política, aunque la hayan requerido previamente.

Si bien se mira, un módico intento de disfrazar con aires de resistencia cívica a una seudo dictadura (al fin y al cabo, no está tan sola nuestra embajadora cultural en su modo de pensar) lo que no es sino expresión de impotencia política, y en no pocos casos, de pereza intelectual y militante.