La quiebra y liquidación del Banco Integrado Departamental (BID) de Venado Tuerto allá por 1995 fue uno de los escándalos financieros más grandes de la historia reciente: pese a los salvatajes del Banco Central menemista por orden de Cavallo no lo pudieron salvar, y quedó el tendal de ahorristas que perdieron sus depósitos. El principal vaciador fue Javier González Fraga, hoy presidente del Banco Nación.
24 años después, el proceso concursal sigue, y se siguen vendiendo activos que quedaron para poder levantar los muertos que dejó la quiebra, como vemos que pasa con un immueble que estaba situado en Venado Tuerto, y que acaba de comprar el gobierno de la provincia.
Pero lo llamativo del caso es que lo hace "a pedido" del síndico de la quiebra: ¿la provincia no había intervenido hasta entonces, no tenía por ejemplo créditos impositivos a verificar contra el banco, para compensar con ellos lo que tuviera que pagar por un inmueble?
Vemos además que hubo una primera tasación del inmueble en algo más de 12 millones de pesos, pero la venta demoró en concretarse -casi con certeza por responsabilidad del juzgado y la sindicatura-, y la demora le terminó costando a la provincia un 38 % más, llevando el monto de lo pagado por la compra a 17,5 millones de pesos.
Y si bien es cierto que el Estado provincial tiene en Venado Tuerto (según dice el decreto) muchas reparticiones públicas que alquilan, ¿van a ir todas juntas las que se mencionan en el decreto a ocupar el inmueble, que compraron, un centro cívico?
Dicho esto porque el decreto no hace la más mínima mención al destino que la provincia le dará al inmueble; a diferencia por ejemplo de la expropiación en marcha del ex hotel Ritz acá en Santa Fe (otra decisión extraña), que dicen que se destinará a un complejo educativo.
Y lo más extraño de todo, es de donde salieron los fondos para pagar la compra del inmueble: de partidas originariamente previstas en el presupuesto para construir escuelas, en el Ministerio de Educación.
¿Era necesario desvestir a un santo para vestir a otro, no había otro lugar de donde sacar 17,5 millones de pesos en un presupuesto de casi 277.183 millones de pesos?
Vemos que toda la gestión de compra se canalizó a través del Ministerio de Gobierno, que no es el encargado de coordinar lo que tenga que ver con los inmuebles del Estado. ¿La compra estará dirigida a resolver algún problema de oficinas públicas que alquilan, o de algunos ex ahorristas del BID que todavía están sin cobrar?
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