LE PONEMOS MÁS GARRA NOSOTROS QUE ELLOS

Desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri del presidente para abajo, nos vienen anunciando con bombos y platillos que sería inminente la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR; del cual la Argentina gobernada por “Cambiemos” y el Brasil de Michel Temer son los principales impulsores.

Más incluso que los propios europeos, que en cuanta ocasión han podido, dejaron en claro que faltaba mucho terreno por transitar para llegar al acuerdo, especialmente por el lado de la apertura de los mercados europeos a nuestra producción primaria (las carnes por ejemplo) y sus derivados, como los biocombustibles.

La propia Angela Merkel se lo dijo a Macri en persona no una, sino dos veces: cuando él fue a Alemania, y cuando ella vino acá. Ahora sabemos que Francia (el otro socio principal de la UE) se ha sumado a las reticencias alemanas, con los mismos argumentos: el lobby del sector agropecuario de sus respectivos países es muy fuerte y con gran peso electoral, como para que cualquier gobierno europeo lo ignore. Solo los rudimentarios “emprendedores” que nos gobiernan pueden desconocer esa cuestión.

Así las cosas, cabría preguntarse cuáles son las razones de tanta insistencia del gobierno de “Cambiemos” en promover un acuerdo respecto al cual la contraparte no parece tener el mismo entusiasmo por cerrarlo, máxime cuando los presuntos beneficios que de él obtendríamos nosotros (incrementar nuestras exportaciones de productos primarios y alguna otra por allí) ni siquiera están aseguradas.

Porque por otro lado los beneficios que la Unión Europea obtendría de cerrarse el acuerdo encierran grandes riesgos para nuestra economía, en especial para el sector industrial: supone la total eliminación de los aranceles externos y la apertura de nuestro mercado interno a una producción que además de ser más competitiva, es excedente porque no pueden colocarla en sus propios países.

Y supone también (tanto como lo significaba en su momento el ingreso al ALCA rechazado por Néstor Kirchner, Chávez y Lula) la apertura de las compras y contratos gubernamentales a los proveedores europeos (eliminando cualquier vestigio de “compre nacional”, o algo por el estilo), la más amplia protección de patentes y privilegios de invención (lo que entraña mayor pago de royalties aun que los actuales) y eventuales avances privatizadores en el campo de la educación y la salud.

Entre otros temas la negociación abarca medidas sanitarias y fitosanitarias; telecomunicaciones; comercio electrónico; propiedad intelectual; medicamentos comerciales, textiles y vestido; pequeñas y medianas empresas; transparencia y anticorrupción; solución de controversias; desplazamiento de empresas del Estado y modificación de regímenes licitatorios; regulaciones ambientales y laborales; derechos de los consumidores; derechos digitales; circulación de capitales y desregulación de servicios financieros.

Como así también supone aumentar los factores de extranjerización y falta de control sobre resortes claves de nuestra estructura económica que ya existen por otros medios; como los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI), la ley de inversiones extranjeras y la desregulación total del flujo de capitales y del uso de las divisas, sin mencionar los que el gobierno de Macri específicamente añadió al cuadro, como los contratos de “participación pública privada” (PPP) y el fenomenal endeudamiento externo con cesión de la jurisdicción y ley argentina para las emisiones de deuda.

Pese a todo eso, la semana pasada el propio Marcos Peña ratificó ante la cúpula de la UIA la intención del gobierno de ir a fondo para concretar el acuerdo, y reiteró una vez más el pronóstico de que su firma sería inminente; en una economía que viene sufriendo en estos dos años el combo explosivo de la apertura de las importaciones, la suba de las tarifas, un nivel astronómico de las tasas de interés y la merma del consumo interno, por lo ataques al salario y las jubilaciones.

Una economía en la que además se sigue destruyendo tejido industrial y puestos de trabajo en el sector, como se ve acá; pese a los anuncios de “brotes verdes”; cosa que si el acuerdo prospera, solo podrá empeorar.

Que el gobierno se haya manejado en una cuestión tan trascendental con el más absoluto secretismo (nadie conoce a ciencia cierta la letra chica del acuerdo que se está negociando) no debería asombrar, tanto como el hecho de que la dirigencia política, empresarial y sindical  esté en la palmera respecto al tema; ignorándolo o por lo menos sin dar muestras claras de tenerlo en agenda. 

Con algunas excepciones: acá algunas personalidades (incluso del mundo de la política) se expresan en contra, rechazan prcisamente el secreto que envuelve a las negociaciones e invitan a adherirse al documento que rechaza el acuerdo. Si finalmente las prevenciones europeas (que son las que hoy lo están trabando, como dijimos) son vencidas y éste se termina concretando, después será demasiado tarde para lágrimas.