La imagen de apertura corresponde a ésta nota de Diario Bae, que da cuenta del impacto del pacto fiscal firmado a fines del año pasado entre la mayoría de los gobernadores y el gobierno nacional, por el cual se le quitaron recursos a la ANSES de la parte de la recaudación de los impuestos nacionales que estaba afectada a la seguridad social.
Como cuenta la nota, la afectación por el pacto de una parte de la recaudación del impuesto al cheque no compensa los recursos que le quitaron a la seguridad social de la parte que le correspondía de la recaudación de Ganancias; y al mismo tiempo entraba en vigencia la reforma tributaria, que establece un cronograma progresivo de baja de los aportes patronales de acá al 2022, según el monto de los salarios.
A su vez, la reforma laboral que el gobierno intenta aprobar en el Congreso también contempla la disminución de aportes bajo el eufemismo del "blanqueo" del empleo no registrado, e introduce formas de precarización laboral sin aportes a la seguridad social, disfrazadas como "prácticas formativas".
Corolario del pacto fiscal fue la reforma previsional que modificó la fórmula de ajuste de los haberes en perjuicio de los jubilados (tema que se ventila por estos días en la justicia), de la cual algunos gobernadores como Lifschitz intentaron despegarse como si estuviera desconectada del pacto fiscal que firmaron.
Y hablando de Lifschitz y el socialismo: toda esta historia comenzó en los últimos día del gobierno de Cristina, con el fallo de la Corte que favoreción a Santa Fe, San Luis y Córdoba para que les dejaran de descontar el 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES para financiar el sistema nacional de seguridad social.
Un fallo opinable en lo jurídico, pero absolutamente perjudicial desde el financiamiento de la seguridad social; producido por los mismos cortesanos que en su momento dictaron los fallos "Badaro" I y II y "Eliff", fijando ocurrentes índices de ajuste de haberes que de haberse aplicado, hubieran quebrado el sistema hace muchos años.
También por estos días conocimos por un informe especial del programa de Navarro como las decisiones que vino tomando el gobierno en la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la brutal devaluación lo redujeron en más de un 13 % de sus activos, en apenas dos años y medio; comprometiendo así el respaldo del pago de las prestaciones.
Cuesta creer que todas estas medidas obedezcan a la casualidad, y no sean parte de una política deliberada tendiente a dinamitar los pilares de un sistema de seguridad social que tiene la tasa de inclusión más alta de América Latina, para preparar el terreno para la vuelta de alguna forma de jubilación privada o sistema de capitalización; que por un lado alivie aun más las cargas al capital (en la reforma laboral ya están planteando que deje de solventar las indemnizaciones por despidos) en desmedro de los trabajadores y jubilados actuales y futuros, y por el otro rehabilite un jugoso negocio para los bancos y fondos de inversión que son el principal sostén del gobierno, en todo sentido.
Y para coronarla, la vuelta de las AFJP o algo por el estilo está siempre en el manual de recetas del FMI para todo tiempo y lugar; recordatorio necesario en tiempos en los que el gobierno gestiona un nuevo "blindaje" del organismo.
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