DESAPARICIONES

Cuando se reclama por la aparición con vida de Santiago Maldonado hay enfermos que responden con Julio López, como si se tratara de un juego de compensaciones; o una especie de macabro torneo para determinar a cual gobierno le desaparecieron más personas en democracia.

Julio López desapareció como consecuencia directa de su testimonio en contra de Etchecolatz en las causas por delitos de lesa humanidad, casi con total seguridad por el accionar de la "mano de obra desocupada", y también casi con certeza, con la cooperación de los bolsones de esa misma mano de obra desocupada, que siguen enquistados en las fuerzas de seguridad del Estado.

Para el kirchnerismo, el caso de López fue parte indudable de lo pendiente, en cuanto a la tarea de depuración y democratización de las fuerzas de seguridad; pues también con seguridad la prolongación de su desaparición física y el fracaso de la investigación posterior para encontrarlo sean consecuencia del accionar de los mismos factores que la determinaron.

Sin embargo, lo que no hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina (en los que López desapareció y siguió desaparecido) de parte del Estado fue el burdo negacionismo que practica el gobierno de Macri, ni menos aun el intento de estigmatizar a la víctima; como si de ese modo se sumara un "justificativo" para su trágico destino.

Por estos días en la Argentina y con la complicidad (en términos estrictamente delictuales, que son bien precisos para el caso) de los medios que conforman el dispositivo político del poder en el país, las palabras "desaparecido", "guerrillero" y "organización subversiva" volvieron a estar unidas en un macabro sentido; como si la supuesta condición del segundo o la pertenencia a una supuesta tercera, le dieran un bill de indemnidad a la primera, como si estuviéramos en 1976, en los tiempos de los escuadrones de la muerte, y las "muertes en enfrentamiento".

Es posible que personajes fronterizos en todo sentido (incluyendo de los bordes mismos del espacio común democrático que todos deberíamos defender) como Jorge Lanata o Patricia Bullrich no alcancen a percibir en toda su magnitud el daño que causan, lo que no vuelve menos gravoso lo que hacen; en especial para quien tiene (como Bullrich y el presidente que la sostiene en su cargo) la obligación de representar al Estado, cuyo primer deber es garantizar la vida, la seguridad y los derechos de todos.

Que no se nos diga que de ese modo (es decir, mentando guerrillas y guerrilleros, como manto de piedad sobre un delito de lesa humanidad, cometido con la participación de fuerzas de seguridad estatales) esta gente le está "hablando" a su público/electorado ofreciéndole lo que desean; porque entonces es el momento de demostrarles que los que aun conservamos la memoria de lo que significan ciertas cuestiones en éste país somos más, y no estamos dispuestos a consentir retroceder un poco -todos los días- en la densidad de nuestra democracia.

Porque he allí lo más perverso del caso Maldonado, y el modo en el que lo reflejan (cuando se dignan a hacerlo) los medios hegemónicos, y como lo trata el Estado macrista: la idea de que cosas como que una persona pueda ser desaparecida por fuerzas estatales sean naturalizadas, y queden prontamente olvidadas, sumergidas en los temas que nos quieren impone como agenda cotidiana.

Si se mira al gobierno de Macri (próximo ya a cumplir la mitad de su mandato) estrictamente desde el prisma de lo valores democráticos, se puede ver una línea constante de horadación de ese pipatrimonio común de derechos, instituciones y consensos sociales que construimos entre todos en estos 34 años de restauración democrática; constatación que es en cierto modo consistente con su proyecto político, económico y social.

Sindicatos intervenidos, represión de la protesta social, proliferación de las escuchas ilegales de conversaciones privadas y su difusión, cesantía de empleados públicos por razones políticas, estigmatización de la pobreza, presos políticos, violación de la autonomía universitaria, transformación del Poder Judicial en un grupo de tareas para perseguir opositores, apretadas públicas a jueces y fiscales para que fallen según los deseos del gobierno, acaso un fraude electoral en gestación de cara al domingo y también -como si el cóctel que se enuncia a título ilustrativo fuera poco- desaparición de personas; negada primero y justificada casi de inmediato desde los órganos del Estado, y los medios que le son adictos.

En ese contexto gravísimo, la aparición con vida de Santiago Maldonado, y las más amplias explicaciones del Estado y sus agencias sobre lo sucedido en torno a él se vuelven una necesidad más primordial aún, que debe trascender los posicionamientos políticos, y los alineamientos partidarios.

El domingo vamos a ir a votar, cumpliendo el más elemental y rutinario de los rituales de la democracia, pero si esa democracia queda reducido exclusivamente a eso (ni hablar si se siembran dudas sobre la legitimidad del proceso electoral) porque consentimos día a día que se achiquen sus márgenes, no estará en juego un gobierno o un plan económico; sino el piso común sobre el que todos estamos parados, y que se supone que en consecuencia todos deberíamos estar comprometidos en preservar y sostener.

Más cuando desde el gobierno pretenden erigirse en los campeones de los derechos humanos para señalar con el dedo lo que está ocurriendo en otros países, como en Venezuela.