ZAPATERO A TUS ZAPATOS

Eramos pocos y parió la abuela: como si faltaran voces que se sumen a la deslegitimación a priori del resultado de las elecciones de octubre, se suman nada menos que los jueces de la Cámara Nacional Electoral, en este reportaje que les hizo ayer Ventura para La Nación; y que ha rebotado como era lógico en todos los medios.

Lo que no es tan lógico es que sus señorías incursionen -con total impudicia- en apreciaciones de naturaleza política ajenas por completo a su rol específico, que es nada más ni nada menos que garantizar la transparencia del proceso electoral; y sancionar con la nulidad las irregularidades que en ese contexto detecten. 

Después de reconocer expresamente que el sistema electoral que se aplica en el orden nacional  -vigente en sus grandes líneas desde la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912- impide organizar un fraude sistemático que altere la voluntad popular, señalan que en el orden nacional el verdadero problema que condiciona la libre expresión de esa voluntad es el clientelismo.

Cualquier parecido con los intentos de instalar la idea de que el problema es el voto de los pobres (que por ser tales no son "libres" para decidir su voto) tal como lo señaló con absoluta claridad ayer Edgardo Mocca en Página 12; o con la saga lanatiana de provincias presas del clientelismo que ayer se prolongó con su excursión al Chaco, sería pura casualidad.

Pero en éste caso no se trata de Ernesto Sanz, Macri, Carrió o algún otro exponente del gorilopolio opositor; ni tampoco de algún editorialista de los grandes medios que embarra la cancha para restarle a priori legitimidad a un triunfo del FPV en octubre y condicionar así a un futuro gobierno de Scioli antes de que arranque.

Menos de algún "académico" que reflota la vieja discusión -que viene de los tiempos de la Revolución Francesa- sobre el voto censitario; tal como apunta hoy Alejandro Horowicz en Tiempo Argentino.  

En éste caso se trata nada menos que del más importante tribunal judicial del país en asuntos electorales, que debe avocarse a establecerse si un proceso comicial es regular o no, y si ha existido o no fraude en él, según la más castiza y admitida definición del término (que es por otro lado la que establece el Código Electoral Nacional): una maniobra sistemática y organizada para tergiversar el resultado que arrojó la voluntad popular expresada en las urnas.

Deberían saber sus señorías que mientras el fraude es un problema político con derivaciones legales (incluso el Código Nacional Electoral lo tipifica como delito), el clientelismo es un problema político y no judicial, por lo que mal pueden opinar los jueces al respecto; sobre todo cuando lo hacen a título de tales, y no de simples ciudadanos.

Una aclaración que debería ser innecesaria, pero no lo es a la luz del contexto del reportaje; donde los jueces hablan como si fueran politólogos, o promotores de un determinado sistema electoral u otro. Hasta se les escapa cierto deseo visible de conducir la transición hacia el voto electrónico según el modelo brasileño; con lo que más un mal pensado (entre los que nos incluimos, para que negarlo) podría tildarlos de lobbistas de las empresas proveedores de las maquinitas.

En lo específico de su función (que aparece mezclado por ellos mismos cuando se ponen a opinar de política) que los jueces electorales pongan todos los controles que quieran y les parezcan adecuados para garantizar la mayor transparencia posible de las próximas elecciones. En todo caso no harán más que ratificar que el sistema funciona razonablemente bien en base a controles sucesivos y replicantes, y que en todo el proceso electoral hay cada vez menos injerencia del Poder Ejecutivo; que es el que supuestamente tendría la intención y las herramientas para orquestar el fraude.

Sin embargo en el reportaje los jueces van más allá, e incursionan en la sugerencia de introducir reformas políticas; intentando incluso fundamentarlas a partir de una lectura política sobre las circunstancias políticas en las que se habría gestado el actual sistema electoral; que ya no serían las mismas, y de allí la necesidad de su reforma. 

Un ejemplo más -bastante gráfico por cierto- de como el Poder Judicial entiende la famosa "división e independencia de los poderes": una avenida de mano única en la que los jueces pueden entrometerse en la esfera de los poderes elegidos por el pueblo cada vez que lo juzguen oportuno; pero donde éstos -a la inversa- no pueden siquiera pensar en debatir e introducir cambios en la administración de justicia; porque entonces se alzan en rebelión, apelando al control de constitucionalidad, que tal como funciona es también una creación judicial; que no surge del texto constitucional. Allí están los casos de la reforma judicial del 2013, los cambios a los Códigos nacionales o la ley de subrogancias para comprobarlo.

La complejidad o no de los calendarios electorales (en un país federal como el nuestro), la posibilidad o no de reelecciones indefinidas en los cargos electivos ejecutivos (porque en lo legislativos nunca molesta, ni hablemos en los judiciales: hola, Lorenzetti) son cuestiones que debe debatir y resolver la política y los partidos; no los jueces. Reelección indefinida o no, elecciones provinciales separadas de las nacionales o hechas en conjunto son todas soluciones igualmente válidas para el derecho según las normas aplicables, en consecuencia nada tienen que acotar al respecto sus señorías.

Por alguna razón la Constitución Nacional exige en su artículo 77 que las leyes sobre reforma electoral o el régimen de los partidos políticos se aprueben con mayoría absoluta sobre el total de los miembros de cada Cámara, o veda el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia electoral (artículo 99 inciso 3.): para garantizar que la discusión al respecto se de en el Congreso, entre las fuerzas políticas allí representadas y con el más amplio consenso posible. No en los medios, ni con la intervención de los jueces. 

El fondo del planteo que subyace en la opinión de los jueces (sugestivamente en línea con el de una buena parte de la oposición al gobierno nacional) es transferirle al Estado obligaciones que son de los partidos (como el control de la transparencia del proceso electoral), a contramano de la reforma constitucional de 1994 que los incorporó al texto de la Carta Magna.

Extralimitando su rol, los jueces señalan que el actual sistema electoral estaría pensado para dos grandes fuerzas políticas que se controlarían recíprocamente entre sí para evitar el fraude, y que como esas dos fuerzas ya no existen, habría que modificarlo porque cambiaron los supuestos bajo los que fue pensado.

Pasando por alto la consistencia de la afirmación (si refiere al PJ y la UCR persisten, al menos como estructuras diseminadas en todo el país con capacidad para fiscalizar una elección nacional), la idea de "estatizar" el control del proceso electoral a partir de tales premisas, no haría más que alentar aun más la fragmentación del sistema político, y la proliferación de pymes electorales sin base social real, ni estructura e inserción territorial. 

Fuerzas que además carecen de chances reales de disputar el poder, y que en no pocos casos se conforman al sólo efecto de hacer política por los medios, intentar acceder a una que otra banca legislativa y desde allí, filibustear apoyos en el Congreso a los grandes partidos para que estos puedan aprobar sus iniciativas.

Llegados a este punto, es oportuno recordar que la reforma del 2009 no significó solamente la introducción de las PASO y de la publicidad audiovisual gratuita e igualitarias para todas las fuerzas políticas; sino también mayores exigencias en los requisitos para fundar y sostener un partido político, a partir de dos elementos que permiten medir su real inserción en la sociedad: afiliados y votos.

Esas disposiciones fueron la causa de que muchas fuerzas minoritarias (incluyendo algunas hoy aliadas al gobierno, como Nuevo Encuentro) se opusieran a la reforma, por considerarla "proscriptiva".

Precisamente los encargados de controlar la subsistencia de esos recaudos para que un partido mantenga su personería política y electoral son -según la Ley 26.571- los jueces de la Cámara Nacional Electoral. Sería más interesante saber si vienen cumpliendo con esa obligación que les impone la ley, que conocer sus opiniones sobre el sistema político y electoral.