MINISTRA DE PROTOCOLO

Primero fue el “protocolo para la protesta social”, cuando empezaban a arreciar los piquetes, cortes y protestas por las medidas del gobierno de Macri. Después vino el “protocolo para la custodia presidencial”, cuando Mau no podía salir a la calle sin estar rodeado de milicos y policías, o sin que lo putearan o le reclamen algo.

Y ahora llega el “protocolo para proteger a los periodistas”, según vemos en la Resolución 479 del Ministerio de Seguridad de Pato Bullrich publicada hoy en el Boletín Oficial.

Lo sorprendente del caso es que el “protocolo” fue elaborado en conjunto entre la cartera de Seguridad, ADEPA (la cámara empresaria que nuclea a los dueños de los principales diarios del país) y FOPEA, el “foro de periodistas independientes” al que se le ha atribuido una especie de rol tutelar sobre la calidad del trabajo periodístico, o los riesgos que entraña; y en el que están la mayoría de las “vacas sagradas” del periodismo vernáculo.

Pese a que se trata -en teoría- de proteger a los trabajadores de prensa (¿o no?) de los riesgos de amenazas o agresiones que les podría acarrear su profesión, no existe la más mínima mención al rol que podrían cumplir a esos fines las organizaciones gremiales que los nuclean, y por el contrario la “protección” corre por cuenta del Estado y los patrones.

Cabe preguntarse como funcionará el “protocolo” cuando las amenaza y las agresiones provienen justamente de los patrones, como les pasó hace unos meses a los trabajadores de “Tiempo Argentino” sin que mediara acción alguna del Ministerio de Seguridad (por el contrario, la policía liberó la zona a las patotas del presunto dueño del diario), o repudio de ADEPA o FOPEA.

O que pasa cuando la violencia contra los periodistas o las restricciones para el libre ejercicio de su profesión las ejerce el propio Estado a través de sus agencias de seguridad, como ocurre acá en Santa Fe con Corral (lo que ha motivado reiteradas críticas de la Asociación de Prensa local), o como pasó con dos redactores de la revista “La Garganta Poderosa” detenidos y torturados por efectivos de la Prefectura; sin que se sepa hasta acá que Patricia Bullrich haya tomado alguna medida al respecto con sus subordinados.

Algunas de las respuestas están en los fundamentos de la resolución, que en parte transcribimos por ser muy ilustrativos: “Que en materia de libertad de prensa resulta fundamental el rol del periodismo y, fundamentalmente el periodismo de investigación, para garantizar el acceso a información veraz y transparente a los ciudadanos, de modo de contribuir en forma sincera a la elaboración de la voluntad popular. ”. A confesión de parte, relevo de pruebas: el rol del “periodismo de investigación” es considerado por el gobierno decisivo para influir en la voluntad popular.

Hay más: “Que el Ministerio de Seguridad ha tomado conocimiento de atentados contra periodistas de investigación que constituyen violaciones a la libertad de prensa, tanto concretos y evidentes, como amenazas -verbales o escritas- o agresiones físicas, morales o psicológicas; así como también casos de autocensura, es decir, situaciones ante las cuales el periodista decide abstenerse de realizar su misión periodística por la presión que ejercen determinados grupos, instituciones o asociaciones, como ser partidos políticos, sindicatos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, grupos delictivos, mafias, clubes de fútbol o sus simpatizantes, entre otros ”.

Veamos: las presiones, amenazas o agresiones contra los “periodistas de investigación” nunca provienen (al parecer) de los grupos económicos o empresarios ¿acaso porque nunca se meten con ellos?. Y asistiríamos a una ola de amenazas y agresiones de la que hasta acá, no teníamos noticias pero ADEPA, FOPEA y Pato Bullrich, sí.

Sin embargo, la preocupación del gobierno por proteger a los periodistas no es absoluta, sino direccionada: “Que este tipo de presiones o atentados contra los periodistas preocupan especialmente a esta cartera cuando las misiones periodísticas objeto de ataque se encuentran vinculadas de alguna forma con delitos de interés federal (e.g. producción y comercialización de estupefacientes, contrabando, violencia institucional, lavado de activos y prevención del terrorismo, corrupción, violencia en el fútbol, violencia de género, etc.)”.

Es decir entonces que si investigan fraudes empresariales, sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales, evasión y fuga de capitales o apretadas a trabajadores por razones sindicales o de defensa de sus derechos (la comisión interna de Clarín, ponéle), no están alcanzados por la “protección” del “protocolo”.

Esta última parte confirma la conclusión: “Los periodistas que se encuentren desarrollando o tengan intención de desarrollar actividades periodísticas de investigación relacionadas con los hechos descriptos en el apartado 1 y que consideren que dicha misión periodística pone o puede razonablemente poner en riesgo su vida, salud, integridad física o patrimonial, la de su familia o un tercero, podrán solicitar al Ministerio de Seguridad la ejecución de medidas de protección en los términos establecidos en este Protocolo.” (las negritas son siempre nuestras) Si no cuadran allí entonces, ni se molesten en pedir protección.

Una payasada más de Bullrich -y van, desde que comenzó su gestión- destinada a instalar la idea que de que el “periodismo de investigación” está poco menos que poniendo en riesgo su vida para investigar al poder...del gobierno anterior, y sufre amenazas y apretadas de patrullas perdidas del kirchnerismo para que no avancen con sus revelaciones.