EL RETORNO DE LAS LISTAS NEGRAS

Nos contaban ayer en esta nota de Clarín que Macri tiene su propia "lista negra: "“Son 562”, dice Mauricio Macri en charlas privadas. “La cifra es inventada por mí, pero no debe estar alejada de la realidad”, añade. Son, para él, los argentinos que frenan el cambio en el país. Una lista bastante acotada, por cierto. “Son tipos que creen que tienen derecho a un pedazo del país”, define cuando le preguntan sobre ese grupo al que se refiere una y otra vez. ¿Más detalles? Dice que hay empresarios, jueces, gremialistas, políticos, periodistas. En sus términos, puro “círculo rojo”. Se niega a dar más detalles, aunque a veces da indicios. El "Pata" Medina, el "Caballo" Suárez, y hasta un empresario privado estarían en ese listado.

¿Que puntos debieran revisar los argentinos en su manera de percibirse? En el entorno del Presidente lo interpretan, y dan alguna precisión sobre el tema. Dicen que el populismo está entre los factores que más se concentra en ese grupo de los “562”. “Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto...”, es la broma de tono oscuro que el Presidente suele añadir cuando habla de “los 562”.

¿Nombres? Aunque Macri no los da, sí se ha referido públicamente a algunos que aparecen en las crónicas periodísticas por estas horas. A todos ellos habría que sumarlos a la lista de “los 562”, dicen en la Casa Rosada. Falta desentrañar quiénes son los otros 559." (las negritas son nuestras)

Justo ayer uno de los incluidos en la lista negra del presidente fue imputado por la justicia, y justo ayer también en La Nación Pagni enumeraba los futuros blancos del presidente, que los tiene anotados en una libretita, al parecer: Santamaría del SUTERH, Verbitsky y el juez Rafecas. En el caso de los dos primeros nos aclaran -por si hiciera falta- que ingresaron a la lista por haber publicado el blanqueo de bienes no declarados hasta ahora de la familia presidencial, o sea el mismo motivo que le costó a Roberto Navarro el raje de los medios del grupo Indalo.

Justo ayer (y antes de ayer) también, con una admirable sintonía y un sutil manejo de los tiempos, el Jefe de Gabinete se enorgullecía en el Congreso de la Gendarmería que desapareció a Maldonado, mientras Astiz adhería explícitamente a la teoría con la que el gobierno -por boca de Patricia Bullrich y su jefe de gabinete Pablo Nocetti- intentaron justificar desde el comienzo la desaparición de Santiago Maldonado: la existencia de grupos violentos que intentan erigir un Estado independiente dentro de la Argentina, y desconocen sus leyes. Como en los 70', precisó el ángel de la muerte.

La misma Gendarmería que volvió a entrar a una universidad nacional violando la ley de educación superior, y que allanó una radio mientras le hacían un reportaje a Cristina Kirchner.

Y justito en esas mismas horas, la misma sala de la Cámara de Casación Penal que había desprocesado a Blaquier por su responsabilidad en la noche del apagón de Ledesma, anuló la condena contra el dueño de "La Veloz del Norte" de Salta, el primer empresario condenado en las causas por delitos de lesa humanidad. Con el voto decisivo de un ex ministro (Mahiques) de la gobernadora Vidal, que entró al tribunal por la ventana y aprovechando el copamiento mafioso que hizo el oficialismo del Consejo de la Magistratura. 

Un fallo que todavía sigue sin aparecer en el portal oficial del Poder Judicial, pese al celo con que el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti informa sobre esas causas; contrastando con la que velocidad con la cual nos enteramos -por ejemplo- de fallos similares que beneficiaron a Magnetto, Hernestina Herrera y Bartolomé Mitre.

Espionaje oficial, amedrentamiento de opositores o gente que simplemente debate, protesta o reclama saber por un desaparecido, presión a los medios que tienen una línea editorial que no es del agrado del gobierno, periodistas obsecuentes del poder señalando blancos, fuerzas de seguridad desbocadas y convertidas en grupos de choque, empresarios que logran zafar gracias a jueces amigos de ese mismo poder, negacionismo de la desaparición de personas y traslado de las responsabilidades hacia los familiares de las víctimas, presos políticos, justicia cómplice.

Y como si todo eso fuera poco, listas negras confeccionadas desde la más alta investidura del poder del Estado, para desencadenar la persecución sobre todo el que se oponga o represente una amenaza para ese poder y sus negocios -con la excusa de "combatir a las mafias"-, en especial si agita locas ideas "populistas".   

Es verdad: el gobierno no es una dictadura (alguien debería decírselo urgentemente, antes de que siga desbarrancando), pero hace todos los esfuerzos posibles por parecérsele, y en el país no ha sido cancelado definitivamente el estado de derecho, pero por lo menos lo han puesto entre comillas.