sábado, 1 de junio de 2019

UN ERROR A CORREGIR

No, no estamos diciendo que la recuperación de Aerolíneas Argentinas haya sido un error: el error fue haber permanecido atados a la jurisdicción del CIADI, donde no un gobierno determinado, sino el país, llevan todas las de perder en cualquier reclamo de empresas multinacionales o capitales privados con inversiones en el país.

Y a veces ni eso: el juicio por la indemnización por la expropiación lo comenzó el grupo Marsans (responsables del vaciamiento de la aerolínea de bandera), pero luego lo vendió al fondo de capital Burdford, el mismo que actualmente litiga contra el país en el juzgado que fuera de Griesa, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF en 2012; y casi con toda certeza (porque el gobierno sigue sin dar mayores datos al respecto), uno de los beneficiados por el ruinoso arreglo de Macri con los fondos buitres en 2016. Y la venta del juicio se hizo en España, para evitar de forma fraudulenta la quiebra del grupo Marsans (con la intervención del estudio Fargossi), al igual que pasó con el grupo Eskenazy y sus empresas españolas, cuando le vendieron el mismo fondo el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Como es sabido y se ha dicho acá en múltiples ocasiones (ver los posteos respectivos en la etiqueta“CIADI”), el país admitió la jurisdicción del tribunal arbitral del Banco Mundial en 1994 con la sanción de la Ley 24.353; y desde entonces ha tenido múltiples laudos arbitrales en contra, por más facinerosos que fueran los que litigaban contra él, y por más que en muchos casos se tratara de decisiones soberanas de política económica que cualquier Estado toma (como una expropiación) y que los propios TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) reconocen como prerrogativas suyas.

TBI decimos, que son el complemento necesario de la aceptación de la jurisdicción del CIADI, pero en este caso el laudo ni siquiera termina favoreciendo a los inversores originales (más que inversores, saqueadores); sino a un fondo especulativo que compró el juicio. Así de poco serio es todo en ese antro, del cual el país debería salir de inmediato, para no tener que volver a pasar por este tipo de situaciones.

Por otro lado, es falso que de ese modo se espanten las inversiones, como lo comprueba el caso presente del gobierno de Macri, que ha concedido todo tipo de prerrogativas jurídicas y ventajas al capital extranjero, sin lograr por eso la prometida “lluvia de inversiones”: la Ley 27.328 de contratos de “participación pública privada”, votada con la anuencia del massismo y el “peronismo alternativo”, repite y amplifica las concesiones de los TBI, y el riesgo futuro de sufrir nuevos fallos como éste; en un tribunal con la cancha inclinada en contra de los países periféricos como el nuestro. Brasil, por ejemplo, jamás reconoció la jurisdicción del tribunal del CIADI, y si de indicadores gratos a los mercados hablamos, eso no le impidió obtener en su momento el "investment grade".

Por supuesto que si la Argentina declinara hoy la jurisdicción del CIADI no afectaría a las inversiones ya llegadas al país mientras la admitió, pero transcurridos seis meses de que lo hiciera, ya no regiría esa competencia para el futuro de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 24.353. El gobierno de Cristina amenazó varias veces con concretar la medida, pero no lo hizo: hoy está claro que fue un grave error, y no por éste caso en sí; donde el laudo termina reconociendo un importe que es la mitad del que originalmente reclamaron los vaciadores de Marsans, y la quinta parte del que decían los opositores a la expropiación de Aerolíneas que había que pagarles cuando se tomó la decisión, allá por 2008.

Eso sin contar con que es muy curioso ver indignados con el fallo a los que nombraron al ex abogado del Grupo Marsans como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y que se quejan por tener que pagar 320 millones de dólares de indemnización, cuando en menos de cuatro años endeudaron al país en más de 200.000 millones, 65.000 solo con el FMI (caso en el que no hay reestructuración ni quita posible), y por 2500 millones de pesos (o sea, casi ocho veces el laudo del CIADI) en un bono a 100 años. 

320 millones de dólares que horrorizan a los macristas, son la mitad de lo que se pierde por día de las reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales de los amigos, ni hablemos si los comparamos con los 15.000 millones de dólares que quemó el año pasado "Toto" Caputo en un mes cuando empezó la corrida del dólar, o los 1500 que le dejaron fugar -en un solo día- al JP Morgan: hay que tener moral para indignarse con algunas cosas, eh. Ni hablar que al mismo tiempo y como consecuencia de la política de “cielos abiertos” que estimula el negocio de las low cost, la aerolínea de bandera viene perdiendo un 20 % de participación de mercado desde el 2015.

2 comentarios:

  1. Vale recordar que la porquería amarilla desmanteló el equipo de abogados especializados en defender los intereses argentinos en esos juicios que, aún perdiéndolos (éso está garantizado de entrada) permitieron ahorrar unos cuantos miles de millones de US dólares.... tampoco olvidemos que esta gentuza no sólo pagó todo lo que pedían los buitres sino también los honorarios de sus abogados, los de ellos, claro.

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  2. Como dice el posteo, fue un error no salir del Ciadi antes del 2015.
    Hay que hacerlo apenas se asuma en el próximo gobierno.
    El Colo.

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