Los dos decretos cuyas imágenes ilustran el post son "mellizos", por así decirlo: los dos refieren a obras de acueductos en el norte de la provincia, las dos obras están a cargo del mismo consorcio de empresas y en los dos casos a esas empresas se les reconocen montos de dinero por variaciones de costos que no estarían reflejadas en los índices de redeterminación de precios de los contratos que surgen de la Ley 12.046.
En ambos casos se trata de obras con un plazo de ejecución de 40 meses (tres años y cuatro meses), que debieron haber estado terminadas en enero y febrero del 2015, respectivamente; sin que los decretos nos informen si eso es así, o todavía están en ejecución, tres años y medio después de vencido el plazo original.
Y en ambos casos el elemento que dispararía los costos (según el reclamo de las empresas) es el mismo: los tubos de cañerías PEAD, que son importados, no se fabrican en el país y cotizan en dólares, por lo que su precio se ve afectado por las variaciones en el tipo de cambio.
Ahora bien, aunque pudiera pensarse que estamos hablando de los efectos de la actual corrida cambiaria que comenzó en abril y llevó el dólar a más de 38 pesos, como pueden ver en los decretos, está hablando de la devaluación producida por el kirchnerismo en enero del 2014, cuando el dólar pasó de $ 6,50 a $ 8, un 21 % más o menos. En agosto de ese año (o sea, cuando en teoría faltaban pocos meses para terminar las obras) las empresas presentaron el reclamo, que el gobierno provincial está resolviendo ahora.
Lo curioso es que los materiales en cuestión estaban exigidos por los pliegos, y los que se presentaron a la licitación sabían eso, y sabían en consecuencia que debían importarlos, y que existía el riesgo cambiario, o sea la posibilidad de una suba de costos por una devaluación de la moneda: el país abandonó el régimen de convertibilidad en enero del 2002. No se entiende donde está entonces lo "imprevisible".
A donde apunta nuestra reflexión: imaginemos si el conjunto de las empresas contratistas de obra pública de la provincia toman nota del precedente (resuelto favorablemente nada menos que por el propio gobernador), y reclaman por insumos dolarizados en el actual contexto de acelerada devaluación, alegando "circunstancias imprevisibles".
No es difícil advertir que en ese caso los costos del "reconocimiento" serían mucho mayores, en un contexto de dificultad para las finanzas de todas las provincias. Por otro lado si los índices de la Ley 12.046 no reflejan este tipo de situaciones: ¿de dónde saca el gobernador facultades para resolverlo por sí, sin intervención de la Legislatura?
¿O es que estas obras y estas empresas tienen coronita, o en los demás acueductos que se construyen en Santa Fe no se usan esos caños?
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