"LOS QUE APORTARON Y LOS QUE NO APORTARON"

Demostrando que en política siempre se puede caer más bajo si uno se lo propone, el gobierno y una parte de los gobernadores del PJ se aprestan a intentar sancionar nuevamente la reforma previsional este lunes; firmando un segundo trato pampa en el que a semejanza del par de zapatillas de aquel lugar común de la crítica al clientelismo, unos entregan primero el aporte al quórum y a la aprobación de la ley, y corroborado esto los otros entregan su parte: el "bono compensatorio" de una ley que -según el gobierno- no solo no hará perder derechos y plata y poder adquisitivo a los jubilados, sino que se los hará ganar. 

Y lo harán apretados bajo la muy republicana amenaza de un DNU presidencial que apruebe la reforma, y antes del vencimiento de una montaña de LEBAC´s el martes; lo que refuerza la necesidad del gobierno de "dar una señal a los mercados" para evitar una disparada al dólar.

Es raro esto de "compensar" si no se pierde, pero lo cierto es que además el "bono" repite la misma discriminación del acuerdo original: distingue entre los jubilados "que hicieron aportes y los que no", en referencia en éste caso a los que accedieron al beneficio a través de las dos moratorias previsionales aprobadas durante los gobiernos kirchneristas en 2004 y 2014. En el pacto fiscal original, estos jubilados quedan afuera de la garantía del 82 % del salario mínimo vital y móvil para la jubilación mínima (hoy está en el 81,8 %, así que como se ve el esfuerzo no es muy grande que digamos), porque no hicieron "aportes efectivos"; en las propias palabras del acuerdo.   

Hace bastante tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Desde el kichnerismo y en el marco de las políticas macroeconómicas implementadas en la post convertibilidad, se puso el acento en la ampliación de la capacidad de cobertura del sistema de seguridad social (tendiendo a universalizar sus beneficios tanto como fuera posible), y en paralelo con eso, en su sustentabilidad financiera. Desde la oposición en cambio (en espejo con la instalación del tema en la agenda de los medios hegemónicos, y con los planteos de la corporación judical) se pone el acento en la discusión sobre la tasa de sustitución, es decir el porcentaje que cobran los jubilados, medido sobre el sueldo que percibe quien desempeña en actividad su misma función, o corresponde al mismo sector de la fuerza laboral: a esa lógica responden la cuestión del famoso 82 % móvil (que el Grupo A impulsara en el Congreso sin atender a ninguna fuente cierta de financiamiento) y los juicios por el reajuste de los haberes previsionales.

La diferencia no es menor en términos de sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social, y (sobre todo) de equidad distributiva de los recursos disponibles; como tampoco de lectura del impacto de las políticas neoliberales de los 90' en el entramado social. En efecto, si al diseñar la política previsional se pone el acento (como lo hizo el kirchnerismo) en la ampliación de la capacidad de cobertura, se está reparando en parte el desmadre que produjeron en la sociedad los altísimos niveles de desempleo, informalidad y precarización laboral de las políticas neoliberales, sea al permitirle acceder a un beneficio jubilatorio a quien no podría lograrlo en condiciones ordinarias (programa de inclusión previsional, con 2,5 millones de nuevos jubilados), u otorgándole los beneficios de la seguridad social a los excluidos del sistema o informalizados (3,7 millones de beneficiarios de la AUH, por ejemplo).

Si por el contrario, se pone el acento en la tasa de sustitución (como lo hace la oposición al plantear el 82 % móvil), por más loables que sean las intenciones, se está congelando y perpetuando la inequidad laboral, salarial y distributiva con la que la sociedad argentina emergió de los 90' y de la crisis de la convertibilidad; y además se está poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera del conjunto del sistema." Las negritas son nuestras y vienen a cuento de que ahora desde el propio gobierno se reconoce que la "reparación histórica" que benefició a un grupo reducido de jubilados de los de más altos ingresos, afectó la sustentabildad financiera del sistema. 

Por otro lado, en este otro posteo señalábamos lo siguiente: "Es obvio que los niveles de las jubilaciones y pensiones distan mucho del ideal y que en un país con historia inflacionaria como el nuestro la queja por los bajo ingresos tiene siempre fundamentos; pero lo real es que la idea de ampliar la cobertura previsional chocó de frente muchas veces contra el paradigma de la "tasa de sustitución", en especial con el reclamo del 82 % móvil; convertido en una especie de fetiche. Mas aun entre quienes cobran jubilaciones que no vienen de las moratorias: "ganamos poco porque jubilaron a gente que no hizo aportes" es la queja habitual; como si las personas eligieran voluntariamente estar desempleadas, o trabajar en negro.

El famoso "82 % móvil" es un reclamo que tiene que ver con un combo de remembranzas bastante particular, con quiebres en la memoria histórica social: por un lado nos remite a un país de pleno empleo, estabilidad laboral y bajos niveles de empleo informal, sin mayores desigualdades salariales entre sectores de trabajadores. Y por el otro, tributa a la lógica de los sistemas de capitalización individual ("yo aporté más, tengo que cobrar más"), y a la perpetuación en la etapa de la pasividad de las asimetrías salariales que se agigantaron en los 90' y años posteriores; como consecuencia del modelo de desarrollo elegido." (otra vez las negritas son nuestras).

La discriminación en perjuicio de los jubilados de las moratorias (inmensa mayoría de los cuales son mujeres) descansa además sobre prejuicios hondamente arraigados en muchos sectores de la sociedad: "acá el que no trabaja es porque no quiere" (no porque no consigue, lo despidieron o lo negrearon durante años), "ser ama de casa no es un trabajo" y cosas por el estilo.

Sin perjuicio de lo apuntado, es interesante hacer notar que hay otro aspecto de la reforma que ha pasado casi desapercibido, oscurecido por la discusión en torno a la fórmula de ajuste de los haberes: de prosperar el proyecto enviado por el gobierno al Congreso un trabajador que se jubile perderá de su haber inicial como pasivo unos 20 puntos en promedio, respecto a la actual tasa de sustitución con los haberes de quien está en actividad en la misma función; que ronda el 62 % promedio, y que creció hasta allí desde el 46 % durante los años del kirchnerismo.

Esa es una de las cuatro recomendaciones centrales formuladas por el FMI al gobierno sobre el sistema previsional; y atendidas por éste; y supone un saqueo al bolsillo de los futuros jubilados mucho mayor que el de la fórmula de ajuste, e imposible de cuantificar ahora. Por otra parte, es una forma indirecta de subir la edad jubilatoria: cuando los trabajadores vean que al jubilarse pasarán a cobrar un 40 o 42 % de su salario en actividad, seguramente pospondrán el acceso a la pasividad, con los previsibles efectos en el mercado de trabajo y la tasa de desempleo, en especial de los sectores juveniles. 

Además de las objeciones que se le han hecho a la reforma previsional desde la óptica de que a la hora de recortar gastos, el gobierno elige perjudicar a los más débiles, están también estas otra cuestiones; que se insertan en el contexto de un retorno de las ideas noventosas que estallaron en la crisis del 2001, de la mano de la recomposición de la misma alianza política (que incluye al peronismo o parte de él) de entonces, y el intento de borrar de la memoria la experiencia kirchnerista, en todos los planos; con el agravante de que ambas moratorias previsionales tuvieron un amplísimo consenso entre todas las fuerzas políticas, al momento de ser aprobadas.