Sebastián Etchemendy (foto) es politógolo, profesro universitario y fue funcionario del Ministerio de Trabajo con Carlos Tomada durante los gobiernos de Cristina; y acaba de escribir en Artepolítica ésta altamente recomendable entrada titulada "Apuntes de la Economía Política sobre las Reformas PRO", que entendemos de imprescindible lectura por estos días que corren.
Dice allí: "Para entender mejor el paquete de las triple reforma PRO (impositiva, laboral, previsional) es conveniente salir al principio de los detalles más técnicos y hablar de ideología. En este sentido, los funcionarios de las áreas económico-sociales de este gobierno suelen tener tres concepciones muy marcadas:
1-Son profundamente “ofertistas”. Creen que el crecimiento de la economía es principalmente consecuencia de mejorar la oferta de capital en el mercado, esto es, maximizar la rentabilidad empresaria. Se trata entonces de quitar todo impedimento o regulación que afecte el beneficio empresario en diversas áreas y de diferentes modos, como motor esencial del crecimiento económico. Así, este hipotético crecimiento viene dado menos por el lado de la demanda, o por el direccionamiento de esa oferta de capital (por ejemplo mediante la administración del comercio, tipo de cambio o política industrial) que por la simple rentabilidad empresaria.
2-No creen en dos aspectos claves de un Estado de Bienestar extendido, cuya expresión más cabal en la historia del capitalismo es Europa continental y del norte. En primer lugar, sus economistas prefieren los sistemas de jubilación privados de cuentas individuales que luego engrosan el mercado de capitales. Así, descreen en los sistemas de seguridad social estatales y en su naturaleza solidaria, donde todos los salarios (incluidos obviamente los más altos) aportan a un fondo común que solventa las jubilaciones de los menos pudientes y de quienes no han completado sus aportes.
3-Además, desconfían de un sistema de relaciones laborales colectivas sólido y extendido, con paritarias sectoriales y consejos de salario mínimo, en ambos casos orientados por un Estado que administre la puja distributiva. Para ellos, la negociación sindical distorsiona los equilibrios y la relación uno a uno empresario-empleado. De hecho, en los modelos monetaristas y neoclásicos de mercado de trabajo el supuesto principal es la competencia perfecta entre trabajadores negociando individualmente.
Estas concepciones están muy establecidas y rigen el mundo ideal de los funcionarios PRO. Por formación (posgrados en economía en EEUU o en universidades privadas locales con hegemonía ortodoxa) están muy poco familiarizados con las complejidades del Estado de Bienestar moderno o los mercados de trabajo con actores colectivos: se trata de obstáculos que hay quitar del medio para que operen los modelos con incentivos individuales eficientes y sin “distorsiones”. Por supuesto, estos funcionarios están limitados en la práctica de la política pública por dos aspectos clave: a) la democracia (o lo que hasta antes de la represión indiscriminada de la protesta y las detenciones arbitrarias era un Estado de Derecho pleno en Argentina); b) los 12 años de activación popular durante el kirchnerismo.
Ya no se trata de realizar reformas pro-empresarias después de la hiperinflación (como en el menemismo) o de 10 años de neoliberalismo (como en la Alianza). Los actores y las relaciones de fuerzas son otras. Así, por ejemplo, el PRO desfinancia y recorta el sistema jubilatorio con el objetivo de minarlo a futuro, pero no lo privatiza directamente. Y aun así enfrenta una poderosa reacción social, mucho mayor a la que originó la introducción del régimen de capitalización hace 25 años.
A la vez, desarma todas las instancias de discusión salarial agregadas que resultan en un “número” o “pauta salarial” nacional con influencia sindical—es decir las paritarias de actividad orientas por el Estado, el Consejo de Salario, y la Paritaria Nacional Docente. En la práctica esto descentraliza la negociación salarial a los sectores que negocian por separado sin coordinación alguna, y cada sindicato se las arregla como puede. Pero por el momento no se puede avanzar con el viejo sueño liberal de la negociación individual o por empresa como en Chile.
Entonces, en esencia el paquete es “ofertismo puro” adaptado a la realidad. No hay ninguna iniciativa novedosa ni siquiera relacionada con los sectores que para el PRO son vanguardia (ejemplo un programa de reducciones impositivas a la creación de valor agregado agrícola y cosas así). Nada de “desarrollismo”: se trata de neoliberalismo clásico, predecible y ofertista.
Por supuesto, el ala más ilustrada puede aceptar mantener (y aun extender a los monotributistas) un programas de transferencia condicionada (PTC) como la AUH. Pero sabemos que esas políticas sociales (que obviamente no cuestiono) no desafían al poder económico y son relativamente baratas. De hecho los PTC en América Latina los hacen todos, la derecha (ej. Mexico, Colombia) y la izquierda.
Lo que no hacen todos es agrandar o reforzar los sistemas de seguridad social/jubilatorios o institucionalizar una puja distributiva salarial nacional con participación sindical, y eso (lo primero por el costo fiscal que requiere fuerte capacidad estatal recaudatoria frente al capital, lo segundo por la apropiación de excedente) es lo que verdaderamente molesta a las concepciones ideológicas PRO."
Recomendamos seguir leyendo acá entonces el análisis detallado desde esa óptica de las reformas laboral, previsional y tributaria impulsadas por Macri.
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