Muchas veces nos hemos referido acá al famoso Consejo de
la Magistratura, uno de las “exquisiteces” institucionales incorporadas a la Constitución en la reforma de 19945,
a pedido de Alfonsín y la UCR.
Dijimos que lejos de ser algo que
contribuyera a mejorar la administración de justicia, era la
institucionalización de los lobbies y roscas que realmente manejan los
tribunales en ése caso los federales), comenzando por los representantes de la
propia corporación judicial: jueces, fiscales y abogados.
Un coto de caza donde los
radicales -no de ahora, sino desde siempre- tienen presencia gravitante, como
buen partido de leguleyos de clase media que son; y no lo quieren perder, tal
como les pasa con las universidades, otros de sus quiosquitos desde la Reforma
del 18’
para acá.
En Santa Fe la cosa no es muy
diferente, aunque el Consejo de la Magistratura haya aparecido en la década del
90’ y de
la mano de un gobierno peronista (el de Reviglio) por decreto, sin tener nunca
una ley que lo respalde, muchos menos consagración constitucional.
Desde entonces y en especial
desde 2007 cuando llega al gobierno el Frente Progresista Cívico y Social, la
reglamentación del Consejo tuvoalrededor de 15 modificaciones, siempre
respondiendo a las presiones de un sector determinado de lobby: los jueces, los
colegios de abogados, las universidades o los propios intereses de los socios
de la alianza gobernante (radicales y socialistas, los demás están de adorno);
que sin pudores se lanzaron desde el primer momento en que llegaron al poder en
Santa Fe al asalto de juzgados, cámaras, defensorías y fiscalías. Todo ello por
supuesto sin dejar de mear agua bendita, y jurar inmolarse en la defensa de las
instituciones, y la independencia del Poder Judicial.
La última modificación de la reglamentación
del Consejo la aprobó Lifschitz el 28 de abril pasado, a través del Decreto
854, y como vemos en la imagen de apertura y en ésta nota de la que la sacamos
(enlace), levantó polvareda en la UNL, principal cantera de jueces y fiscales
en Santa Fe en los últimos años.
Para simplificar el análisis,
diremos que los criterios para seleccionar jueces y fiscales ponían el acento
(hasta ahora) en los antecedentes académicos, y
partir de ahora lo pondrán en la experiencia práctica en cargos
judiciales.
No hay que ser muy ducho para
advertir que con las anteriores reglas los candidatos que venían de la
universidad (donde los radicales prevalecen) llevaban las de ganar, y por eso
muchos boinas blancas dieron el salto a cargos en la justicia; y en cambio con
las nuevas reglas las ventajas son para los que ya están trabajando en la
justicia, muchos de ellos ingresados hace años por otros pactos políticos, con
otros gobiernos; incluyendo los del PJ.
La lectura política es obvia: en
medio de los tironeos con la UCR por su alineamiento con el gobierno de Macri,
el socialismo suelta lastre (o contragolpea) pactando con la corporación
judicial santafesina (encabezada por el presidente de la Corte el “Rafa”
Gutiérrez) para que sus candidatos sean los que ganen la mayoría de los
concursos.
Se saca un problema de encima (la
no cobertura de los juzgados y las quejas por la entrada de “académicos” por la
ventana a juzgados y fiscalías), y no paga demasiados costos porque su
ingerencia en cuanto posibilidad de colocar candidatos propios se limitaba a
los tribunales de Rosario, y aun allí era limitada.
Y como era de esperarse los
radicales (en este caso bajo la cobertura institucional de la UNL) reaccionan,
porque les cierran una generosa bolsa de trabajo.
¿Y la justicia para el hombre de a
pie como queda en medio de todos estos enjuagues, se preguntarán ustedes? Tan
lejos como de los tribunales.
Un error garrafal ésta reforma.
ResponderEliminarCon el sistema de selección de jueces derogado, habíamos logrado tener la mejor justicia del país.
En Santa Fe, no había causas judiciales de ningún fuero cuyo trámite superara los seis meses y las sentencias se dictaban -como máximo- dentro de los 30 días.
La eficiencia de los magistrados,defensores y fiscales designados, surge del número de causas ingresadas por año y el plazo desde su ingreso hasta las sentencias.
Teníamos la mejor justicia del país, de latinoamérica, del mundo.
Es solo revanchismo contra los cívicos republicanos, en perjuicio de los justiciables.
Un error enorme que sufrirán los ciudadanos.
El Colo.