CÍRCULO VICIOSO

Cuando la Argentina estaba desconectada de los mercados de capitales porque no se cerraba el diferendo con los fondos buitres, al mismo tiempo permanecía desconectada de otros “curros” anexos al negocio de prestar plata al que se quiere endeudar, como las calificadoras de riesgo que miden el “riesgo país” o “ponen nota” a los países, según las políticas económicas que desarrollan sus gobiernos.

Al mismo tiempo, al haber cancelado Néstor Kirchner la deuda con el FMI a fines del 2005, se libró no solo de las revisiones periódicas de la economía por sus técnicos, sino de sus programas de “condicionalidades” a las que sujetaba la asistencia financiera a los países que la solicitaban.

Las recetas son las mismas de siempre, entonces y hoy: ajuste del gasto público, aumento de las tarifas de los servicios, flexibilización laboral, desregulación del comercio exterior, eliminación de impuestos “distorsivos”, eliminación de todos los controles de capitales, suba de las tasas de interés y desregulación de los mercados financieros. El programa económico de “Cambiemos”, en sus grandes líneas.

Pero la experiencia histórica nos indica que una vez que se ha ingresado al circuito del endeudamiento, con o sin “condicionalidades” del Fondo, los “mercados” siempre te corren el arco, y constantemente están planteando nuevas exigencias que sí o sí hay que cumplimentar para obtener algún premio: el “investment grade”, la calificación como “mercados emergentes” dejando de ser “fronterizos”, el ingreso a la OCDE. Y entonces sí, vendrá la “lluvia de inversiones”, y el país crecerá.

No hace falta remitirnos a los antecedentes históricos de nuestro país para saber que eso nunca sucederá, porque la conclusión la tenemos a la vista por estos días: leíamos en El Cronista que para que no encarezca la financiación de los contratos de obra pública licitados bajo el sistema de “participación pública privada” (PPP) es imprescindible que salga la reforma a la Ley 26.831 (2012), que regula los mercados de capitales.

Desde que fue introducido en el país en 2016 con la sanción de la Ley 27.328, los potenciales inversores que se anotarían en los contratos PPP no han hecho sino pedir un privilegio o ventaja tras otro: exención de impuestos, garantía estatal sobre el financiamiento privado, prórroga de jurisdicción para resolver diferendos, y la lista sigue.

Como sucedía en los tiempos del menemato, la Alianza y el interinato de Duhalde con el FMI, ahora aparece todos los días una nueva exigencia de “los mercados” para venir  invertir en el país; como si las que ya les dieron fueran pocas: la reforma a la ley que rige los mercados de capitales no tiene un pomo que ver con los contratos de obra pública, ni aun los armados bajo el esquema PPP.

En todo caso, las “calificadoras de riesgo” utilizarán su no sanción como excusa para subir el “riesgo país” y en consecuencia darles luz verde a los bancos para que suban la tasa que les cobran a las constructoras, y que éstas trasladan al Estado en el precio de los certificados de obra, que cobran además en bonos dolarizados e indexados con garantía estatal.

Abiertas las ofertas técnicas, nos encontramos con lo esperable: están los principales grupos económicos del país (Techint, Eurnekián, Cartellone) y los amigos/socios/testaferros del gobierno, como Mindlin, para quedarse con  obras que ya están hechas durante el kirchnerismo, como la autopista Rosario-Córdoba y la circunvalación de Rosario. Y justo el miércoles pasado también el oficialismo en Diputados volvió a posponer la discusión sobre la reforma de la ley que regula a los mercados de capitales, por dos semanas. 

El único propósito de la reforma al régimen legal de los mercados de capitales es a su vez habilitarles a los bancos la securitización de los créditos UVA (negociándolos en el mercado de derivados, por si se vuelven “activos tóxicos”) y eliminar los controles de la CNV (Comisión Nacional de Valores) sobre las empresas que cotizan en bolsa, en modo conteste con la relajación de todos los demás controles estatales: AFIP, UIF, Comercio, Aduana, que se viene imponiendo desde el inicio de la gestión macrista. Un expreso pedido de los principales miembros de la AEA: Techint, Arcor, el Grupo Clarín, poco que ver entonces con la inversión en infraestructura.

Esas exigencias, esas "corridas de arco" permanentes son juegos de suma cero para el país, donde los esquemas están pensados para que el capital (que nunca arriesga) gane siempre, de un modo u otro. Juegos en los que el gobierno de Macri se metió solito, al arreglar el diferendo con los fondos buitres capitulando incondicionalmente ante su extorsión, y por cierto: entonces se dijo que esa era la condición sine qua non para que llegara la lluvia de inversiones. A las pruebas nos remitimos.

Para peor, la crisis cambiaria de la semana pasada demostró que es el mercado el que maneja la economía, porque además así lo decidió el gobierno, con sus medidas aperturistas y desregulatorias. Y el mercado siempre aprovecha las crisis que crea (porque para eso las crea) para imponer sus exigencias por la razón, o por la fuerza.