Circulan por estos días muchos "análisis" de "expertos del mercado" que dicen poder calcular a cuanto se iría el dólar si Cristina ganara las elecciones este año. Hay menos especulación por escrito -en cambio- sobre que pasaría si en cambio, las ganara Macri.
Y eso que al respecto hay más material concreto para proyectar escenarios futuros, con base en lo que efectivamente pasó cuando el actual oficialismo se impuso en los comicios: basta con recorrer los estropicios realizados en estos tres años, y si se quiere una mirada más corta, lo que sucedió luego de que obtuviera buenos resultados en las legislativas del 2017.
A los pocos días, Macri anunció "el reformismo permanente": la reforma previsional, la laboral y la impositiva. La previsional consistió, en esencia, en podarles parte de sus salarios a los jubilados y pensionados modificando la fórmula de movilidad de los haberes que se había aprobado por la Ley 26.417 en el gobierno de Cristina, y los resultados están a la vista: con una inflación medida por el INDEC del 47,6 % para todo el 2018, el aumento a los jubilados fue del 28 %, o sea que perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo. Tarea cumplida, para equilibrar las cuentas, o por lo menos esa era la idea.
Pero al parecer el ajuste nunca es suficiente, y con toda certeza si Macri ganara, iría por más: leíamos en ésta nota de El Cronista sobre las recomendaciones del FMI a los países (entre ellos, la Argentina) que deben aprobar urgentes reformas, para reducir sus gastos en jubilaciones y pensiones. Y así como en documentos anteriores la emprendieron contra el sistema de actualización (lo que finalmente condujo a la reforma de diciembre del 2017, antes del acuerdo del gobierno con el Fondo), ahora se las toman con la tasa de sustitución.
Lo que está proponiendo el informe (y que seguramente aplicaría un gobierno que recibió del FMI más de 57.000 millones de dólares a cambio de un ajuste brutal para generar el "déficit cero" y poder pagar los servicios de la deuda) es disminuir el porcentaje del salario de un trabajador en actividad que percibe un jubilado, ni más ni menos. Porcentaje que hoy es de alrededor del 52,5 %, porque reconoce un 1,5 % por año de servicio computable a los efectos jubilatorios, con un límite de 35 años.
La propia reforma previsional sancionada en medio de fuertes protestas y con un impresionante operativo represivo ya avanzó sobre el tema: el artículo 5 de la Ley 27.426 modificó el artículo 125 bis de la Ley 24.241, para reconocer a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU, la jubilación mínima) un complemento que les permita llegar al 82 % del salario mínimo, vital y móvil: con solo "pisar" los aumentos del SMVM en el Consejo del Salario (para lo cual el gobierno siempre cuenta con la complicidad del empresariado), le resultaría fácil alcanzar esa meta, nivelando para abajo.
El mismo artículo limita los alcances de ese "beneficio" a los jubilados "que hicieron aportes efectivos": excluye expresamente a los que obtuvieron el beneficio por las diferentes moratorias o planes de inclusión previsional, todos los cuáles cobran la jubilación mínima. Por la sola aplicación de la nueva fórmula de movilidad de los haberes y como dijimos, la mayoría de los jubilados vieron disminuir su "tasa de sustitución" del sueldo en actividad, por el haber de pasividad: aun perdiendo contra la inflación, la mayoría de las paritarias cerró por encima del 28 %, lo que supone que esa tasa bajó, en perjuicio de los jubilados.
Pero el FMI propone ir por más y rebajar el modo de cálculo del haber inicial (tasa de sustitución), para que el Estado ahorre gastos en materia de seguridad social (el principal componente del gasto público en la Argentina), y de esa manera -dicen- pueda disminuir la presión impositiva y "fomentar el ahorro privado" por el excedente de lo que antes se destinaba a pagar más impuestos: tan bello como falso, según lo comprueba nuestra experiencia concreta. El hachazo a los bolsillos de los jubilados podría ser mayor aun que el de la modificación de la fórmula de ajuste de los haberes.
Claro que la idea -dice el documento- no es perjudicar a los jubilados, sino mucho menos, y para eso proponen soluciones, a saber: "Los países con un entorno macroeconómico y legal propicio y sistemas financieros suficientemente desarrollados, podrían considerar esquemas complementarios de pensiones públicas con un esquema financiado de contribución definida. Esto proporcionaría un vehículo para fomentar el ahorro privado.".
Por si no entendió: que los jubilados "complementen" la jubilación que les paga el Estado con aportes adicionales como "ahorro privado". O sea, que vuelvan las AFJP digamos, y para captar los "ahorros" de los jubilados de mayores ingresos, y restárselos a la financiación del sistema público de reparto de la seguridad social.
A tener en cuenta que una cosa (la poda en la tasa de sustitución, o sea, la rebaja real de los haberes iniciales de los jubilados) viene atada a la otra (la "generación de alternativas de ahorro privado"), porque no faltarán incautos que encuentren atractiva la propuesta.
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